La Suprema Corte de México avaló este jueves la realización de un referéndum planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para decidir sobre el enjuiciamiento de expresidentes del país, aunque algunos magistrados recordaron que las leyes mexicanas no impiden procesarlos.
La propuesta fue aprobada por seis de los 11 integrantes del máximo tribunal y propone investigar, y "en su caso" sancionar a los exjefes de Estado.
La Suprema Corte dio luz verde a la consulta tras debatir el proyecto de uno de sus integrantes, que proponía declararla "inconstitucional", alegando que puede vulnerar la presunción de inocencia, así como afectar la procuración de justicia y el debido proceso.
"No nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a los ciudadanos participar en las grandes decisiones nacionales", dijo en contraposición Arturo Zaldívar, presidente del alto tribunal al respaldar el referendo.
Sin embargo en un debate posterior, los jueces modificaron la pregunta original que había planteado López Obrador, y que se refería específicamente a cinco expresidentes: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La nueva pregunta de la Suprema Corte plantea si se debe emprender "un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos", omitiendo el nombre de los expresidentes. Lo que lo pone a él también en la mira de posibles procesos, sobre todo en momentos en los que es fuertemente cuestionado por su gestión económica y en lo que tiene que ver con la pandemia.
Expresidentes sin causas abiertas
Durante el debate sobre la constitucionalidad de la consulta, la jueza Norma Piña dijo que no se requiere el apoyo ciudadano para poder juzgar a los expresidentes del país si cometieron un delito.
"Ni nuestra Constitución, ni nuestras leyes, establecen obstáculo alguno para llevar ante la justicia penal a los expresidentes que hubieren cometido algún delito", explicó la magistrada.
El artículo 108 de la Constitución afirma que el presidente de México, "durante el tiempo de su encargo", sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
Al respecto, el analista político Carlos Bravo Regidor dijo que el hecho de que a la fecha no se haya juzgado a expresidentes mexicanos obedece a que no se han presentado pruebas o realizado investigaciones.
Ninguno de los cinco exmandatarios que López Obrador propuso investigar y eventualmente juzgar tiene actualmente causas abiertas actualmente.
Sin "miedo al pueblo"
Aunque López Obrador ha sostenido por años que la corrupción es el principal de los males de México, siempre se ha mostrado reacio a apoyar directamente la investigación y juicio a los ex gobernantes, aduciendo que no quiere ser tachado de "vengativo".
Es por ello que, en un ardid político, ha insistido en que sea "el pueblo" el que decida el posible enjuiciamiento de sus predecesores, mediante una consulta ciudadana.
"No hay que tenerle miedo al pueblo, y hay que hacer valer la democracia" dijo.
"Soy respetuoso del Poder Judicial, pero si no podemos consultar a la gente, entonces ¿nos vamos a conformar con elegir cada seis, cada tres años a las autoridades, y el resto del tiempo, cuando no haya elecciones, vamos a estar callados?", agregó.
Al argumentar por qué consideraba inconstitucional el referendo, la magistrada Piña dijo que "se pretende consultar si el Estado debe cumplir con su deber de investigar y perseguir el delito".
Anteriormente, López Obrador ha apoyado la realización de consultas populares sobre diversos temas, como la cancelación de la construcción de un nuevo aeropuerto para Ciudad de México o la construcción.
Como se recordará la propuesta del mandatario coincidió con el hecho de que un grupo de senadores opositores radicó una denuncia en contra de David León y Pío López Obrador por delitos como peculado, peculado electoral, financiamiento ilícito y lavado de dinero.
En ese momento una docena de senadores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) de México pidió la comparecencia del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Fiscalía General de la República para que declare por los videos en los que se ve a su hermano, Pío López Obrador, recibir un sobre con dinero.
Los legisladores, liderados por Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez, presentaron una denuncia ante la Fiscalía en contra de Pío López y David León, quien hasta hace poco era coordinador nacional de Protección Civil.
Tras radicar la denuncia, López y Gálvez afirmaron que las imágenes difundidas permiten observar que el dinero recibido por Pío López benefició al actual mandatario para llegar a la Presidencia, por lo que consideran que debe ser llamado a declarar.
Según declaró Gálvez los que han sido candidatos saben que “así no se reportan los gastos de campaña” y que “hay mecanismos legales, por lo tanto no puede venir a decir que era para una causa”.
Tras filtrarse las imágenes, López Obrador afirmó que este dinero se trató de “aportaciones” voluntarias.
"Son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones”, dijo el mandatario.
Para hacer frente al escándalo López Obrador puso sobre la mesa las opciones para solicitar la consulta popular y para evitar referirse al caso de su hermano, el presidente frecuentemente menciona los cargos por los que supuestamente los exmandatarios deberían rendir cuentas y que incluyen acusaciones tan vagas como las de Vicente Fox por traición a la democracia en su papel en la elección de 2006, Felipe Calderón porque utilizó la fuerza para convertir al país en un cementerio, Salinas de Gortari por entregar empresas públicas a particulares, Ernesto Zedillo, por convertir la deuda de unos en deuda pública y finalmente, a Peña Nieto por corrupción.
A pesar de estos hechos no es claro que las acusaciones del presidente López Obrador le sirvan para desviar la atención del caso, mucho más concreto y registrado en vídeo de los dineros recibidos por su hermano.
Adicionalmente la decisión de la Corte Suprema de dejar abierta la posibilidad para todos los mandatarios y no sólo para los que el presidente mencionaba lo podrá poner a él mismo ante una posible investigación por el caso relatado y por la pobre gestión mencionada.