El hueco fiscal dejado por el plan de contingencia para enfrentar la pandemia sigue generando debate, sobre todo en cuanto a cuál es el mejor mecanismo para nivelar las finanzas del Estado en los próximos años.
Una de las alternativas que está sobre el tapete tiene que ver con la propuesta de la venta de activos de la Nación para poder equilibrar las finanzas presupuestales. Incluso, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) volvió a insistir en que más pronto que tarde se debe acudir a esta solución.
Obviamente todo el foco está puesto en la discusión del actual Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2021, que se desarrolla en las Comisiones Económicas del Congreso.
Ahora, la de la venta de activos no es una idea nueva. Es más, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que “en el Presupuesto de este año se incluían enajenaciones por $8 billones, que no se hicieron. El próximo año se incluyen por $12 billones porque estamos analizando la posibilidad de si hay algún un activo o una parte de este que sea de interés del mercado. Siempre dejamos un rubro enajenaciones, que no quiere decir que vayamos a vender, pero tampoco que no lo vayamos a hacer, eso depende de la dinámica que haya en el mercado”.
Frente a ello, en un detenido análisis, el presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, señala que “lo primero que nos dice el Presupuesto es que el Gobierno quiere gastar mucho en 2021 para contrarrestar los efectos económicos que nos está dejando el 2020 por la aparición del covid-19 y las medidas de salud pública que implicó. Esta decisión la consideramos apropiada, siempre y cuando se tomen las medidas necesarias en el futuro para retornar a una senda de deuda sostenible”.
“El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que ‘en el Presupuesto de este año se incluían enajenaciones por $8 billones, que no se hicieron’”
ANIF señala que “ese mayor presupuesto va en línea con el incremento de las necesidades de gasto relacionadas con la atención del coronavirus en 2020 y, parcialmente, en 2021, pero también con los compromisos adquiridos previamente en frentes clave como la seguridad social, infraestructura, educación, entre otros, definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Vale la pena mencionar que el presupuesto para el 2021 refleja los supuestos macroeconómicos que presentó el Gobierno Nacional en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y que parten de una recuperación muy rápida de la economía”.
Sostiene el informe que según el Ministerio de Hacienda, los recursos para financiar el PGN-2021 provendrían de los ingresos corrientes ($154 billones, 49,1% del total de recursos), los cuales se explican principalmente por los ingresos tributarios; los recursos de capital ($124 billones, 39.4%); los recursos propios de los establecimientos públicos nacionales ($19 billones, 6%); y las rentas parafiscales y fondos especiales ($17 billones, 5.5%)
“Eso quiere decir que aproximadamente una tercera parte (30,8%) de los recursos de capital necesarios para financiar el presupuesto de gasto dependen, en gran medida, de condiciones de mercado que favorezcan la venta de activos de la Nación, la coyuntura política y la consecución de otras fuentes de financiación. Todos esos aspectos se encuentran por fuera del espectro de control del Gobierno Nacional. De hecho, para la vigencia 2020 ya vimos lo difícil que resulta cumplir con las metas de enajenación de activos”, sostiene el centro de análisis.
Ingresos
Sin embargo, la entidad recalca que “una de las estrategias con las que cuenta el Gobierno para ampliar sus fuentes de ingresos son las enajenaciones, pues han demostrado ser positivas para la obtención de ingresos adicionales por parte de la Nación, así como para la rentabilidad empresarial. Un claro ejemplo es el proceso de democratización de la propiedad accionaria de Ecopetrol, que inició hace más de una década, con aprobación de la Ley 1118 de 2006 a través de la cual el Congreso autorizó una participación del capital privado hasta de 20%”.
La inyección de recursos trajo beneficios importantes para el país, los dueños de las acciones y la empresa, por lo que continuar con el proceso de democratización de la empresa y de otras en las que la Nación tiene participación, es una opción que se debe contemplar.
