Aída Merlano no aceptó cargos de lavado de activos | El Nuevo Siglo
Intagram Aida Merlano
Jueves, 22 de Septiembre de 2022
Redacción Web

Por tercera vez, la Fiscalía General de la Nación imputó los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos a Aida Victoria Merlano, al presentar un incremento de su patrimonio en 3.200 millones de pesos.

La influencer colombiana no aceptó los cargos y le aseguró al fiscal Juan Ignacio Palacio que peleará “hasta el último momento" por su "inocencia”.

En la audiencia, que inició sobre las 2:37 de la tarde, bajo la dirección de un juzgado de control de garantías de Barranquilla se presentaron los nuevos cargos contra la procesada, quien se encuentra condenada a siete años y medio por la participación en la fuga de su madre Aida Merlano Rebolledo.

Según el relato del fiscal, en 2019, la familia de la influencer ( padre y madre) conformaron la empresa Esaid S.A.S., a modo de "fachada". Según la razón social, esta empresa se dedicaría a la explotación de ingeniería, arquitectura y urbanismo, así como el diseño de acueductos y demás obras de ingeniería civil, sin embargo, ésta nunca desarrolló esas actividades.



 "No contaba con créditos, no registraba propiedades que pudieran generar ingresos para incrementar su patrimonio. Aida Victoria era una fantasma", dijo el fiscal.Y es que según la Fiscalía, la excongresista prófuga traspasó a su hija nueve bienes evaluados en 2.000 millones de pesos, lo que según el Fiscal fue un intento de ocultamiento de los mismos, obtenidos de manera ilegal, con esta empresa "fachada". 

"Usted, señora Aida Victoria, constituyó en 2019 una empresa ficticia para que su madre transfiriera, de manera irregular, bienes por más de 2.000 millones de pesos para ocultarlos" de las autoridades.

Tras la lectura de los cargos, el Juez le preguntó a la joven influenciadora que si entendía los delitos imputados, a lo que Merlano contestó que "Sí, sí comprendí, señor juez", de manera seguida el juez le indicó que si aceptaba los cargos esta podía recibir una rebaja del 50 por ciento de la condena, que podía ser de 96 a 180 meses de prisión.

A lo que la acusada le respondió que "por supuesto que no acepto los cargos. Voy a pelear hasta el final de este proceso por mi inocencia".