Aplazado proyecto que prohíbe fumigación con glifosato

Foto archivo ENS

La Comisión Quinta del Senado tenía previsto ayer, votar las dos ponencias que se radicaron para el primer debate del proyecto de ley con el cual se prohíbe el uso del glifosato y sus derivados en la implementación de la política nacional de drogas. Sin embargo, por los alcances de la iniciativa, los parlamentarios aprobaron que antes de tomar una decisión se van a desarrollar unas audiencias públicas para escuchar distintos sectores con voces a favor y en contra del uso de este herbicida.

El presidente de la Comisión Quinta del Senado, Guillermo García, dijo a EL NUEVO SIGLO que harán “audiencias temáticas con el sector ambiental, productivo, una con el sector salud y una sobre la validez, la eficiencia de este instrumento por los costos”.

Esta iniciativa (120/ Senado) fue radicada por sectores de oposición al gobierno de Iván Duque, aunque también cuenta con la firma de dos parlamentarios del sector disidente de La U, colectividad que hace parte de la coalición de gobierno, Roy Barreras y Armando Benedetti; así como Temístocles Ortega, de Cambio Radical, colectividad declarada en independencia a la Administración nacional.

El proyecto de ley esgrime por objeto “preservar el derecho a la vida, la salud y a un medio ambiente sano de todos los habitantes del territorio nacional frente a los riesgos que representa la exposición al glifosato y sus diferentes derivados en la implementación de la Política Nacional de Drogas”.

Lo anterior, en atención al principio de prevención que prohíbe el uso del glifosato o cualquiera de sus derivados en la lucha contra las drogas ilícitas.

La iniciativa no se queda ahí pues establece que la Política Nacional de Drogas priorizará estrategias de erradicación y sustitución voluntarias de cultivos de uso ilícito, que contarán con medidas de acceso a tierras y activos productivos con el objetivo de garantizar el desarrollo territorial del país.

Al respecto, agrega que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) garantizarán que las estrategias de erradicación y sustitución voluntarias incorporen proyectos productivos agrícolas, pecuarios, acuícolas, pesqueros, forestales o de reconversión en los usos del suelo con el fin de atender el acceso integral a tierras para las mujeres rurales.

En este sentido, la iniciativa recoge lo establecido en el Acuerdo de Paz en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico, en donde se privilegia la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos promovida por el Estado, para lo cual entregaría subsidios y fomento a los campesinos que hoy dependen en su ingreso de la siembra de coca para que pasen a los cultivos lícitos.

En este propósito, el anterior gobierno avanzó al integrar  99 mil familias al Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), mientras la actual administración considera que la lucha contra los cultivos se fundamenta en la erradicación forzada.

Sin embargo, no ha podido utilizar la fumigación aérea con glifosato que estima le permitiría con mayor rapidez la destrucción de los cocales, pues primero debe cumplir con varios requisitos que estableció la Corte Constitucional para reactivar esta técnica que, por motivos de precaución sobre eventuales efectos adversos del glifosato en la salud de las personas, suspendió el entonces presidente Santos en 2015.

Duque estima que a finales de este año se reactivarán las fumigaciones aéreas con glifosato en regiones como Nariño, Cauca y el Catatumbo, y así lo ha manifestado a la administración de Donald Trump que desde un principio de este Gobierno está presionando para que se implemente esta técnica.

Las ponencias

Se radicaron dos ponencias sobre este proyecto, una que pide su archivo presentada por los senadores Alejandro Corrales (Centro Democrático), José David Name (La U), Didier Lobo (Cambio Radical) y Miguel Ángel Barreto (Partido Conservador).

Estos ponentes señalan que resulta incoherente prohibir una medida que ha demostrado su eficiencia en la erradicación de los cultivos ilícitos. Además, dicen que hay estudios como el de la Agencia para la Protección del Ambiente, de los Estados Unidos, de abril pasado, el cual señala “que la utilización de glifosato no genera riesgo alguno para la salud pública”.

Por su parte, la ponencia positiva argumenta que desde las fumigaciones con glifosato en 1978 contra los cultivos de marihuana se han generado diversos conflictos entre el Estado y la sociedad, puesto que se han evidenciado con el tiempo los peligros y riesgos a los que se exponen personas y comunidades donde se ha desarrollado la aspersión de este herbicida. Dichos riesgos se presentan principalmente a la vida, la salud y el medio ambiente, sostienen.