Reforma a educación superior

  • Presupuesto no puede estar atado al IPC anual 
  • Más allá del desmonte del “Ser Pilo Paga”

El próximo miércoles se tiene programado que miles de estudiantes, docentes y directivos de las 32 universidades públicas en Colombia salgan a las calles a protestar por la crisis que agobia a las instituciones oficiales de educación superior. Lo primero que hay que advertir es que no se trata de una circunstancia nueva. Por el contrario, es una problemática estructural que lleva décadas pero que ahora habría llegado a un punto crítico. Una problemática que, salvo contadas excepciones, abarca un grave y progresivo desfinanciamiento, baja cobertura, aumento de deserción estudiantil, infraestructura física deficiente, indicadores regulares en calidad de la instrucción, débiles mecanismos de cualificación del recurso humano docente y equipos tecnológicos, pocos avances en posgrados y doctorados, y una dinámica muy pobre en materia de ciencia, investigación e innovación. 

Los rectores, reunidos en el Sistema Universitario Estatal (SUE), advierten que hay un déficit histórico acumulado en funcionamiento de 3.2 billones de pesos y de 15 billones de inversión. Incluso en las últimas semanas urgieron al Congreso y el Gobierno un salvavidas financiero en el marco del proyecto de Presupuesto General para 2019, que está en discusión en las plenarias de Senado y Cámara. Alertan los voceros de claustros públicos de educación superior que en dicha iniciativa no se contemplan incrementos reales para su funcionamiento y necesidades de inversión. Esto porque solo se viabiliza un ajuste de recursos atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), en tanto que la partida por 2 billones de pesos previstos para el Ministerio de Educación no tiene una destinación adicional para las universidades públicas. Por el contrario, según el SUE, ese monto se distribuirá para los costos operacionales del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, créditos del Icetex, estampilla UN, fomento a la educación superior y financiación del programa “Ser Pilo Paga”. Sobre este último -que el gobierno Duque ya anunció que será recortado- las cuentas de los rectores son contundentes: los 40 mil beneficiados significan un aumento muy reducido de cobertura, apenas 1,97 por ciento, pero a un costo de 3,5 billones. Frente a ello, las universidades públicas dicen que en 2017 tenían a más de 611 mil estudiantes con un aporte de la Nación de 2,93 billones de pesos.

También se quejan los rectores de las universidades públicas que no aparecen los recursos que, se supone, deberían ir a ellas con base en la reforma tributaria de 2016, en especial una parte del impuesto complementario a la renta, excedentes de cooperativas e IVA social.

Frente a todo lo anterior, el Gobierno ya empezó a tomar medidas e incluso el próximo 20 de octubre dará a conocer la nueva política para el fortalecimiento de la educación superior. Dentro de la misma, además de reformar el “Ser Pilo Paga”, que prácticamente se desmonta (salvo el apoyo a los 40 mil beneficiados para que terminen sus carreras), se destinarán recursos adicionales para fortalecer los presupuestos de las instituciones técnicas, tecnológicas universitarias de carácter público, de forma que promuevan el acceso a programas de calidad. Todo ello en el marco del cierre de brechas regionales, y en especial aquellas urbano-rurales. En esa dirección habría gratuidad progresiva en instituciones de educación superior pública para que los jóvenes más vulnerables accedan sin costo, recibiendo, además, un apoyo de sostenimiento y acompañamiento permanente. Igualmente se estructurará un programa que reconozca el desempeño de los estudiantes más pilos para que accedan a las mejores instituciones y programas. También están en marcha los llamados talleres “Calidad Es de todos” para escuchar y conocer propuestas de las instituciones en torno a la transformación del sistema de aseguramiento de la calidad en asuntos como bienestar, profesores, estudiantes y egresados, programas, planeación y mejoramiento de la calidad, gestión administrativa, investigación, gobierno institucional, infraestructura y recursos financieros.

Sin embargo, se requieren medidas de mayor calado, como una reforma integral a la Ley 30 de 1992 –General de Educación-, desatando el presupuesto de la universidad pública del IPC y condicionándolo a necesidades reales de recurso docente, ampliación de cobertura, inversión en infraestructura, fortalecimiento de la investigación, más programas de especialización y doctorado, alianzas internacionales, mejoramiento de calidad así como innovación tecnológica.

Llegó la hora de una solución integral a la educación superior. Gobierno, Congreso, rectores y academia tienen la palabra. No se puede repetir lo que pasó en 2011, cuando la administración Santos, presionada por un paro estudiantil, retiró una reforma integral que discutía el Parlamento y nunca más le volvió a radicar pese a promesas en contrario.