¿Qué pasa con los recursos del impuesto al carbono?

Fotomontaje El Nuevo Siglo

La creación del impuesto al carbono hace cuatro años fue vista por muchos sectores del país como una de las apuestas más audaces en Colombia para combatir el cambio climático e, incluso, financiar inversiones y proyectos en zonas afectadas por la violencia.

Sin embargo, después de cuatro años de la creación del tributo, los resultados no han sido los esperados. De hecho la semana pasada la Contraloría General advirtió que la aplicación de este impuesto y la autorización de actividades sostenibles ambientales por la no causación del gravamen no han tenido avances importantes que redunden en la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI).

De acuerdo con el ente de control, “el recaudo de este impuesto por parte de la DIAN entre 2017 y 2019 ascendió a $1.221.980 millones, de los cuales el 45% corresponde al sector ambiente, es decir $549.891 millones. Sin embargo, los recursos permanecen ociosos en la Tesorería General de la Nación, a pesar de que tienen destinación específica: la protección del medioambiente”.

Para la entidad, la forma como ha sido desarrollado el mercado de bonos de carbono no da certeza sobre la reducción de emisiones “y por eso hay abruptas variaciones de sobreoferta o excesiva demanda”.

Según la Contraloría, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno no priorizó las estrategias y acciones orientadas a la educación, formación y sensibilización del cambio climático, es decir acciones que contribuyan al fortalecimiento de capacidades futuras en el sector privado y en la sociedad en general.

“Lo cierto es que desde 2017 hasta abril de 2020 se ha recaudado cerca de $1,35 billones por este impuesto”

Lo cierto es que desde 2017 hasta abril de 2020 se ha recaudado cerca de $1,35 billones por este impuesto, un pago obligatorio que deben hacer aquellas empresas que explotan carbón y emitan los gases provenientes de la combustión de gasolina, ACPM, keroseno, jet fuel, fuel oíl y gas natural, con el fin de ayudar a reducir los Gases Efecto Invernadero (GEI), causantes del cambio climático. Este impuesto hace parte del compromiso que tiene Colombia con el mundo (Acuerdo de Paris en 2015) en la reducción del 30% de los GEI al año 2030.

¿Y la destinación?

Se supone que una parte de estos dineros recaudados serían destinados a varios proyectos sociales de paz y ambientales. Sin embargo, hasta la fecha, no hay claridad en qué se ha gastado y por qué no ha llegado ese dinero a las comunidades y a proyectos de mitigación del cambio climático en el país.

El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, aseguró que respecto a lo que le corresponde, el proceso estaba hecho y solo estaban esperando la aprobación del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda.

“El último paso que nos faltaba, las fichas del Plan Operativo de Anualidad de Pagos (Poap), ya quedó listo. Solo falta la aprobación  por parte de Minhacienda, entendiendo que falta que Planeación nos dé el certificado de que las fichas están listas”, precisó.

El ministro de Ambiente se refiere a las subcuentas de Herencia Colombia (a la que le deberían destinar más de $63.864 millones recaudados entre 2017 y febrero de 2020) para la conservación de las áreas protegidas del país. También habla de la subcuenta de Ambiente y Desarrollo Sostenible (a la que le deberían destinar más de $319.320 millones recaudados entre 2017 y febrero de 2020) para manejar la erosión costera, conservar ecosistemas estratégicos y cuidar las fuentes hídricas.

Asimismo, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, indicó que el ministerio de Hacienda tampoco les ha girado los recursos: “En 2019 se hicieron las solicitudes para la asignación de los recursos, pero no han sido girados. Para la vigencia del 2020 se presentó un proyecto de inversión por $150.000 millones, que fue aprobado, pero se está a la espera de que sea desembolsado para el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis)".

De otro lado, Juan Carlos Mahecha, director ejecutivo del Fondo Colombia en Paz, entidad que administra, ejecuta y coordina los recursos del impuesto al carbono, explicó que del total de dinero, un 25% está destinado al manejo de la erosión costera y la deforestación. Un 5% al fortalecimiento de áreas protegidas y un 70% a la implementación de los acuerdos de paz. Adicional, de ese 70%,  un 15% debe ir a la conservación de los bosques de la Amazonia.

