En ocho días se conmemorarán cuatro años de la firma en Cartagena del accidentado acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las Farc. Seis días después dicho pacto sería denegado en las urnas en el plebiscito referendario, pero el Ejecutivo se saltó el dictamen popular y siguió adelante con un acuerdo que se sabía tendría muchos problemas de implementación y en el que no estaba asegurado que habría verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las víctimas.
Cuatro año después esos pronósticos sobre las falencias del acuerdo se hacen evidentes, a tal punto que la impunidad sobre los delitos de las Farc sigue primando y la terminación definitiva del conflicto, que se supone era su objetivo principal, brilla por su ausencia, como lo prueba el hecho de que el grupo armado ilegal más peligroso hoy en Colombia es, precisamente, el de las disidencias de las Farc.
El mejor ejemplo de poca disposición de los jefes guerrilleros desmovilizados es su reiterada insistencia a negar que esa guerrilla tuvo como política reclutar niños, niñas y adolescentes, lo que en opinión de observadores desde distintas orillas políticas debería llevar a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) a imponerles medidas severas que impliquen, incluso, penas de prisión.
Otro aspecto es la entrega de bienes, cuyo plazo se vencía en julio y debió ampliarse hasta el 31 de diciembre cuando los exintegrantes de las Farc deberán, según el respectivo decreto, “realizar la entrega material de todos los bienes incluidos en el inventario”. Vencido el plazo se informarán los resultados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación.
Como lo afirmó un reciente editorial de EL NUEVO SIGLO, las facciones de las Farc que nunca se desarmaron o que, incluso habiéndose desmovilizado, optaron por volver a las armas, son hoy por hoy uno de los principales factores generadores de violencia.
Las estimaciones oficiales sobre su tamaño y evolución desde finales de 2016, demuestran que el país ya no se encuentra ante un fenómeno residual ni típico de “disidencias”. Según cálculos de las Fuerzas Militares, las facciones de las Farc tienen hoy no menos de 4.600 efectivos, de los cuales más de 2.600 serían combatientes activos y el resto haría parte de los grupos de apoyo logístico y personal no uniformado de infiltración, recolección de información y testaferrato. Pero hay cálculos que señalan que serían más los hombres-arma.
Las estimaciones oficiales sobre su tamaño y evolución desde finales de 2016, demuestran que el país ya no se encuentra ante un fenómeno residual ni típico de “disidencias”
Su área de operación sería de no menos de 120 municipios de una veintena de departamentos, sobre todo del sur, occidente y oriente del país. Estos grupos estarían comandados por alias ‘Gentil Duarte’, dirigente histórico que nunca se integró al acuerdo de paz, así como por ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’, todos ellos desmovilizados pero que reincidieron en la subversión.
Enfrentadas incluso en algunas regiones, ambas facciones tienen sin embargo un común denominador: intentan controlar el negocio del narcotráfico y sus rutas de distribución.
Política
En este contexto es que el Gobierno nacional ha presentado los resultados de los dos años que lleva implementando el acuerdo con la política de Paz con legalidad, es decir tratando de corregir lo pactado hasta donde es posible.
De hecho, el presidente Iván Duque, exsenador del Centro Democrático, llegó al cargo respaldado por su partido y por el movimiento de centro derecha que posibilitó la victoria del no en el plebiscito. En la campaña en segunda vuelta dijo que con los acuerdos “ni trizas, ni risas” y se comprometió a corregir lo que merece ser corregido, lo que le ha valido las lógicas críticas de los defensores del sí, pero también de sectores radicales del uribismo.
Por lo pronto, Duque está decidido a continuar en los próximos dos años desarrollando todos y cada uno de los elementos contenidos en la política de Paz con legalidad y a dejar firmemente sentadas las bases de la transformación de los territorios y del desarrollo social que traerá bienestar a sus habitantes.
El miércoles, al presentar los logros de su política, se preguntó “¿qué ha ocurrido en nuestra historia para que, después de procesos que llamamos de paz, no se vaya de nuestro territorio esa expresión cruel de nuestra violencia?”.
El mandatario subrayó que una de las lecciones que ha dejado la historia es que edificar la paz requiere del cumplimiento de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
“Si nosotros construimos justicia, lo que significa la ausencia de impunidad, no seguirán presentándose nuevas expresiones de violencia, porque la impunidad es partera de nuevas formas de violencia”, señaló.
Añadió que “también es importante destacar que si se dice la verdad y la verdad va acompañada de justicia, existe para las víctimas un horizonte de esperanza” y “que la reparación sea efectiva y que se logre la no repetición”.
“Pero, tristemente, lo que hemos visto en los últimos 50 años, es que muchos de los que han sido beneficiados con la generosidad del Estado, para hacer un proceso de transición, terminan fácilmente tentados por el regreso a la actividad criminal”, advirtió.
