Exmilitares piden asegurar cupos en curules de paz

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Después de que el presidente Iván Duque firmara el decreto que establecía los parámetros para la elección de las 16 nuevas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para las víctimas del conflicto armado, miembros retirados de las Fuerzas Militares y Policía Nacional solicitaron que les sean designados cuatro de los puestos que estarán en el Congreso.

Vale aclarar que el Estado menciona que tienen que cumplir ciertos requisitos para acceder a estos escaños legislativos como, por ejemplo, estar registrados en el Registro Único de Víctimas y otros aspectos, entre ellos el lugar de nacimiento o residencia contemplados en esta normativa, por un periodo mínimo de tres años consecutivos.

El coronel (r) John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), habló con EL NUEVO SIGLO y mencionó la necesidad de que los agremiados participen en el ejercicio, con el fin de defender sus derechos.

Acore acoge con gran entusiasmo la propuesta del señor presidente Iván Duque que ha sido repetidamente una demanda de todos los oficiales, suboficiales y soldados en retiro de la reserva activa de Acore mismo. Dentro de los Acorados sí hay muchas víctimas, y es necesario que los militares retirados tengan una representación que les permita defender sus derechos”.


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Frente a las expectativas que se tienen al respecto, Marulanda afirmó que “adelantaremos toda la gestión de campaña que sea necesaria con las diferentes fuerzas políticas del país para que eso se concrete. Creemos que es de justicia elemental que las víctimas militares, que son más de 300 mil tengan una representación en esas curules para las víctimas”.

Asimismo, el coronel en retiro destacó que, durante el transcurso de la campaña por las circunscripciones de paz, “vamos a ver cómo sacamos adelante eso, pero somos optimistas al respecto”.

Cabe destacar que, en la actualidad, hay registro de 388 mil exintegrantes de la Fuerza Pública que podrían participar en estas elecciones, siempre y cuando la Unidad de Víctimas confirme su postulación.

Otros posibles candidatos

Aunque las elecciones se realizarán en el mes de marzo del próximo año, ya se comienzan a barajar los posibles aspirantes a estar en la Cámara de Representantes para los dos próximos periodos legislativos. Uno de ellos es el general (r) Luis Mendieta, secuestrado por la extinta guerrilla de las Farc en la toma de la Estación de Policía de Mitú en 1998 y liberado en 2010, quien ha mencionado su intención de acceder a estas curules, pero señaló que la normativa podría inhabilitar a varios exmilitares.

“El problema es que en esos municipios que están contemplados es muy difícil que haya un integrante de la fuerza pública que haya sido víctima, que haya nacido y que haya vivido los tres últimos años en ese sitio, eso casi que es imposible”, afirmó.

Añadió que la mayoría de los integrantes retirados de la Fuerza Pública se radicaron en las ciudades o municipios que no están contemplados en el decreto presidencial, por lo que considera como “una total injusticia” frente al trato que se les ha manejado.

Mientras tanto, el vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Luis Alfonso Castillo, advirtió que el proceso debe estar acompañado de las autoridades competentes para evitar que se filtren funcionarios o terceros que no cumplan con los requisitos mencionados.

De otro lado, también se conoció que la vocera de mujeres y esposas de uniformados afectados por el conflicto, Mary Luz Gaitán, pidió al Gobierno que se le faciliten dos escaños en la Cámara de Representantes, argumentado que desde su posición también tendrían voz y voto para participar en las discusiones frente a los aspectos de la paz.

En el documento, se estableció que los miembros de los grupos armados ilegales que hayan suscrito acuerdos con el Gobierno o se hayan desmovilizado entre 1996 y 2016, no serán tenidos en cuenta para aspirar a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. También, se restringe a quienes cuentan con aval de partidos o movimientos políticos, o los candidatos que pretendan usar este mecanismo como campaña política.