PANDEMIA PERO TAMBIÉN ‘GUERRA’ JURÍDICA AFECTARON MECANISMO
3 de 143 revocatorias de alcaldes se han votado

Registraduría

El mecanismo previsto en la Carta Política que tienen las personas para revocar el mandato a gobernadores y alcaldes si consideran es deficiente su gestión, ha vivido en el actual periodo 2020-2023 su peor momento en los 26 años que lleva realizándose, pues a pesar de que comités ciudadanos inscribieron 143 iniciativas, a la fecha solo han logrado llegar a las urnas en Cúcuta, Norte de Santander; Susa, Cundinamarca; y Aguachica, Cesar.

De las 143 iniciativas de revocatoria que los comités, integrados por mínimo tres y máximo nueve ciudadanos, inscribieron ante la Registraduría Nacional, 140 corresponden a alcaldes municipales y distritales, así como a tres gobernadores: Clara Luz Roldán, del Valle del Cauca; Carlos Caicedo, del Magdalena; y Salomón Sanabria Chacón, de Casanare.

También hay que señalar que se archivaron 10 iniciativas de revocatoria de mandato porque los comités no entregaron dentro de los plazos las firmas de ciudadanos que exige la ley como muestra de respaldo a la iniciativa.

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1757 de 2015, se requiere del apoyo a la revocatoria de un número de ciudadanos que hagan parte del censo electoral departamental, municipal o distrital, de no menos del 30% de los votos obtenidos por el elegido.

Así mismo, hubo 33 desistimientos por parte de comités ciudadanos que inscribieron la iniciativa, pero que se arrepintieron de seguir adelante antes de que la Registraduría les entregara los formularios para recoger las firmas de respaldo o, incluso, cuando ya hacían esta labor, pues se manifestaron incómodos por las dificultades que encontraron, como sucedió en Bogotá con tres grupos que impulsaban la salida de Claudia López del cargo.

Es decir, que hay 97 iniciativas vivas de revocatoria de mandato que no han ido a las urnas por distintas razones, una de las cuales es que no alcanzaron a recoger las firmas de respaldo en los seis meses que contempla la norma y pidieron a la Registraduría una prórroga.

Otras iniciativas de revocatoria están frenadas por tutelas que han impetrado los alcaldes o ciudadanos que defienden su permanencia en el cargo; porque la Registraduría Nacional revisa las firmas de apoyo para verificar su autenticidad o porque el Consejo Nacional Electoral no ha entregado la certificación sobre las cuentas de campaña que presentaron los comités, donde tiene que fijarse que los ingresos y gastos respetaron los topes establecidos.

El caso Medellín 

A pesar de que la iniciativa para revocar el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, no ha podido llegar a las urnas por problemas en su trámite, es la que más ruido ha causado entre las 143 que se inscribieron, pues más allá de lo que significa esta capital en el concierto nacional, ha sido por los escollos que han surgido, como tutelas del burgomaestre alegando supuestas irregularidades en por lo menos 30 mil firmas de apoyo de las más de 300 mil que recogió el comité Pacto por Medellín. 

Como consecuencia de recursos y tutelas que presentó Quintero y el movimiento Independientes, que lo avaló cuando ganó las elecciones en 2019, la Registraduría se ha visto en la necesidad de revisar en tres oportunidades las firmas de apoyo a la revocatoria, determinando en todas la validez de más de 130 mil rúbricas, superando el número exigido, en este caso más de 90 mil.

Sin embargo, cuando la oposición y detractores de Quintero se frotaban ya las manos confiados en lograr el resultado en las urnas que significara la salida del alcalde del cargo, en enero pasado el Consejo Nacional Electoral resolvió en una resolución suspender la entrega de la certificación de los gastos en que incurrió el comité promotor para la recolección de firmas, hasta que haga una revisión y establecer que se respetaron los topes.

El organismo electoral decidió investigar de oficio la denuncia que hizo el alcalde Quintero sobre presuntas irregularidades en la financiación por parte del comité ciudadano Más Medellín.

En julio pasado se produjo otro hecho clave en este tire y afloje entre el alcalde y la oposición por la revocatoria del mandato, cuando al fallar en primera instancia una acción de cumplimento el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó a la Registraduría certificar el cumplimiento de los requisitos para poder convocar a las urnas, pues señaló que el Consejo Nacional Electoral no está facultado para ello.

Sin embargo, la Registraduría apeló ante el Tribunal Administrativo de Antioquia este fallo, pues considera que el Consejo Electoral sí está para certificar los gastos e ingresos de campaña en las revocatorias.

Por esta apelación el caso subió al Consejo de Estado, que en segunda instancia debe producir el fallo definitivo. No obstante, ello puede tomar varios meses; y por otro lado, no se avizora que el Consejo Nacional Electoral entregue la certificación sobre los gastos de campaña para la recolección de firmas en Medellín.

