JEP, ¿‘lavadero’ penal?

Sendas advertencias de Procurador y Fiscal

Evitar interpretaciones laxas o circunstanciales

“Uno no puede pensar que un feminicidio puede ser la justificación para llegar a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y en eso vamos a ser sumamente estrictos. En el caso de la violencia contra los niños también hemos tratado de poner un filtro grandísimo”. Esa era la advertencia, el martes pasado, del procurador general Fernando Carrillo al solicitar al organismo de justicia transicional cerrar la puerta a quienes pretenden “colarse” para recibir los beneficios penales y penitenciarios pactados en el marco del acuerdo de paz con las Farc. Incluso, en reacción a la decisión de un juez de Cartagena de enviar a la JEP el expediente de la condenada empresaria del chance, Enilce López, alias ‘La gata’, para establecer si puede ser juzgada bajo esa jurisdicción excepcional, el jefe del Ministerio Público hizo un llamado para que la justicia sea más estricta a la hora de establecer qué delitos tienen relación directa de causalidad con el conflicto armado.

Ayer el turno de advertir sobre los “colados” en la justicia transicional le correspondió al fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien reveló que el  pasado 24 de septiembre un magistrado de la JEP asumió la competencia para investigar a una célula urbana de la guerrilla del Eln denominada “Grupo Llamarada”, cuyos 11 integrantes estaban siendo investigados por delitos graves como fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, rebelión y terrorismo. El proceso, advirtió el jefe del ente acusador, se paralizó por cuenta de la decisión de esa instancia de la jurisdicción especial. La Presidenta de la JEP indicó de inmediato que esos nombres hacían parte del listado de desmovilizados de las Farc entregado por el Gobierno, pero el Alto Comisionado de Paz se apresuró a pedir a la Fiscalía y la justicia transicional una revisión urgente del caso y si llega a detectarse que algunos de ellos no pertenecieron a la exguerrilla, tendrían que pasar de inmediato a ser juzgados por la justicia ordinaria.

Lo cierto es que no es la primera vez que se pone sobre el tapete la posibilidad de que algunos avivatos estén tratándose de colar en la justicia transicional y acceder por esa vía a amplios beneficios penales y penitenciarios, que van desde la excarcelación inmediata hasta la posibilidad de no pagar un solo día de cárcel. No hay que olvidar, por ejemplo, que en el proceso de desactivación paramilitar en el gobierno Uribe se comprobó la venta de ‘franquicias’ a capos del narcotráfico que se quisieron camuflar como líderes de las autodefensas. Ya en cuanto al proceso con las Farc, se recuerda que a mediados del año pasado las autoridades estadounidenses alertaron sobre el riesgo de que algunos narcotraficantes estuvieran tratándose hacer pasar como pertenecientes a ese grupo subversivo para esquivar la extradición y quedar impunes.

Pero no solo son los narcotraficantes los que quieren colarse en la JEP. Varios dirigentes condenados por parapolítica han intentado someterse a esta jurisdicción e incluso ya en dos casos se aceptó revisar esa posibilidad. Igual ha pasado con algunos procesados y condenados por delitos de corrupción, homicidios comunes, pleitos pasionales, agresiones sexuales y otras conductas ilegales que, de un momento a otro, sus autores alegan que tienen relación directa o indirecta con el conflicto armado. Hasta ex paramilitares procesados bajo la Ley de Justicia y Paz ahora buscan pista de aterrizaje en la JEP conscientes de que esta jurisdicción es más beneficiosa para su situación penal.

El Estado no puede permitir que la justicia transicional ahora se convierta en una ventana de impunidad para cuanto delincuente común, sea o no de ‘cuello blanco’, trate de colarse en la misma buscando impunidad total o condenas leves. No es la justicia transicional un ‘lavadero penal’ y es absolutamente claro que hay una serie de filtros que tienen que aplicarse de forma drástica y objetiva, sin interpretaciones laxas ni sospechosamente circunstanciales. La causalidad entre cada delito y el conflicto armado debe estar total y absolutamente probada por medios fácticos más allá de la mera disposición de un delincuente a someterse a la jurisdicción especial. El país, como se dijo, tiene a la vista lo que pasó con los “colados” en Justicia y Paz y cómo gran parte de ellos terminaron extraditados o expulsados de ese marco penal flexible. No se puede permitir que guerrilleros del Eln -que no han demostrado ninguna voluntad de paz-, narcos, corruptos, criminales comunes o cabecillas de las Bacrim traten de infiltrarse en la justicia transicional acudiendo a elaborados subterfugios jurídicos.

Los magistrados de la JEP tienen la palabra.