Agregó que describía la situación “no para sembrar pesimismo, sino para que entendamos que la construcción de la paz debe tener un fundamento realista y es que, de una vez por todas, con la evolución de nuestro ordenamiento normativo y la evolución también del derecho internacional, los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición sean la piedra angular de la construcción de la paz”.
Duque dijo que describía la situación “no para sembrar pesimismo, sino para que entendamos que la construcción de la paz debe tener un fundamento realista”
Duque, con su política, se ha planteado como objetivos honrar la responsabilidad histórica con el país y con su gente, garantizar que se repare a las víctimas, valorar la trascendencia de cumplir con quienes están en proceso de reincorporación y con las familias comprometidas en la sustitución de cultivos ilícitos, además, asegurar que en los territorios más afectados por la violencia se inicie el camino hacia la estabilización definitiva.
La política está concebida para estabilizar los territorios más golpeados por la violencia y la pobreza, fijando el derrotero de las acciones para implementar y cumplir con el propósito de mejorar las condiciones de vida de 6,6 millones de colombianos que habitan en las zonas más vulnerables.
Logros
Frente a las voces que niegan las acciones del Gobierno para cumplir lo acordado, Emilio José Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, invitó “a mirar las cifras y dejar de lado las mentiras que dicen que no hemos hecho nada en la implementación. Aquí estamos mostrando que la paz es con hechos y que desde ya se tienen resultados. No a la politiquería con este tema”.
Según la Casa de Nariño, el Gobierno nacional formuló la Hoja de ruta única, herramienta que permite articular diversos instrumentos de planeación y determinar el cronograma de las intervenciones públicas que se precisan en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza a lo largo de diez años.
En ese sentido formuló 14 de los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en cuyas jornadas de elaboración participaron más de 220.000 ciudadanos, quienes priorizaron y organizaron 32.808 iniciativas. Ha sido uno de los ejercicios de planeación participativa promovido por un Gobierno, más ambiciosos en toda la historia republicana del país.
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En las regiones PDET se han entregado 888 obras y 82 se encuentran en ejecución, con una inversión de $164.000 millones aproximadamente; esto es un promedio de 35 obras entregadas cada mes, más de una diaria.
Las obras comprenden infraestructura social y comunitaria, infraestructura vial, servicios públicos y reconciliación. En los últimos 24 meses, estos son algunos de los logros más destacados en los municipios más afectados por la violencia y la pobreza: 4.254 ciudadanos accedieron por primera vez al servicio de energía eléctrica; 17 proyectos de electrificación rural se encuentran en curso, que llevarán por primera vez energía eléctrica a otras 3,840 familias.
Por otra parte, con una inversión de 17,3 millones de dólares; 3.088 accedieron al servicio de agua potable por primera vez; 10.800 jóvenes accedieron a la educación superior (una de las universidades privadas más grandes del país, la Universidad de los Andes en Bogotá, cuenta con 14.556 estudiantes en pregrado); 203 centros educativos recibieron dotación de material pedagógico; 1.868 agricultores tienen asegurada la compra y comercialización de sus cosechas.
Adicionalmente, 16.446 personas se han beneficiado, en los últimos 24 meses, del programa del Gobierno para construir capacidades empresariales a través de la cofinanciación y acompañamiento de proyectos productivos a través de una inversión directa de 14,25 millones de dólares; se han instalado 165 Zonas digitales rurales que permiten acceso a servicios de internet en igual número de municipios PDET; se han otorgado 752.000 cupos de formación para el trabajo en las regiones PDET.
El instrumento de Obras por impuestos, que les permite a los empresarios del sector privado destinar hasta un 50% de su impuesto de renta en obras directas para la paz, registra una inversión de $677.317 millones para ejecutar 100 proyectos.
En total se han aprobado recursos en el OCAD Paz durante este gobierno por un valor de $2,6 billones en un total de 411 proyectos, para municipios PDET
En total se han aprobado recursos en el OCAD Paz durante este gobierno por un valor de $2,6 billones en un total de 411 proyectos, para municipios PDET, se han aprobado 217 proyectos por $1,7 billones
Al finalizar la ejecución de estos proyectos, los 170 municipios tendrán entre otros: 1.624 kilómetros de vías mejoradas, beneficiando a más de 1,8 millones de personas; 31 acueductos y alcantarillados construidos y optimizados, con un impacto en 137.000 personas; 3.056 viviendas con acceso al servicio de energía eléctrica, beneficiando a más de 11.000 personas; 15 sedes educativas dotadas, que facilitarán las condiciones de más de 1.600 estudiantes.
