Hay expectativa de si ‘Márquez’ y ‘el Paisa’, entre otros de quienes no se sabe nada, se reportarán

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Este martes vence el plazo que dio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a 31 excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc para que entreguen un informe cada uno de ellos acerca del cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia en esta instancia. Es una oportunidad para saber a ciencia cierta si desmovilizados clave como ‘Iván Márquez’; Henry Castellanos, también conocido como ‘Romaña’; y Hernán Darío Velásquez, ‘el Paisa’, continúan o no dentro del acuerdo firmado en La Habana, pues desde hace varios meses se desconoce su paradero.

La fecha establecida por la JEP es perentoria, pues el pasado 8 de octubre su Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas dejó en firme la solicitud de informes a 31 exjefes de las antiguas Farc, después de que 27 de ellos  recurrieran el respectivo auto, 15 con recurso en subsidio de apelación, argumentando violación al debido proceso, entre otras razones.

La información solicitada responde al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la condicionalidad de los beneficios recibidos por los comparecientes en el Caso No. 001 (a partir del Informe 002 de la Fiscalía General de la Nación denominado "Retención ilegal de personas por las Farc-EP").

En el auto que niega el recurso, la Sala de Reconocimiento explica que la JEP puede verificar el cumplimiento del régimen de condicionalidad de manera gradual, periódica y progresiva, en cualquier momento, conforme avanzan los casos y se ponen en marcha los demás componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición.

La JEP dio 10 días de plazo, que se cumplen mañana, a 31 ex comandantes de las Farc para que cada uno radique en sus oficinas un informe acerca del cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia en esta instancia.

El informe deberá referirse especialmente a las acciones concretas que cada uno ha llevado a cabo, de forma individual y/o colectiva, en relación con el compromiso de contribuir activamente a la reincorporación a la vida civil de forma integral, así como sus aportes a la verdad.

Igualmente, el informe deberá incluir una descripción de las actividades que ya se han adelantado en expresión de este compromiso, referidas a la búsqueda humanitaria de personas dadas por desaparecidas, tema de especial interés para la Sala de Reconocimiento.

Los desmovilizados de las Farc que están obligados a presentarse ante la JEP para responder por los delitos graves cometidos en el conflicto ya firmaron el acta de sometimiento a esta instancia, en tanto que en julio pasado se presentaron los 31 ex integrantes del Secretariado y el Estado Mayor Central para iniciar con el delito de secuestro la etapa de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos en que se vieron involucrados.

No obstante, en esa oportunidad solamente estuvieron presentes Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo y Carlos Lozada, los demás lo hicieron a través de sus abogados.

Incertidumbre

Hay preocupación en el Gobierno, en la Misión de Verificación en Colombia de las Naciones Unidas y en las comisiones de Paz del Congreso, entre otros, porque desde hace meses no se sabe nada de varios ex comandantes de las Farc. Entonces surgen las conjeturas sobre su paradero y acerca de si se mantienen o no en el acuerdo o, incluso, de no ser así, si recalaron en las disidencias.

‘Iván Márquez’ y ‘el Paisa’ salieron desde abril pasado de la zona de capacitación en Miravalle, Caquetá, alegando falta de garantías por supuestos operativos del Ejército y la captura de ‘Jesús Santrich’, quien afronta un proceso de extradición porque la justicia de Estados Unidos lo acusa de participar en narcotráfico después de la firma del acuerdo.

De ‘Romaña’ también se desconoce su paradero; en tanto que hace unas semanas la Misión de Verificación en Colombia de las Naciones Unidas alertó que seis ex comandantes abandonaron zonas de capacitación dejando de lado su responsabilidad con más de 1.500 de sus hombres allí ubicados.

A pesar de esta situación la JEP ha señalado que estas personas no han violado lo acordado porque el pacto de La Habana contempla que los ex combatientes bajo su jurisdicción tienen libertad de movimiento, aunque deben comparecer cuando los llame.

No obstante, de llegarse a presentar que uno o varios desmovilizados no entreguen a más tardar mañana el citado informe solicitado, se estaría presentando un primer incumplimiento que podría poner en vilo su permanencia y los beneficios que obtendrían en esta jurisdicción especial.