Cuando se hace un esfuerzo por escudriñar cuál es el propósito final -el hilo conductor- de prácticamente todas las políticas esbozadas por Gustavo Petro, empieza a dibujarse una respuesta clara: se trata de poner en marcha un esquema profundo de estatización del estado colombiano.
Solo que cada vez es más evidente que la plata disponible para cumplir con ese designio es insuficiente. De ahí las tribulaciones en que anda el ministro de Hacienda y todo el equipo económico consiguiendo ese dinero.
La economista Mariana Mazzucato -inspiradora del pensamiento Petro- es supremamente clara en varios de sus libros: hay que desconfiar al máximo de las alianzas público-privadas como instrumento de gestión estatal. Todo, en lo posible, debe hacerlo directamente el gobierno. Es un postulado que puede ser factible en una economía estilo escandinavo o francés. Pero que ciertamente no es válido para el caso colombiano. A no ser que se desquicien los postulados de la prudencia fiscal y se entre en una alocada carrera de endeudamiento público.
Miremos el caso de las pensiones, al menos de lo que se ha filtrado hasta el momento. Se quiere trasladar una buena tajada de las pensiones que hoy manejan los fondos privados hacia Colpensiones para liberar al gobierno de obligaciones presupuestales que hoy ostenta. Y ampliar así el rango de la protección social, marchitando el esquema del aseguramiento privado e incrementando sensiblemente el nivel de endeudamiento público que el gobierno central tomará prestado de Colpensiones.
Algo similar se otea por los lados de la hasta ahora ignota reforma a la salud: el marchitamiento de las EPS parece estar asociado claramente al deseo de que todo lo atinente a la salud lo asuma directamente el estado central, los departamentos y municipios.
Por los lados de la reforma agraria ha dicho el presidente que quisiera modificar el marco fiscal de mediano plazo para comprar tierras. Habla de 60 billones de pesos que obviamente no existen. Olvidando que el punto número uno de los acuerdos de paz se puede ir cumpliendo a lo largo del posconflicto -no solo adquiriendo tierras- sino aplicando una audaz política de adjudicación de baldíos a campesinos habilitados para ser adjudicatarios de reforma agraria. Para lo cual puede aplicar una magnifica sentencia que acaba de expedir la corte constitucional.
El pensamiento de Petro obedece más bien a una visión social demócrata de un estado opulento que cree que está en condiciones de hacerlo todo y de gestionar pulcramente todas las empresas estatales. Sin contar para nada con la colaboración del sector privado que más bien se percibe como un estorbo.
Sumémosle a esto la larga lista de mercado (es decir más gasto público) que previsiblemente va a resultar de las olimpiadas de las 50 asambleas regionales “vinculantes” que están comenzando.
Quizás todo esto explica el empecinamiento gubernamental de que la reforma tributaria tiene que producir 25, 6 billones de pesos de cualquier modo que sea. Nadie ha explicado convincentemente porqué el producido de la reforma tributaria tiene que ser 25,6 billones y ni un peso menos. Mucho me temo que no va a ser así. Las reformas tributarias siempre salen motiladas del congreso: pero esta luce que va a salir trasquilada.
Las concesiones que ha debido hacer el ministro Ocampo en los últimos días son significativas y se traducirán en menores recaudos. Se dispone a compensar dichas concesiones con un impuesto al patrimonio aún más alto del que se había contemplado, con una sobretasa adicional a la que ya existe para el sistema financiero, y con más tributos para las industrias petrolera y minera que las coloca muy probablemente por fuera de toda competitividad internacional.
Para financiar este costoso estatismo de nuevo cuño vamos a recurrir a una alta dosis de endeudamiento y a nuevos impuestos que caen con extremo rigor sobre el sector privado. Cabe preguntar, sin embargo: ¿se cumplirá simultáneamente con la regla fiscal?