En desarrollo de la actuación brutal de integrantes de la Policía Nacional la noche del 9 de septiembre, día nacional de los derechos humanos, que le causó la muerte a Javier Ordóñez, como lo ponen de manifiesto todos los videos que se conocen de ese lamentable episodio que ha provocado tanto rechazo e indignación en los colombianos de bien que salieron a protestar y que desafortunadamente aprovecharon los vándalos para destruir CAIs, buses de TransMilenio y vehículos en Bogotá.

En ese escenario de anarquía se produjo la muerte violenta de trece personas y más de un centenar de heridos; hechos que ponen en evidencia que las autoridades civiles y de policía por lo menos actuaron sin la coordinación necesaria y requerida para hacerle frente de manera eficaz a los hechos desencadenantes de los actos de violencia que se presentaron. La verdad es que la ciudad vivió momentos de caos y de zozobra sin que se pudiera neutralizar el vandalismo; hubo excesos en el uso de la fuerza. Ello obliga a la necesidad de repensar el papel de las autoridades civiles y los jefes de policía para que hechos tan dolorosos como los que ocurrieron no se repitan.

En diferentes sectores de opinión se reclama una reforma estructural de la institución de la Policía que adecúe su estructura actual para que sea un cuerpo enteramente civil, más cercano a la ciudadanía, más profesional en el tratamiento de la protesta social y más garante de los derechos ciudadanos, racionalizando sus métodos y el uso de la fuerza.

Hay que reconocer que la Policía en su tarea de persecución del delito hace esfuerzos y sacrificios en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y la ilegalidad, pero muestra deficiencias notorias en el tratamiento a quienes incumplen las normas del Código de Policía, la protesta social, los disturbios y las medidas de la pandemia. Parece que sus integrantes fueran más idóneos para prestar sus servicios en unas áreas que en otras. Puede haber fallas en los protocolos y en los procesos de incorporación, se dice. ¿Los patrulleros que permanecen en las calles sí reciben preparación adecuada para atender tales actividades?  Es la evaluación que debe hacerse con toda responsabilidad y si es así proceder en consecuencia.

Para cualquier plan de reforma hay que tener en cuenta que la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional distingue la Policía Nacional de las Fuerzas Militares por la falta de disciplina castrense y por su naturaleza civil (art.218 C.P.). Lo anterior implica que los inferiores son responsables de la ejecución de las órdenes que reciban, o sea, no cabe la figura de la obediencia de vida respecto de quien dio la orden como si ocurre con las Fuerzas Militares. También se propone por algunos que la Policía se reubique del Ministerio de Defensa para que pierda su influencia militar y se adscriba al Ministerio del Interior. La verdad es que esa propuesta es inconveniente porque los Ministros del Interior permanecen la mayor parte del tiempo en el Congreso impulsando la agenda legislativa, entonces nadie los coordinaría. El debate queda abierto.