La “nueva realidad procesal” en el caso contra Álvaro Uribe

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El próximo 8 de octubre se cumple el primer año desde que el ex senador Álvaro Uribe Vélez fue vinculado formalmente por la Corte Suprema de Justicia al proceso penal que hoy lo detiene bajo detención domiciliaria como presunto determinador de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación pena.

Ese día de 2019 y durante más de seis horas, Uribe rindió interrogatorio ante la Sala Especial de Instrucción donde pasó de acusar a su entonces colega senador del Polo Democrático Iván Cepeda por manipulación de testigos, a ser el acusado de las mismas conductas.

Desde entonces, la defensa del ex senador y ex presidente ha librado una intensa batalla judicial para demostrar, en primer lugar a la Corte, varios hechos fácticos. El primero es que no existe una sola prueba en su contra que lo vincule con una posible manipulación de testigos, sino que el alto tribunal inició el proceso con base en “inferencias razonables” como lo definió el magistrado sustanciador, magistrado César Reyes Medina.

Pero, además, el equipo que lidera el abogado Jaime Granados Peña insistió en la necesidad de levantar la reserva del sumario como única posibilidad de frenar la continua filtración de piezas procesales que a lo largo de estos meses se han venido ventilando en los medios de comunicación.

También la defensa pidió el llamado a declarar de varios testigos clave en el proceso, como Juan Guillermo Monsalve o Calos Enrique Vélez, sin que la Corte aceptara tal solicitud.

Por ello, el pasado 18 de agosto el entonces senador Uribe Vélez decidió renunciar a su curul congresional para que la competencia de su caso pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía General dela Nación, como efectivamente ocurrió esta semana.

Quiere decir que si bien el abogado Granados y su equipo logró una importante victoria al hacer que la Sala de Instrucción aceptara su pérdida de competencia para investigar y juzgar a su cliente la verdadera batalla jurídica apenas comenzó el segundo tiempo, esta vez en la justicia ordinaria.

Pero así como Granados y su bufete de juristas gozan de amplio prestigio nacional, no menos lo es el fiscal asignado al caso directamente por el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.

Se trata de Gabriel Ramón Jaimes Durán, actual coordinador del equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia,  un funcionario de carrera con más de 25 años de experiencia y una hoja de vida que acreditan sus calidades para conducir investigaciones de gran impacto nacional.

En menos de una semana –el proceso pasó formalmente de la Corte Suprema a la Fiscalía el pasado jueves- y ya el fiscal Jaimes Durán tomó dos decisiones de fondo, de ellas solo una favorable para los intereses de la defensa.

La primera y más urgente es que rechazó la petición de Granados de otorgarle “la libertad inmediata” a Uribe Vélez en razón del traslado del expediente de la máxima corporación de justicia ordinaria al ente acusador del Estado.

“El fiscal a cargo de la investigación rechazó la solicitud de libertad presentada por la defensa técnica del ex senador Álvaro Uribe Vélez porque este tipo de peticiones solamente deben ser conocidas y decididas en audiencias preliminares por un juez de control de Garantías conforme a lo establecido por la Ley 906 de 2004 que diseño el Sistema Penal Acusatorio en Colombia”, informó la Fiscalía General en un comunicado.

Y la segunda decisión, esa sí favorable a la defensa del ex congresista, es el cambio de procedimiento, quiere decir que ya no seguirá aplicando el Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal, sino que se regirá por la 906.

Tal determinación la basó Jaimes Durán “luego de una primera revisión al proceso” para finalmente argumentar que la investigación “hace referencia a hechos que habrían ocurrido entre 2017 y 2018”.

Sin embargo, la defensa del ex senador Uribe tiene otras posibilidades con la aplicación del sistema Penal Acusatorio, y es que puede solicitar ante el fiscal del caso que se tramite la libertad de Uribe ante un juez de Control de Garantías mientras avanza la investigación.

Y mientras ello ocurre, Granados y sus asesores podrán solicitar al fiscal Jaimes Durán que se declare la nulidad de algunas actuaciones procesales que obran en el expediente, como las interceptaciones ilegales a Uribe Vélez pero que la Corte consideró válidas.

En su autonomía, el fiscal delegado podrá, además, ordenar la práctica de nuevas pruebas, llamar a los testigos que la defensa quiso contrapreguntar cuando el proceso estaba en la Corte Suprema, y hasta ordenar la preclusión del proceso por falta de pruebas o, incluso, acudir a la acusación formal ante un juez de Conocimiento.

En cualquier caso, esto tardará unos días más, pues así lo advirtió la Fiscalía en su comunicación del viernes pasado: “La complejidad de la investigación y la dispendiosa documentación del expediente, exigirá que en los próximos días se haga un estudio del caso para definir un método de tránsito entre los dos sistemas procesales”.

La defensa técnica

A pesar de que ya el fiscal Jaimes fijó su posición en cuanto a la libertad del ex senador Uribe, Granados insistirá ante el juez de Garantías en argumentos jurídicos basados en la propia jurisprudencia de la Corte Suprema cuando se han hecho el traslado de competencia a la Fiscalía y que implican el cambio de procedimiento de un sistema penal a otro.