La Agencia para la Renovación del Territorio (ART) puso en marcha seis proyectos integradores en las regiones PDET de Sur de Bolívar, Chocó, Sur de Córdoba, Montes de María, Pacífico Medio, Catatumbo, y Pacífico y Frontera Nariñense. Hablamos de proyectos de impacto regional y que suman una inversión de $31.800 millones.
Seguridad a excombatientes
En el informe del Gobierno se resalta que su compromiso con la seguridad y protección de los excombatientes de las Farc es absoluto. Por eso, se ha dispuesto que su articulación se realice directamente de la Presidencia de la República, con énfasis en la prevención, bajo un concepto integral de seguridad en el contexto de la reincorporación y del cumplimiento del Acuerdo y con una política de cero tolerancia frente a conductas irregulares de agentes del Estado.
A la fecha están implementados 265 esquemas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección:226 individuales; 12 colectivos; 26 para antiguos ETCR y uno para la sede del partido Farc.
Más de 3.900 efectivos de las Fuerzas Militares y de Policía prestan servicios de protección en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, es decir, un promedio de 1,05 efectivos de Fuerza Pública por cada persona que allí habita.
Reducción de cultivos ilícitos
Como se señala en la política de Paz con legalidad, este Gobierno “está comprometido con reducir los cultivos ilícitos por el convencimiento del daño que conllevan la sociedad, la familia, los jóvenes, el medio ambiente entre otros. Así, en el marco de la legalidad, creemos que todas las plantas ilegales deben ser erradicadas y para ello, el Estado cuenta con las opciones de grupos de erradicación manual y aspersión. Entendemos sí, que existe la opción de sustituir voluntariamente y en cuanto ello se haga en estricto apego a la ley, cumpliremos lo acordado con las familias de colombianos”.
Durante estos dos años, el Gobierno ha invertido 232 millones de dólares en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) que ha beneficiado a las 99,097 familias que le apostaron a la legalidad en 14 departamentos y 56 municipios del país.
Para apoyar a las familias que se encuentran en el PNIS se avanza en lograr 16.121 hectáreas de coca erradicadas voluntariamente por las familias y con asistencia de la Fuerza Pública.
Además 74.255 familias recibiendo pagos por concepto de asistencia alimentaria inmediata, 60.877 familias recibiendo insumos y herramientas por concepto de autosostenimiento y seguridad alimentaria y 61.769 familias recibiendo el servicio de asistencia técnica integral.
Durante estos dos años, el Gobierno ha invertido 232 millones de dólares en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)
A través de la estrategia de Formalizar para sustituir, con la cual se proyecta atender un total de 1.500 familias en municipios potenciales de los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo, Norte de Santander. Este modelo que tiene como objetivo apoyar la sustitución y la formalización de aproximadamente 4.311 hectáreas, es trabajado articuladamente con la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas.
Espiral de violencia
Los más recientes informes de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señalan que en lo corrido del año se han producido al menos 29 casos de asesinatos colectivos con más de 143 víctimas en total. Sin embargo, si se incluyen los hechos en los que se han presentado al menos tres decesos, el número de masacres se incrementa a 55 y el de víctimas a 218.
Alberto Brunori, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, dijo que en el 2019 se registraron 36 masacres, en medio de las cuales fueron asesinadas 133 personas. Esta cifra fue la más alta desde el 2014 pero ya estaría por debajo de la registrada este año.
Vale mencionar que los departamentos más afectados por este tipo de hechos durante el año han sido Antioquia con 12 episodios; Nariño y Cauca, con 8 cada uno; Norte de Santander con 5, Putumayo con 4, así como Chocó, Córdoba y el Valle del Cauca con 2.
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Apoyo multilateral
Naciones Unidas y OEA han acompañado la implementación de la política de Paz con Legalidad, aunque con algunas consideraciones.
En abril, la ONU destacó el compromiso del Gobierno para asegurar la implementación sostenida de programas relacionados con la paz, pese a los desafíos, entre ellos el contexto que plantea la emergencia por el coronavirus.
Así lo manifestó el Jefe de la Misión de Verificación en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, al presentar al Consejo de Seguridad del organismo, por medio de una sesión virtual, el informe del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, sobre el período comprendido del 27 de diciembre de 2019 al 26 de marzo.
En el mes siguiente, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) valoró la disposición del Gobierno por afianzar la paz en los territorios, bajo los principios de legalidad, equidad y emprendimiento. El jefe de la MAPP/OEA, Roberto Menéndez, hizo un llamado al Estado en todas sus dimensiones para entregar resultados concretos y plenas garantías de seguridad a las poblaciones.
“Insistimos en la necesidad de que las instancias nacionales y locales existentes para la prevención y la protección de liderazgos sociales se coordinen, que haya una decidida vinculación de las gobernaciones y alcaldías, y que la participación de la población afectada se garantice”, señaló Menéndez.