* Una reforma política y dos proyectos distintos
* Sistema urge ajuste estructural y procedimental
La reingeniería al sistema electoral colombiano avanza en el Congreso. Tras el alud de proyectos de reforma que se presentaron al inicio de esta legislatura, se procedió a acumularlos en una sola iniciativa que ya, incluso, logró ser aprobada en el primero de los ocho debates que debe surtir en las comisiones primeras y plenarias de Senado y Cámara.
Como es apenas obvio, el articulado que recibió ese primer sí tiene tantos partidarios como contradictores. Los primeros valoran avances en materia de combate a la compra y venta de votos, así como el instituir la financiación prevalentemente estatal a los partidos, dar vía libre a las listas de candidatos cerradas y con paridad de género, limitar la reelección de congresistas, diputados y concejales, y otras normas para una mayor democratización y transparencia interna en las colectividades en el ejercicio proselitista.
Para los críticos, el proyecto de reforma es insuficiente y no aplica los cambios de fondo que se requieren para hacer más eficiente y transparente el sistema electoral. No solo advierten la gravedad de abrir una nueva puerta al transfuguismo partidista, sino que consideran un aval a la politiquería y un golpe al principio de separación de poderes que se autorice que los parlamentarios puedan ser nombrados ministros por los gobiernos de turno. También alertan sobre la forma improvisada en que se impondría el voto obligatorio en Colombia.
Sin embargo, el pero más grande es el relativo a que el proyecto tendría fallas estructurales, empezando porque no modifica la estructura del modelo electoral ni avanza tampoco en la creación de una jurisdicción especializada en la materia. De hecho, pese a que la coalición mayoritaria respalda la iniciativa que ya pasó a plenaria del Senado, algunos de sus miembros radicaron un proyecto en el que plantean la creación de una “Corte Electoral Colombiana”, que no solo sería la cabeza de la jurisdicción respectiva, sino que asumiría funciones, facultades y competencias del Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado e incluso de la propia Registraduría Nacional, entidad esta última que desaparecería.
Ya tanto el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo como la Registraduría advirtieron la inconveniencia de crear la citada Corte Electoral, poniendo sobre la mesa peros de carácter constitucional, legales y de funcionalidad institucional. Sin embargo, en el Parlamento hay división de opiniones al respecto, no solo porque persiste la crítica al origen partidista de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, sino porque hay quienes sostienen que mientras no se modifique la estructura del sistema, serán insuficientes todos los ajustes en materia interna partidista, limpieza del voto, financiación proselitista, castigo efectivo a delitos contra el sufragio y otras materias.
Hay que ser claros: no es la primera vez que se plantea la creación de una jurisdicción electoral, con los cánones de autonomía respectivos y con una alta corte como órgano de cierre. Anteriores reformas la propusieron, así como algunas de las misiones de expertos convocadas para los efectos, sobre la base de que el actual modelo mezcla disfuncionalmente funciones de carácter administrativo y judicial. Ahora, frente a ello debe precisarse que hay países en donde funcionan esquemas híbridos con cierta similitud al caso colombiano, y otros en donde sí hay una estructura autónoma en esta delicada materia. En ambos casos, la democracia sigue vigente, tanto en las urnas como en su tracto institucional.
¿Quién tiene la razón? Este es un debate complicado y que claramente toca las cláusulas pétreas de nuestro ordenamiento constitucional. Hay diagnósticos y argumentos válidos a lado y lado, que deben ser evaluados de forma integral en el marco de la reforma política que se pretende. Por ahora lo único claro es que no tiene lógica que haya dos proyectos que se estén discutiendo aparte, casi excluyéndose, cuando tratan sobre la misma materia. Es innegable que la reforma política implica ajustar lo estructural y lo procedimental. Avanzar solo en uno de esos flancos es insuficiente y puede llevar a que, al final, todo el esfuerzo por tener un sistema electoral más transparente, ajeno a vicios, creíble y eficiente, termine quedando a medio camino. Urge sindéresis en el Congreso.