“Por lógica, por coherencia, y en virtud al derecho a la igualdad, debe operar el mismo criterio: lo actuado ante la Sala Especial de Instrucción no puede tomarse como un equivalente a la imputación y medida de aseguramiento”, en virtud del cambio de legislación aplicable en este caso, sostiene Granados en su escrito ante la Fiscalía.

En ese sentido, dice que como ahora la competencia es del ente investigador, este deberá “decidir si procede o no a formular la referida imputación” pues a juicio de la defensa la privación de la libertad podría ser declarada legal y constitucionalmente como nula.

Eso es lo que llama la defensa como la “nueva realidad procesal” bajo la cual “se impone que la privación de la libertad ordenada por la Sala Especial de Instrucción el pasado 3 de agosto de 2020, no pueda seguir teniendo validez, en el marco de un proceso de Ley 906 de 2004”.

En ese sentido, el argumento jurídico del defensor es que con el cambio de procedimiento no se puede mantener una medida de aseguramiento de una legislación que ya no es aplicable en esta “nueva realidad procesal”.

“Es evidente que ante esta nueva realidad procesal la detención preventiva ordenada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, no tiene cabida, desde el punto de vista constitucional”, pues se estaría vulnerando el debido proceso de su cliente.

Los otros ruidos del proceso.

La semana que termina ha sido prolija en decisiones frente al proceso que se sigue contra el ex senador Uribe Vélez: se definió la competencia de la Corte Suprema de Justicia, el expediente fue trasladado a la Fiscalía General, se designó al fiscal encargado de llevar la instrucción y se definió su libertad así como el procedimiento que le será aplicable.

Simultáneamente, se produjeron otros hechos que han enrarecido aún más el ambiente exógeno a la Fiscalía, como las recusaciones del senador Cepeda, constituido en parte civil del proceso, en contra del fiscal General, Francisco Barbosa, y la vicefiscal Martha Mancera.

El senador de izquierda los recusó ante la Corte Suprema supuestamente por conflicto de intereses por su cercanía con el Gobierno del presidente Iván Duque que ternó al jefe del ente acusador.

Pero el alto tribunal desestimó por improcedente la solicitud de recusación pues esta, dijo, debió presentarse primero a los afectados para que decidieran si la admiten o no.

Con todo, ni Barbosa ni la vicefiscal Mancera admitieron estar incursos en inhabilidad o impedimento alguno.

A ello replicó Cepeda con el anuncio de una denuncia penal contra el Fiscal General de la Nación por “violar la ley” al no sustraerse de designar un fiscal delegado para continuar con la investigación del proceso a Uribe. De paso, anunció una recusación contra el fiscal Jaimes Durán, quien no se ha pronunciado sobre el tema.

También se conoció un elemento de juicio que ha levantado toda suerte de suspicacias, y es el contrato de prestación de servicios que suscribió en 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos, antes de ser nombrado como magistrado de la Corte Suprema, el hoy magistrado Reyes, ponente de la decisión contra Uribe.

La discusión ha girado en torno a si Reyes debió declararse impedido o puesto de conocimiento el tema ante la propia Sala Plena de la corporación.

Como era de esperarse, un grupo de 18 congresistas del Centro Democrático envió un derecho de petición a Reyes indagando por sus clientes como consultor privado y luego sus posibles nexos con miembros del partido Farc.

Pero en el tema entró a terciar la propia Corte Suprema de Justicia que negó responder a la petición del uribismo.

“Los señores congresistas que formulan el derecho de petición no ostentan ninguna de las calidades exigidas por el legislador para suministrarles la reservada información que demandan”, dice la respuesta de la Corte.

Y agrega que los peticionarios “No son sujetos procesales ni intervinientes, ni representantes de medios, como tampoco concurre alguna de las circunstancias previstas en las disposiciones, razones por las cuales no es posible acceder a la petición incoada”.

A todo lo anterior hay que añadir que varios medios de comunicación han continuado filtrando piezas procesales cobijadas por la reserva legal, razón por la que la defensa del ex senador ha insistido en la necesidad de que el proceso sea público para darle transparencia a la actuación judicial. Sobre este particular el fiscal asignado al caso no ha hecho ningún pronunciamiento.

Mientras tanto, el ex magistrado José Luis Barceló, el mismo que decidió como miembro de la Corte Suprema de Justicia abrir el proceso por manipulación de testigos contra Álvaro Uribe, rompió su silencio, y advirtió que tiene su “conciencia tranquila” y que las decisiones que se adoptaron en la Sala plena obedecieron a razones estrictamente jurídicas.

Esto, en respuesta a lo que ha reiterado el ex senador del Centro Democrático de que este es “un proceso sesgado con intenciones políticas”.

Ahora lo que resta para el abogado Granados es que la Corte se pronuncie uno a uno sobre su competencia en los otros 14 procesos que cursan en ese alto tribunal en contra de su cliente, entre ellos las investigaciones preliminares sobre las masacres de El Aro y la Granja, en Ituango (Antiquia) hace más de dos décadas, así como el crimen del defensor de  derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido por la misma época.

La Corte todavía no ha abordado esta solicitud, pero la defensa de Uribe confía en que la semana que comienza el alto tribunal empezará a abordar cada uno de estos expedientes para hacer un pronunciamiento de fondo, en razón a que ya no tiene la competencia para investigar y juzgar a un ciudadano que no cuenta con fuero constitucional.