* Lupa a toda la contratación de la entidad
* ¿Un arsenal anticorrupción insuficiente?
El caso de presunta corrupción en las Empresas Municipales de Cali (Emcali) no solo resulta grave por los millonarios sobrecostos que se están denunciando y que tendrían como marco un supuesto entramado de politiquería y desgreño administrativo en la principal entidad oficial de la capital del Valle, sino porque, se supone, que la legislación aprobada en la última década a nivel nacional para vigilar todos los procesos de contratación pública debería evitar estas graves anomalías.
Tras el alud de señalamientos sobre las irregularidades en el contrato AMI No. 500-CS-2039-2022 por 215 mil millones de pesos, ya la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría realizan las respectivas investigaciones. Es claro que la opinión pública se impactó por las denuncias en torno a que allí figuran sillas ergonómicas a 17 millones de pesos la unidad, televisores a 42 millones y pantallas multifunción a 700 millones… Es obvio que corresponde a los entes de control individualizar las responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias del caso.
Pero la exigencia ciudadana es la de profundizar las pesquisas sobre toda la contratación de la entidad y judicializar de forma efectiva y eficiente a los posibles autores materiales e intelectuales de un presunto detrimento sistemático al patrimonio de los caleños. Ello es más urgente porque muchos sectores políticos, económicos y sociales de esa región han denunciado que habría un ‘carrusel de contratación’ enquistado en Emcali y señalan a tres casas políticas de estar detrás del mismo.
En modo alguno se puede considerar que el tema comenzó a solucionarse con la cascada de renuncias de la última semana, que van desde la del Gerente General y pasan por otros altos cargos de la empresa. Por más que el polémico y millonario contrato se haya suspendido tras la ola de denuncias, hubo muchas instancias que participaron de su aprobación y perfeccionamiento. Todos los encargados deben dar las explicaciones del caso y afrontar sus responsabilidades ante la justicia. Resultan, por lo menos, insólitas e inaceptables las explicaciones dadas ayer por voceros de Emcali, en el marco de una audiencia pública, en torno a que en el caso de los televisores, la pantalla y otros controvertidos rubros el error fue que quedaron “mal redactados” los respectivos ítems y que, en realidad, se trata de equipos complejos que debían llevar a una medición inteligente y reducción del índice de pérdidas de energía.
Como bien lo advierten varios sectores de la academia y veedurías ciudadanas en Cali: hay otras circunstancias de alto calado por establecer. Por ejemplo ¿Qué responsabilidad le cabe aquí al alcalde Jorge Iván Ospina, quien designó la cúpula de Emcali? ¿Por qué las redes de transparencia que han conformado los empresarios y gremios vallunos para combatir la corrupción no alertaron sobre las anomalías de bulto en el citado contrato? ¿Cómo es posible que el Concejo de la ciudad no se haya enterado y advertido esta grave circunstancia? ¿A qué se debe el rol pasivo de la Contraloría local, la interventoría del contrato y la Oficina de Control Interno? ¿Fue tardía la denuncia del sindicato?...
Pero también caben aquí interrogantes para el Congreso, los entes de control y el propio Gobierno nacional ¿Tienen vacíos las leyes y reglamentaciones para hacer más transparente la contratación oficial? ¿Por qué no funcionó aquí todo ese arsenal normativo que, se supone, es infalible, sobre todo a la hora de detectar ‘carteles de contratación’, proponentes cuestionados y anomalías en los precios ofertados en productos, bienes y servicios? ¿Cómo es posible que gobernaciones, alcaldías y entidades departamentales y municipales tengan tal nivel de autonomía para realizar contratación directa, sin licitación ni veeduría? ¿Qué pasó con el control concomitante y preventivo de la Contraloría y Procuraduría, con sus respectivos capítulos locales?...
Así las cosas, lo que deben preguntarse las autoridades no solo es qué está pasando en Emcali, sino en cuáles otras entidades públicas del orden nacional, regional y local se podrían estar registrando similares y millonarias irregularidades, generando cuantiosas afectaciones al gasto público, todo ello mientras Gobierno y Congreso tramitan una drástica reforma tributaria para tapar el déficit fiscal, que golpeará duramente a empresas y población en general.