“No hay claridad en qué se ha gastado y por qué no ha llegado ese dinero a las comunidades y a proyectos de mitigación del cambio climático en el país”

Pese a esta hoja de ruta, lo cierto es que el ministerio de Ambiente, entidad que debe recibir el 30% de los más de $1,35 billones, solo ha recibido cerca de $17 mil millones.

De la misma manera, el Fondo Colombia en Paz, la Consejería Presidencial para la Estabilización y el Ministerio de Ambiente coincidieron en afirmar que si bien han realizado los distintos trámites para acceder a estos recursos, el Ministerio de Hacienda todavía no los ha desembolsado.

El gravamen

El impuesto nacional al carbono es un gravamen que recae sobre los combustibles fósiles, que contienen carbono, incluyendo los derivados del petróleo y todos los tipos de gas fósil destinados para su combustión con fines energéticos, como el carbón mineral.

Los hechos generadores del impuesto nacional al carbono son su venta, retiro e importación, ya sea para consumo propio o para comercialización. Este gravamen se causará en una sola etapa, de acuerdo con el hecho generador que ocurra primero. Si se trata de gas y derivados del petróleo, el impuesto se causará en las ventas efectuadas por los productores, según la fecha de emisión de la factura.

Por otra parte, para el caso de los derivados del petróleo, los productores e importadores serán responsables de impuesto cuando tenga lugar el hecho generador, sin importar su calidad de sujetos pasivos.

De acuerdo con el artículo 2 de la resolución 0009 del 31 de enero de 2020, el impuesto al carbono se debía estarse liquidando a partir del 1 de febrero. La tarifa del impuesto al carbono para los combustibles enlistados es de cero pesos ($0) en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Vichada y los municipios de Sipi, Río Sucio, Alto Baudó, Bajo Baudó, Acandí, Unquía, Litoral de San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Iró, Bahía Solano, Juradó y Carmen del Darién del departamento del Chocó.

Así mismo, cuando los combustibles sean exportados no causarán el impuesto al carbono.

“Los recursos se destinarán, entre otros, al manejo de la erosión costera, a la conservación de fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas”

Establece la regulación, igualmente, que el recaudo del impuesto nacional al carbono se destinará al Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto (Fondo para una Colombia Sostenible), así como lo señala el artículo 116 de la Ley 1769 de 2015. Estos recursos se presupuestarán en la sección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Los recursos se destinarán, entre otros, al manejo de la erosión costera, a la conservación de fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas, de acuerdo con los lineamientos que establezca el ministerio de Ambiente para tal fin; así como también al fortalecimiento del sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias para la conservación de diferentes ámbitos de gestión.

Otra política

Un nuevo estudio hecho por José Antonio Ocampo (excodirector del Banco de la República) y Joaquín Bernal (asesor de la gerencia general del Emisor) da cuenta de cuál podría ser la política económica que centre su funcionamiento en una estrategia verde.

El análisis Cambio climático: políticas para manejar sus efectos macroeconómicos y financieros, trae varias recomendaciones sobre lo que pudiera darse con el impuesto al carbono, como estrategia para una política de estímulo a la inversión que premie las fuentes no convencionales.

Entendiendo que la pandemia del covid-19 puede agudizar el uso de materiales como el plástico o el mayor consumo de energía en los hogares, los autores proponen que sea momento de hacer cambios estructurales en la política económica verde: habría que plantear la posibilidad de establecer un piso en el precio del carbono.

Ocampo y Bernal expresan la necesidad de que, en caso de no darse esa iniciativa, se podría pensar en la posibilidad de reducir los techos de emisión y eliminar gradualmente las subvenciones a los sectores intensivos en carbono.

 “Una política de precios del carbono es un determinante clave en el desarrollo de la demanda de energía y emisiones, y un importante motor de inversión en energías renovables”, dicen los autores en el informe.