“El PGN-2021 contempla la realización de enajenaciones por $12 billones en 2021, aunque no se especifican los detalles”
Como se dijo, el PGN-2021 contempla la realización de enajenaciones por $12 billones en 2021, aunque, desafortunadamente, no se especifican los detalles de la forma como se llevarán a cabo. Una de las posibilidades para lograr ese plan es avanzar de manera decidida en la democratización de Ecopetrol, ya que a la fecha la participación de capital privado representa cerca de 12%, lo que quiere decir que hay un espacio adicional, cercano al 8%, para aumentar la participación privada.
De igual forma, es necesario retomar la discusión de la venta de la participación accionaria del Gobierno en empresas filiales de Ecopetrol como Cenit, dado que son activos sustantivos que permitirían la consolidación de ingresos importantes.
Asegura el centro de pensamiento que “así se podría cubrir una parte de los ingresos que se requieren a partir de 2021, aunque es difícil. En 2022 será prácticamente imposible adelantar acciones de este tipo por las elecciones, tanto legislativas como presidenciales, que habrá ese año. Es decir, al Gobierno le espera una ardua tarea en esta materia en 2021 si quiere materializar estos recursos”.
Participación
Asimismo, Santamaría explica que “otra posibilidad es que la Nación empiece un plan para vender su participación en todas las empresas en las cuales tiene representación minoritaria y, por lo tanto, no tiene poder de decisión ni control”.
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Indica que en ese caso, las entidades públicas que ostenten la participación de esas empresas podrán enajenar su participación directamente o a través del colector de activos de la Nación, Central de Inversiones (CISA), siguiendo las normas del derecho privado. Los ministerios de Transporte y de Agricultura tienen la mayor parte de la tarea pues, a través de estas dos entidades la Nación tiene participación minoritaria en más de 40 empresas.
Según el último Reporte Anual de Empresas de la Nación disponible (MHCP, 2019), el valor patrimonial ajustado por participación de la Nación en esas empresas alcanzaba los $2,6 billones. Si bien los ingresos que obtendría la Nación de la venta de esos activos no son suficientemente sustanciosos para asegurar el cierre fiscal, sí permiten aliviar parte de las cargas. En ese sentido, un primer paso podría ser la venta de 32,5% que tiene la Nación de participación en Coltel, que representa cerca de 81% del valor patrimonial.
“Santamaría explica que ‘otra posibilidad es que la Nación empiece un plan para vender su participación en todas las empresas en las cuales tiene representación minoritaria’”
Al respecto, la representante Katherine Miranda, del Partido Verde, manifiesta que el Gobierno está presentando un presupuesto desfinanciado con una tasa de crecimiento del 5,5% y menos nivel de recaudo para el país. Por lo mismo, le reclama al Ejecutivo que “no hayan más mentiras y engaños, además que el Ministro de Hacienda había manifestado que no iba a tocar a Ecopetrol que son empresas del país y las van a tocar”.
A su vez, el Centro Democrático, con la vocería de la senadora María del Rosario Guerra, dijo que el proyecto de presupuesto es responsable y responde a las dificultades que se han presentado por la pandemia del covid-19 y se ajusta a la realidad económica y social del país.
Sin embargo, la colectividad es partidaria de la venta del 8% de Ecopetrol, como ya lo había manifestado la senadora Paloma Valencia.
Más claridad
En el Congreso, la Contraloría General de la República dio a conocer las observaciones que tiene en torno al Presupuesto General de la Nación del próximo año, el cual asciende a los $314 billones.
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Uno de los puntos que más le llamó la atención al ente de control es la poca claridad que hay frente a la venta de activos contemplada en el proyecto de ley, y que permitirá un recaudo de $12 billones.
Para poder estimar si este valor es adecuado o no, se debería que tener una mayor claridad acerca de cuáles son los activos que se piensan vender, es un valor significativo y no es fácil recaudarlos a través de enajenaciones”, explicó Carlos Castillo, contralor delegado para economía y finanzas públicas.