Los antecesores del actual presidente de la República, o sea, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, podrían experimentar dificultades con la justicia colombiana; el primero, Uribe Vélez, rindió indagatoria, respecto a supuesta manipulación de testigos, ante la Corte Suprema de Justicia y es un primer paso. Santos podría ser incriminado por vinculación de su última campaña presidencial con la multinacional brasileña Odebrecht.

Es conveniente señalar los criterios personales en relación con los incidentes señalados: ningún ciudadano colombiano, sea cual sea su categoría, está exento de atender los requerimientos judiciales pero debe obtener garantías, existir bases sólidas en las acusaciones, partir de la presunción de inocencia, seguirse con rigor los trámites judiciales, acoger las respectivas sentencias, respetar los organismos pertinentes, lo cual incluye la Corte Suprema de Justicia.

Lo relativo a Santos estaría, según parece, en etapa de gestación pero ha tenido lugar un paso inicial favorable: el representante Ricardo Alfonso Ferro Lozano, vinculado al Centro Democrático (¿Derecha Democrática?) no integraría el trío encargado de la investigación preliminar en la Cámara de Representantes: su fallo adverso era conocido a priori.

 En lo personal, lo más desagradable reside en las acusaciones carentes de pruebas debido al temperamento chismoso y anticientífico de los colombianos; se entiende que Uribe ha sido obligado a realizar rectificaciones. La fuga de la exsenadora Aída Merlano ha reanudado la discusión sobre la necesaria solución del problema representado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec; hace rato se conocen sus dificultades atribuidas a la corrupción y conviene agregar la existencia de alrededor de ochenta sindicatos, lo cual tiende a volver compleja cualquier reestructuración pero es necesario actuar.

Las huelgas estudiantiles, especialmente de las universidades públicas, a las que se han agregado las privadas, tienden a adquirir carácter “institucional”, es decir, a ocurrir y reiterarse cada año; es necesario ponerles atención y solucionarlas porque son graves, alteran el orden público, causan daños, destrucción y tienden a tener justificación aparente con base histórica. ¿Cuáles son las críticas de los estudiantes al Icetex? ¿Cuáles las reformas requeridas? En principio, no las creo justificadas: ha sido una entidad útil.

El fenómeno de los “encapuchados” merece identificación individual, aunque sea gradual, y el correspondiente y severo castigo. Lograda la paz parcial, incompleta e imperfecta por el expresidente de la república, Juan Manuel Santos, la corrupción volvió a ocupar el primer lugar como principal problema nacional y se observa coordinación de los organismos centrales de control, es decir, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía Nacionales y está muy bien; lo conducente, aparte de intensificar lo anterior, es realizar acción similar a nivel territorial, o sea, departamentos y municipios.