El campanazo de la Procuraduría | El Nuevo Siglo
Martes, 22 de Octubre de 2019
  • Máxima vigilancia a remate electoral
  • Estado y ciudadanía con ojos abiertos

 

A cinco días de la cita en las urnas para escoger a los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles que tomarán el mando de los ejecutivos y legislativos departamentales y municipales a partir del próximo 1 de enero, las alertas sobre la transparencia de los comicios siguen prendidas.

Si bien es cierto que tanto la Registraduría como el Consejo Nacional Electoral han extremado sus operativos para disminuir el riesgo de trampas y delitos contra el sufragio, lamentablemente las maniobras para concretarlos son el pan de cada día proselitista. Estos vicios tienen evidentes vasos comunicantes con el complejo escenario de violencia contra candidatos y sedes de sus campañas, la ‘guerra sucia’ política que se ha tomado las redes sociales y la multiplicidad de denuncias sobre los intentos de carteles de corrupción y ‘contratistas’ así como de grupos de narcotráfico, minería ilegal y de otras organizaciones de delincuencia común y organizada que están tratando de cooptar, a punta de financiación ilícita y presión al elector, el poder local en muchos sitios del país. Los mapas de riesgo electoral emitidos tanto por las autoridades, la Misión de Observación Electoral y la Defensoría del Pueblo preocupan por la cantidad de municipios en donde el proceso democrático no está fluyendo de manera transparente y pacífica.  

Uno de los informes que más prende las alarmas respecto a la marcha de la contienda proselitista es el emitido por la Procuraduría General, en el marco de su campaña “#YoVotoLimpio”, que tiene como objetivo no solo ofrecer garantías a los candidatos y partidos sino crear conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de sufragar de forma transparente.

El inventario de anomalías es preocupante: hay 885 quejas electorales, la mitad de ellas por participación en política por parte de funcionarios públicos. Le siguen las denuncias sobre trasteo de votos, constreñimiento al elector, infracciones en publicidad política, actos de corrupción y presuntas inhabilidades. En cuanto a investigaciones electorales, el Ministerio Público abrió ya cuarenta actuaciones preventivas, diecinueve indagaciones preliminares y seis pesquisas preliminares. Incluso se ordenó la suspensión de once funcionarios, entre ellos varios alcaldes. Como si lo anterior fuera poco, la Procuraduría adelanta 1.175 procesos disciplinarios a candidatos, de ellos 471 a administraciones municipales y 32 a gobernaciones. En varias de estas causas ya se está próximo a fallos de primera o segunda instancia.

Precisamente con base en el análisis de todas esas variables es que el ente de control considera que hay 315 municipios en alto riesgo electoral, sobre todo por trashumancia electoral. Este flagelo se investiga en 274 poblaciones, en tanto hay un potencial de casi 800 mil personas en riesgo de ser procesadas por este delito. Para tratar de conjurar ese peligro la propia Procuraduría envío mensajes de texto a los celulares de más de 700 mil ciudadanos advirtiéndoles de esta anomalía. Igual se tiene la lupa puesta sobre las alertas en cuanto a financiación irregular o ausencia de reporte de gastos causados en la campaña.

A todo lo anterior se suma que dentro de la estrategia “Estás pillao” se realizaron 92 operativos de desmonte de publicidad política indebida, que implicaron 785 vallas, pendones y pasacalles. La estrategia de la Procuraduría también incluyó campañas y promoción de pactos con candidatos para evitar discursos xenófobos, protección a líderes sociales y pedagogía ciudadana sobre los delitos electorales.

¿Qué tan transparentes serán las elecciones? Esa es una pregunta muy difícil de responder a estas alturas de una campaña que ha estado cruzada por distintos flagelos, desde el de la violencia y la politiquería hasta una amplia gama de vicios electorales que, lamentablemente, no ha sido posible erradicar, pese a que la gran mayoría ya están tipificados como delitos o dan lugar a revocatorias de avales e impedimentos para posesionarse y ejercer. Sin embargo, debe destacarse la forma en que la organización electoral, el Gobierno y los entes de control y vigilancia han desplegado los más completos dispositivos y mecanismos para tratar de garantizar la mayor limpieza posible en la contienda y el día de las urnas. Igual hay muchos procesos penales, disciplinarios, administrativos y hasta fiscales en curso, muchos de los cuales deberán dar lugar a decisiones antes de que termine este año y se proceda a la posesión de los electos.

Por lo pronto, hay que confiar en que todo el operativo funcione y que las alertas den lugar a más acciones preventivas y correctivas. Se ha hecho mucho por la limpieza de todo el proceso y hay avances innegables en la materia. Pero la trampa y la maniobra delictiva están a la orden del día, por lo que todo el Estado, los partidos y la ciudadanía tienen que estar con los ojos abiertos para denunciar las anomalías y evitar que estas se concreten y terminen atentando contra la voluntad del constituyente primario.