Siendo así, se ve poco probable que los medellinenses puedan ir a las urnas para decidir sobre la continuidad o no de Quintero, pues solo queda tiempo hasta el 31 de diciembre de 2022, debido a que la norma no permite revocar el mandato a un alcalde o gobernador en el primero o último año del cuatrienio.



Efectos de la pandemia

La pandemia producida por el virus del covid-19 ha afectado decididamente la revocatoria en el actual periodo 2020-2023 de gobernadores y alcaldes, al punto que en 2021, cuando se inscribieron más de un centenar de iniciativas ante la Registraduría, debido a que la ley establece que el mecanismo aplica en el segundo y tercer año del mandato, ninguna llegó a las urnas.

Como se dijo, en este periodo de gobiernos territoriales solamente han logrado llegar a votación tres revocatorias, las tres este año: Susa, Cundinamarca, el 21 de febrero; Cúcuta, Norte de Santander, el 26 de junio; y en Aguachica, Cesar, el 11 de septiembre.

Es decir, que en 2021 y 2022, que corresponden al segundo y tercer año del mandato de los actuales gobernadores y alcaldes, en que permite la ley a los ciudadanos solicitar la revocatoria, bien sea porque consideran deficiente su gestión o debido a que el mandatario no cumple el programa de gobierno, apenas ha habido votación en tres iniciativas, que en el caso de Aguachica y Cúcuta no fructificaron porque no lograron el umbral de participación del 40% de la votación válida total del día de la elección.

Mientras que en Susa, Cundinamarca, le fue revocado el mandato a la alcaldesa Ximena Ballesteros Castillo, lo que se constituye en un hito en la historia del mecanismo, pues es la segunda ocasión en que se cae un mandatario desde 1996, cuando se comenzó a aplicar. La primera fue en 2018 en el municipio de Tasco, en Boyacá, que determinó la salida del alcalde.

Durante la jornada en el municipio de Susa, hubo una votación total de 1.672 sufragios, sobrepasando el umbral previsto para este proceso democrático establecido en 1.484 votos, la mayoría de los cuales fue por el Sí para revocar el mandato a la alcaldesa. 

En lo poco que resta del presente año es posible que la Registraduría pueda realizar algunas jornadas más de revocatoria de mandato en distintas regiones, pero ya por tiempo no se logrará reducir de forma significativa el déficit que se observa.

En el anterior periodo de gobernantes territoriales, 2016-2019, fueron a las urnas 19 revocatorias de mandato: 10 en el año 2017 y nueve en el año 2018.

Como se indicó, la pandemia afectó la revocatoria de mandato en este período, pues si bien en enero de 2021 fue radicado un cúmulo de iniciativas ante la Registraduría, y esta entregó los formularios para la recolección de firmas, en febrero de ese año la entidad suspendió por cerca de tres meses el proceso debido a que consideró necesario que el Ministerio de Salud estableciera unos protocolos para evitar que las votaciones se convirtieran en un foco de contagio por el virus. 

El Ministerio de Salud dio a conocer, en abril del año pasado, los protocolos biosanitarios para las elecciones que se hagan en pandemia: el uso del tapabocas, mantener el distanciamiento social, desinfectante en los puestos de votación, incluso, que los ciudadanos lleven su esfero para marcar el tarjetón.

Protocolos que también aplican a las jornadas de revocatoria de mandato en cuanto a la recolección de firmas en las calles y las votaciones.

También este Ministerio consideró necesario que se nombren alcaldes ad hoc, por parte del Presidente de la República o el respectivo gobernador, según sea el caso, en los municipios o distritos en donde se impulse revocatoria de mandato, pues es la misma administración la que autoriza a los comités promotores la recolección de firmas, tras revisar que se cumplen los protocolos.

Entonces resultaba que tiene en sus manos la administración del alcalde que se pretende revocar, la decisión de autorizar o no la recolección de firmas en su contra. Por ello se juzgó necesario designar alcaldes ad hoc.   

Este trámite adicional por razón de la pandemia ha demorado el desarrollo de los procesos de revocatoria. A ello se suma la guerra jurídica que han entablado algunos alcaldes para evitar la realización de la revocatoria; y de otra parte muchos comités que también han presentado recursos y tutelas buscando que se convoque a las urnas.

Opinan expertos

El exregistrador nacional, Juan Carlos Galindo, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “definitivamente las estadísticas son claras sobre el particular por el número alto de inscripciones para revocatorias, pero las que llegan a las urnas son mínimas”.

Añadió que “habría que repensar el mecanismo, previo a los análisis del caso de conveniencia; hacer un análisis primero en general sobre qué es lo que ha ocurrido para llegar a hacer una modificación legal, y que este mecanismo cumpla los propósitos para los cuales fue diseñado, y tampoco se convierta en una herramienta de lucha política, en el sentido de que el grupo perdedor inicie la revocatoria, sino que sea realmente el propósito aquel que animó al legislador, que los que votaron por la persona y no están de acuerdo con el desarrollo de su mandato, procedan a convocar una elección para revocar al elegido”.

