En un acto solemne, celebrado en la casa natal del general Santander, se dieron cita las cabezas del poder público para conmemorar el bicentenario de la promulgación de nuestra primera Constitución de carácter nacional. El evento en Villa del Rosario fue una ceremonia llena de alegorías de la banda del Batallón Guardia Presidencial -y canciones- que hicieron sentir los 200 años de la Constitución Política de 1821. Y allí, donde se quiso comenzar en firme nuestra vida nacional y republicana, el presidente Duque afirmó que se trató de “una Constitución que une naciones, que invita a un gran sueño, que invita a la integración permanente”.
¿Integración permanente? Se olvidó ostensiblemente desde los primeros años de este siglo cuando los presidentes Uribe y Chávez inauguraron una relación binacional hiper ideologizada y, por ende, tensa y ramplona, que arrojó “mucho ruido y pocas nueces”. Estas relaciones tuvieron un lapso de distensión y retorno a la diplomacia durante el gobierno Santos debido a su “corrección política” y al proceso de paz con las extintas Farc. Pero esto fue insuficiente por cuanto la diplomacia volvió a dejarse de lado con las actitudes de Duque y Maduro, herederos de los primeros.
El descrito es el marco político de la predominante conflictividad fomentada entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, un espinoso escenario que tiene como contrapartida la geografía humana de estrechos intercambios y lazos de convivencia ciudadana a escalas locales y regionales, geográfica e históricamente construida en interacciones transfronterizas de mayor o menor intensidad entre ciudades y ruralidades emplazadas a lo largo de los 2.119 kilómetros de límites que demarcan los territorios de las dos naciones, donde el departamento de Norte de Santander es el principal receptor de la conflictividad bilateral.
Es esta conflictividad la que se ha mantenido en el trasfondo de la situación de desorden público e inseguridad multidimensional del departamento de Norte de Santander. Ataques a la población civil- el asesinato de un menor de edad y de un joven es el último episodio-, a la Fuerza Pública e incluso al presidente Duque evidencian el recrudecimiento de la violencia en la región que, ¡oh paradoja! nos vio nacer a la vida republicana, y dos siglos después no ha sido objeto de la soberanía estatal plena, la misma que tiene como característica esencial la capacidad de hacer vigente la ley y el orden.
Por ejemplo, “en el Catatumbo hay una ausencia de reglas de juego y vacío institucional que las comunidades anhelan, un orden social que es brindado, en gran parte, por la gente del frente 33 que se ha convertido en una oferta de seguridad y justicia en Tibú”, sostiene Jorge Mantilla, investigador del Laboratorio de Frontera.
Por todo lo anterior es del más alto interés nacional abrir el flujo de comunicaciones interinstitucionales con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela al mismo tiempo en que se implementa una estrategia que abarque líneas de acción no solo de seguridad ciudadana y nacional, sino también de reactivación socioeconómica con incentivos comunitarios binacionales.