De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, entre enero de 2020 y junio de 2022 la modalidad de selección más utilizada en Cali fue la contratación directa, con 75.509 realizados por un valor superior a los $2,8 billones, correspondiente al 57% del total ordenado por la Administración distrital.

Cabe mencionar que el ente de control le puso la lupa a Emcali, luego de que se conocieran irregularidades por sobrecostos en varios contratos con la Unión Temporal AMI, donde hubo compras de televisores por casi $43 millones y sillas por más de $17 millones, entre otras elementos.

La Procuraduría elaboró un informe donde evidenció que, en 2021, el ente territorial suscribió un total de 27.044 contratos, de los cuales 25.624 corresponden a servicios de recursos humanos, por lo cual el 94,7% de estos estuvieron destinados a satisfacer necesidades de personal en el Distrito. 

De otro lado, advirtió que para ese mismo año, $1,5 billones fueron contratados directamente, mientras que solo $437.175 millones se adelantaron mediante algún proceso competitivo. Es decir, el año pasado el 78% fueron contrataciones directas.

Inspección

Ante esta situación, la Procuraduría realizó ayer una visita en horas de la mañana a la sede de la Alcaldía, con la presencia de asociaciones gremiales y comunitarias, para escuchar sus inquietudes y denuncias en torno al manejo de los recursos públicos en la Administración distrital.

Cabe recordar que la Procuraduría Primera delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública solicitó información hace aproximadamente dos meses al alcalde de Cali y al gerente de Emcali sobre varios convenios y contratos interadministrativos. Para la entidad, varios de estos contratos debieron adelantarse mediante procesos competitivos, dado los servicios a estipular.

Por ejemplo, el contrato interadministrativo para la “prestación del servicio de internet por medio de tecnología de fibra óptica de acceso fijo inalámbrico distribuido en enlaces de acceso para estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali” celebrado con la Secretaría de Educación, debió ser un proceso competitivo, sostuvo la Procuraduría.

Por esta razón, el ente de control recomendará a la Alcaldía utilizar modalidades de selección abiertas cuando existan bienes, obras o servicios que puedan ser contratados en un mercado competitivo, como los de acceso fijo inalámbrico.

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Contratistas

El análisis del ente de control muestra que los mayores contratos fueron celebrados con otras entidades estatales por un valor cercano a los $566.674 millones. También advirtió que uno de los mayores contratistas es la Asociación Gremial Especializada en Salud del Occidente (Agesoc), con $133.210 millones y más de 1.176 contratos firmados.

También llama la atención del ente de control la contratación de una comisión arquidiocesana con $98.891 millones y varias fundaciones con contratos sumados por más de $83.050 millones, sin que se conozcan la experiencia e idoneidad de estas entidades para ejecutar un presupuesto tan alto para el Distrito y sin que hayan estado sujetos a procesos competitivos.

A lo anterior se suma el riesgo que implica la celebración de los contratos de empréstitos por $625.644 millones con cinco bancos, con periodos de gracia de dos años para la ejecución de proyectos programados para 2022, que a la fecha no han iniciado su formulación final o su ejecución.

Recomendaciones

Dentro de la acción preventiva se formularon recomendaciones al alcalde de Cali, orientadas a evaluar el número, la cantidad y la necesidad de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión; promover procesos de contratación competitivos con las modalidades de selección establecidas en la Ley y evitar el uso de los convenios o contratos interadministrativos cuando las condiciones así lo permitan.

La Procuraduría indicó que esta actuación busca anticiparse o mitigar posibles circunstancias que puedan implicar una afectación al ordenamiento jurídico, al patrimonio público, o a los derechos y garantías de los caleños, y no implica en modo alguno coadministración, prejuzgamiento o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas, jurídicas o de cualquier otra índole de la Alcaldía de Cali.

Entre tanto, cabe mencionar que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aceptó la carta de renuncia del gerente de Empresas Municipales de Cali, Juan Diego Flórez, envuelto en escándalos de sobrecostos en compras realizadas por la empresa.

De otro lado, el mandatario dijo en sus redes sociales, recién se conoció la denuncia, que “no es la función del Alcalde actuar en los procesos de contratación de Emcali y cada vez que existe denuncia o duda procedemos y por cierto no se ha perdido un peso y siempre se toman correctivos”.