La política de Paz con Legalidad y los avances en reincorporación y seguridad fueron los temas centrales de la intervención de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, ayer en sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Colombia, que se cumplió en Nueva York.
La diplomática colombiana declaró que “nuestro Gobierno aprecia la contribución de la Misión de Verificación en los esfuerzos de consolidación de la paz. Por eso, en nombre del presidente Iván Duque, presentamos la solicitud de extender el mandato por un año adicional, a partir del próximo 31 de octubre”.
Destacó además la incorporación de su gobierno en diferentes eventos de paz y género. “Agradezco el acompañamiento para avanzar hacia la paz con legalidad. Su informe reconoce el trabajo del Gobierno con las comunidades en busca de alternativas a las economías ilícitas, así como la incorporación del enfoque de género”, dijo Ramírez.
De igual manera, informó sobre las inversiones de Colombia en el Proceso de Paz; “este proceso de reincorporación es histórico y va mucho más allá de lo previsto en el Acuerdo de Paz. Desde agosto de 2019, se han desembolsado $57,8 millones de dólares adicionales a lo pactado”, agregó.
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Finalmente, la vicepresidenta hizo un llamado a todos los gobiernos para trabajar en equipo en temas sobre la lucha contra el narcotráfico y la apertura para 16 curules de paz: “Reiteramos el llamado a la corresponsabilidad contra el narcotráfico, porque Colombia lucha todos los días, con el esfuerzo y el trabajo de 50 millones de habitantes, para lograr la paz. ¡Nuestro país entero es la principal víctima de este negocio infame!”.
“Es importante resaltar el anuncio, por parte del presidente Duque, de la firma del decreto que reglamenta las 16 curules que permiten que las víctimas tengan representación en el Congreso de 2022 a 2030. ¡El compromiso del Gobierno con las víctimas es patente!”, concluyó.
Este viernes, la vicepresidenta se dará cita con altos funcionarios de Naciones Unidas, con quienes dialogará sobre las medidas tomadas por el Gobierno nacional para proteger y reactivar el sector empresarial y el aparato productivo, en especial las Mipymes y los emprendedores.
Informe de la ONU
El deterioro en la seguridad, que afecta de manera "desproporcionada" a los indígenas y afrocolombianos en algunas regiones de Colombia, es un desafío considerable para los Acuerdos de Paz, alertó ayer la ONU en el Consejo de Seguridad.
El máximo órgano de la ONU para la paz y la seguridad examinó el informe trimestral presentado por el secretario general, Antonio Guterres, y elaborado por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que se ha convertido en un llamado de atención sobre los desafíos que complican la implementación de los Acuerdos de Paz firmados hace casi cinco años con la guerrilla de las Farc-EP.
En plena recta final del gobierno del presidente Iván Duque, el jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruiz Massieu, alertó que a la luz "de las enormes amenazas" que enfrentan las regiones sometidas a una violencia "desproporcionada", el gobierno y las instituciones estatales deben hacer "mejor uso de los mecanismos" contenidos en el propio acuerdo.
Entre ellos, la protección de los combatientes que depusieron las armas. Al menos 296 de ellos han sido asesinados por grupos ilegales y organizaciones criminales, recordó Massieu. La última víctima fue María Steffanía Muñoz, este jueves, en el departamento del Cauca.
Por su parte, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) recibió información del asesinato de 43 defensores de derechos humanos.
Aunque el acuerdo de paz redujo sensiblemente la violencia, disidencias de las Farc, el Eln -última guerrilla reconocida en Colombia- y bandas narco de origen paramilitar, alimentan una nueva ola de violencia por sus disputas por las rentas del tráfico de drogas, la minería ilegal y la extorsión.
Además de pedir que se garantice un proceso electoral limpio y seguro para los comicios legislativos de mayo próximo, el enviado de la ONU pidió que tanto el Gobierno como el Congreso consagren los recursos financieros para implementar el acuerdo /AFP.