Varios de los textos radicados buscan frenar la violencia y aprovechamiento de los menores con fines de explotación sexual

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1. Reglamentan porte de armas

En la Comisión Primera del Senado está pendiente para estudio un proyecto de ley del parlamentario Eduardo Pulgar, que modifica los Artículos 365 y 366 del Código Penal para reglamentar el porte de armas blancas y dicta otras disposiciones.

La iniciativa incrementa la pena de prisión de 12 a 16 años a quien sin permiso de las autoridades importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones.

En caso de reincidencia la pena será de 16 a 20 años de prisión.

En cuanto a las armas blancas la iniciativa establece una pena desde los cuatro años de cárcel a quien sin permiso de autoridad importe, trafique, fabrique, transporte, distribuya, venda, suministre y/o porte estos elementos, salvo que las mismas sean usadas en actividades domésticas, laborales o educativas.

2. Contra explotación sexual de menores

En la Comisión Primera del Senado está pendiente para primer debate una iniciativa de Nadia Blel (Partido Conservador), entre otros senadores, mediante el cual se dictan medidas para contrarrestar la explotación sexual de niños y adolescentes.

Con tal propósito la iniciativa incrementa las penas y amplía el ámbito de configuración para las conductas que tipifiquen delitos de explotación sexual comercial de esta población vulnerable.

Por el delito de proxenetismo con menor de 18 años de edad la pena pasa de 26 a 45 años de prisión.

También propone incrementar las penas por estímulo a la prostitución de menores. El que destine, arriende, mantenga, administre o financie inmuebles o establecimiento para la práctica de actos sexuales en que participen menores de edad, incurrirá en prisión de 26 a 45 años.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima y cuando corresponda a inmuebles o establecimientos vinculados a actividades turísticas.

También establece la medida incremento de la pena por demanda de explotación sexual, la cual estaría entre 26 y45 años.

3. Violencia contra uniformados

En la Comisión Primera del Senado está pendiente un proyecto del Centro Democrático que tiene por objeto tipificar el homicidio, el secuestro y la violencia contra integrantes de la Fuerza Pública, como delitos autónomos, para garantizar penas más elevadas y acordes con la gravedad de dichas conductas.

El proyecto establece que el que mate a algún integrante de la Fuerza Pública incurrirá en prisión de 420 a 600 meses.

Añade que quien secuestre a integrante de la Fuerza Pública incurrirá en prisión de 448 a 600 meses; en tanto que el que ejerza violencia contra uniformados por razón de sus funciones, incurrirá en prisión de 60 a 120 meses.

4. Tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de coca

En la Comisión Primera del Senado está pendiente de análisis un proyecto de ley del partido Farc, el cual se desprende del acuerdo de paz, para no penalizar a los campesinos pequeños cultivadores de coca o marihuana.

En esa dirección se crean herramientas que ofrecen alternativas dirigidas a reducir la judicialización, limitar el uso del encarcelamiento como retribución penal y disminuir el tiempo efectivo de privación de libertad de los procesados o condenados por este delito.
Se privilegiará el tratamiento penal diferenciado para mujeres en primer lugar del eslabón de la cadena de producción, en situación de pobreza y con cargas familiares.

5. Arresto para algunas contravenciones

En la Comisión Primera de la Cámara hay un proyecto del representante del partido Centro Democrático, Edward Rodríguez, que estable sanciones efectivas para algunas contravenciones de tipo pecuniario y de trabajo social, pero que si no son cumplidas por el infractor se contempla el arresto en establecimiento carcelario.

Algunas de las contravenciones a las que alude son las lesiones personales, omisión de socorro, hurto simple e injuria y calumnia.

6. Proyecto anticorrupción

En la Cámara hace tránsito el proyecto de ley contra la corrupción que radicó el Gobierno tras consensuarlo en una mesa técnica con los diferentes partidos.

La iniciativa establece que el personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, funcionarios y empleados de la Justicia Penal, Cuerpo de Policía Judicial y del Ministerio Público, servidores públicos de elección popular, funcionarios que gocen de fuero legal o constitucional, así como los ex servidores públicos detenidos preventivamente o condenados por cometer delitos que afecten el patrimonio del Estado, delitos dolosos contra la administración pública y los que atentan contra la eficaz y recta impartición de justicia, deberán ser detenidos o recluidos en establecimientos penitenciarios y carcelarios, sin ningún privilegio especial.

La iniciativa prohíbe la libertad condicional en casos de los delitos contra la administración pública, la cual solo podrá ser concedida por el juez cuando haya cumplido las tres quintas  partes de la pena o que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.

7. Sanciones a menores infractores

En la Comisión Primera del Senado hay un proyecto de ley por medio del cual se modifica el Código de Infancia y Adolescencia, que entre otras hace una homogeneización de las medidas aplicables para los menores infractores dentro del rango etario de 14-18 años.

Además establece apertura de antecedentes legales para los menores entre los 14-18 años de edad que cometan delitos; inclusión del carácter resocializador en las medidas privativas de la libertad; fortalecimiento de la infraestructura de los centros especializados de privación de la libertad y centros de internamiento preventivo.

Con ocasión al criterio de separación de adultos establecido en las disposiciones internacionales se promueve la creación de espacios carcelarios especializados para aquellos que cumpliendo la mayoría de edad deban continuar con la pena impuesta en el Sistema de Responsabilidad para adolescentes.