La oposición boliviana bloqueó el lunes las calles en las principales ciudades del país en protesta contra del gobierno del presidente Luis Arce. La policía respondió dispersando a pequeños grupos de manifestantes en La Paz y Cochabamba con gases lacrimógenos.
A un mes de cumplir su primer año de gobierno, el mandatario izquierdista enfrenta las primeras protestas contra su gestión, impulsadas por opositores que lo acusan de impulsar juicios políticos y de buscar aprobar una draconiana ley de investigación de fortunas.
Las principales manifestaciones se registraron en las ciudades de La Paz, Cochabamba (centro), Santa Cruz (este), las más pobladas del país, y Tarija (sur).
La Paz registró una nutrida marcha de sindicatos de comerciantes al menudeo, que aunque no forman parte del bloque opositor, rechazan de cuajo la "Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo", en discusión en el parlamento.
En el centro de la ciudad, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la policía hizo uso de gases lacrimógenos para dispersar un cierre de avenidas, y también se registraron amagos de choques callejeros con grupos oficialistas, sin reportarse heridos.
En Cochabamba la policía también disparó gases antidisturbios, y detuvo al menos a dos personas. En Santa Cruz, bastión de la oposición de derecha, hubo una paralización casi total de la ciudad.
En las tres ciudades el transporte público fue exiguo, aunque la banca privada y la administración pública operaron con normalidad.Le puede interesar: Muere menor de nueve meses en frontera entre Bolivia y Chile
El jefe de la policía, Jhonny Aguilera, reconoció que en las regiones de "Cochabamba y Santa Cruz" hubo "bloqueos esporádicos que están siendo monitoreados", mientras el ministro de Gobierno (Interior) aseguró que en el resto de los siete departamentos "existe absoluta normalidad".
El criticado proyecto de ley, que discute el parlamento de mayoría oficialista, permitiría al gobierno investigar el patrimonio de cualquier ciudadano sin orden judicial, y obligaría a abogados y periodistas a revelar información de clientes, entre otros aspectos.
El abogado constitucionalista William Bascopé señaló que según el texto propuesto los bienes de todos los ciudadanos quedan bajo sospecha, en contradicción con la "presunción de inocencia" que debería prevalecer.
Los manifestantes denuncian además una "persecución política", debido a los juicios penales adelantados contra la expresidenta derechista Jeanine Áñez (2019-2020), los alcaldes de La Paz, Iván Arias y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002).
Los opositores aseguran que el oficialismo los acusa de organizar un supuesto "golpe de Estado" contra el expresidente Evo Morales, aliado de Arce, en noviembre de 2019, que lo llevó a dimitir tras una fuerte convulsión social que dejó 37 muertos.
El oficialismo prepara para el martes marchas en apoyo del mandatario.