Desde ya se dio inicio a la contienda electoral de 2019, dijo Alfonso Portela, quien fuera el director de asuntos electorales de la Registraduría.
Sobre el particular le manifestó a EL NUEVO SIGLO que “con la inscripción de cédulas para la elección de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, ediles y miembros de juntas administradoras locales que se realizarán el 27 de octubre del próximo año comienzan las actividades electorales”.
Anotó el experto, que “este proceso de inscripción inicia este 27 de octubre y se extenderá hasta el 27 de agosto de 2019. Vale la pena señalar que se estrena la Ley 1864 de 2017 en el ámbito de las elecciones locales, que endureció las penas para el trasteo de electores fijando sanción hasta con nueve años de prisión para quienes incurran en este delito”.
Portela explicó, que “el Artículo 316 de la Constitución política establece que ‘en las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio’. Este artículo que no ha sido modificado desde su promulgación pareciera reconocer que en el censo electoral de un municipio pueden estar personas residentes y no residentes, al prohibir la participación en las votaciones para la elección de autoridades locales de ciudadanos no residentes de cada municipio, así estén habilitados en el censo electoral y no para la participación en las elecciones nacionales”.
“El Consejo Nacional Electoral siempre se ha ocupado de la inscripción de cédulas para cada evento electoral de orden local y muy pocas veces de la trashumancia histórica. Es decir, que en el censo electoral de cada municipio siempre estarán habilitados para votar residentes y no residentes”, dijo el experto en temas electorales.
Señaló además, que “las normas que gobiernan el tema solo se están ocupando del 50% del problema. Aún siguen votando en las elecciones locales personas que no residen en el municipio porque aparecen habilitados en el censo electoral, ya sea simplemente porque no modifican su lugar de votación, así hayan cambiado su lugar de residencia. Con ellos no pasa nada, recibieron su cédula de ciudadanía en ese lugar o alguna vez se inscribieron y su inscripción no fue revocada. ¿Cuántos pueden ser? Creería que pueden ser cientos de miles”.
“La otra parte del problema la forman los trashumantes que tienen diferentes motivaciones para inscribirse en un lugar distinto a su residencia. Algunos se inscriben motivados por amistad con algunos candidatos, otros por tradición, es decir, que a pesar de residir en un lugar diferente se inscriben para participar en las votaciones porque allí nacieron o tienen algún tipo de vínculo afectivo con el municipio. Y además encontramos los trashumantes que son motivados por un ofrecimiento laboral, por dinero o por un tipo de prebenda. Estos últimos son los más visibles y por los que las autoridades fijan su mirada”, indicó.
Para Portela, “estos trashumantes se reconocen porque durante el período de inscripción de cédulas deambulan por las cabeceras municipales o los corregimientos, los hospedan en los hoteles de la región o en casas dispuestas para ese propósito, los atienden en los centros de recreación, generalmente viajan en buses de turismo, en fin son fáciles de identificar”.
Pero advirtió, que “también existen los trashumantes no visibles y son aquellos que no van a las cabeceras municipales o corregimientos, ni mucho menos a los hoteles o centros de recreación y no viajan en los buses de turismo. Igual o peor de nocivos, son los que se inscriben irregularmente cuando el formulario viaja hasta ellos o sus números de cédulas se insertan de manera irregular en dichos formularios con la complicidad de los encargados de hacer la inscripción, volumen importante de inscripciones que se han venido disminuyendo a partir de la automatización del proceso de inscripción”.
Anotó Portela, que el gran reto para las autoridades es controlar el fenómeno de la trashumancia y por ello dijo que es importante para el Consejo Nacional Electoral que las investigaciones comiencen el mismo día que arrancan las inscripciones de cédulas, “que revisen el censo electoral de los municipios, ya que existen lugares donde hay más electores que población, que no descuiden las zonas rurales que se utilizan como escondites para los trashumantes, que la trashumancia histórica esté en la agenda para las investigaciones, que se acuda con tiempo a las herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo de investigación y no quedarse en el viejo modelo de ir puerta a puerta, trabajar en coordinación con los organismos de control, judiciales y policiales”.
“La Fiscalía General de la Nación ya fijó los parámetros por donde van a circular las investigaciones por trasteo de electores conforme al nuevo Artículo 389 del Código Penal y que se refiere al fraude en inscripción de cédulas, al igual que de todos los delitos electorales contemplados en la Ley 1864 de 2017, que castiga tanto al promotor del trasteo de electores, como al inscrito individual que a sabiendas de no residir en un determinado municipio inscribe su cédula de ciudadanía transgrediendo la prohibición, lo anterior se desprende de un instructivo que se encuentra en las redes sociales”, sostuvo.