El exregistrador Galindo también se refirió a los porcentajes que exige la ley en cuanto al número de firmas y umbral necesario de participación en las votaciones. “Los resultados demuestran que siguen siendo altos. Obviamente eso también tiene que ver con la abstención, que en Colombia es alta, y que en los mecanismos de participación ciudadana es aún más alta”.

Por ello consideró necesario estudiar la conveniencia de reducir o no los requisitos para hacer más efectivo el mecanismo, pero también ver “cómo se trabaja en el tema de formación de ciudadanos para divulgar estos mecanismos y que se apropien de los mismos, y los utilicen más frecuentemente”.

Mientras que Hollman Ibáñez, exdirector de Censo Electoral en la Registraduría y presidente del Colegio Electoral Colombiano, dijo a este Medio que “la revocatoria es un mecanismo que finalmente es útil si se ve a la luz de la moralidad y del voto castigo, y de lo que se denomina el despido ciudadano. Lastimosamente el Consejo Electoral anterior, el que cumplió el periodo 2018-2022, le quedó debiendo al país las revocatorias. Ellos hicieron favores políticos, como en el caso de Medellín claramente, donde se le atravesaron a la ciudadanía, impusieron unos requisitos más allá de sus competencias y así en muchas otras”.

Dijo Ibáñez que la revocatoria debe existir. “Es un mecanismo democrático, pero en la medida en que el Consejo Electoral y los abogados nos interpongamos en el quehacer democrático de la ciudadanía, va a haber cada vez menos, no solamente para impulsarla sino de asistir a las urnas”.

Mientras que Camilo Mancera, coordinador del Observatorio Justicia Electoral en la Misión de Observación Electoral (MOE), dijo a este Diario que “lo que está pasando en este momento frente a las revocatorias de mandato es una situación muy grave, que básicamente lo que nos está mostrando es la completa ineficacia del mecanismo, y una ineficacia que si bien se estaba presentando desde que se creó la figura, en este momento se agravó porque antes al menos se realizaban votaciones. En este momento ni siquiera se están realizando las votaciones”.

Dijo el experto electoral que eso lo que conlleva “precisamente es a que se desincentive la participación ciudadana” y “que toda la legitimidad y credibilidad que puede tener el mecanismo esté completamente anulada”. 

“Lo que ha venido pasando frente a la falta de certeza sobre las reglas, lo que genera es precisamente todas las controversias judiciales que se están presentando en el momento”, dijo Mancera.

Solicitudes de revocatoria

Arauca: Arauca.  

Atlántico: Piojó, Sabanalarga, Palmar de Varela, Malambo, Ponedera. 

Antioquia: Medellín, Jericó, Apartadó, Puerto Berrío, Fredonia, Murindó. 

Bolívar: Morales, San Fernando, Cartagena, Zambrano, Regidor, El Peñón, Cicuco, Santa Catalina.

Bogotá 

Boyacá: Gachantivá, Gámeza, Villa de Leyva. 

Caldas: Manizales, Chinchiná.  

Cauca: Popayán, Puerto Tejada, Villarica.   

Caquetá: Valparaíso, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán.  

Casanare: Aguazul, Orocué, Maní, Monterrey, Paz de Ariporo.  

Cesar: Aguachica, San Alberto, Valledupar, El Copey, El Paso, Bosconia. 

Córdoba: San Carlos, Montería. 

Cundinamarca: Susa, Tocancipá, El Rosal, Guaduas, La Calera, Cajicá, Girardot, Madrid, Puerto Salgar, Soacha, Apulo, Pacho, Anolaima, Tabio, Cáqueza.  

Chocó: Bojayá, Quibdó, Atrato. 

Huila: Garzón, Pitalito, Gigante, Isnos, Campoalegre, Neiva, Palermo, Paicol.   

La Guajira: Villanueva, Distracción.

Magdalena: El Plato, El Piñón, El Banco, Sitionuevo, Algarrobo, Santa Bárbara de Pinto, Zapayán.

Meta: Castilla La Nueva.  

Nariño: Ancuya, Pasto. 

Norte de Santander: Ocaña, Cúcuta, San Cayetano.

Quindío: Armenia, La Tebaida, Calarcá.  

Santander: Cabrera, Bucaramanga, Sabana de Torres, Barrancabermeja.  

Sucre: Tolú, Sincelejo, San Juan de Betulia, Tolú Viejo.   

Tolima: Ibagué, Purificación.     

Valle: Jamundí, El Cerrito, Tuluá, Candelaria, Cali, Palmira, Pradera, Buenaventura. 

Vichada: La Primavera.