Marihuana recreativa, ¿otro votofinish en Congreso?

Foto archivo El Nuevo Siglo

Es largo el camino que todavía le falta por recorrer al proyecto de reforma constitucional que despenaliza el uso recreativo de cannabis para personas adultas, que esta semana fue aprobado por la Comisión Primera de la Cámara.

Por una parte es apenas el primero de ocho pasos que debe dar la iniciativa para modificar el ordenamiento jurídico colombiano.

Pero además es que la propuesta ya logró dar ese paso, siendo aprobada en la misma célula legislativa hace un año (el 24 de septiembre de 2019), alcanzó a tener el 1 de octubre ponencia positiva para un segundo debate que jamás se dio, por lo que el articulado fue archivado por vencimiento de términos.

A la expectativa que no vuelva a pasar lo mismo, el jueves los representantes por el Valle del Cauca, Juan Fernando Reyes, y por Bogotá, Juan Carlos Losada, ambos del Partido Liberal, celebraron la aprobación del proyecto de acto legislativo número 06 de 2020 Cámara, “por medio del cual se modifica el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia y se regulariza el uso recreativo del cannabis”, radicado el 20 de julio.

Lo acompañaron en la iniciativa los congresistas Carlos Ardila, Fabio Arroyave, Andrés Calle, Alejandro Carlos Chacón, Ángel María Gaitán, Harry González, Julián Peinado y Alejandro Vega (Partido Liberal), Inti Asprilla, Juanita Goebertus, Katherine Miranda, Catalina Ortiz y Mauricio Toro (Alianza Verde), Germán Navas (Polo Democrático), José Daniel López y César Lorduy (Cambio Radical) y Alfredo Deluque (La U).

El miércoles la Comisión votó, pero se registró un empate con 19 congresistas que respaldaban el proyecto e igual número que se oponía, por lo que al día siguiente se repitió la votación, logrando los mismos 19 a favor, pero solo 16 en contra.

Uribismo

¿Estará tan dividida la votación en la plenaria de la Cámara? Un aspecto que puede inclinar la balanza es la posición del representante por Bogotá, Gabriel Santos, del Centro Democrático, que el miércoles y el jueves votó a favor aunque su bancada se opone a la iniciativa.

Un aspecto que puede inclinar la balanza es la posición del representante por Bogotá, Gabriel Santos, del Centro Democrático, que el miércoles y el jueves votó a favor aunque su bancada se opone a la iniciativa.

Las recriminaciones contra Santos le han llovido, al punto que se multiplicaron trinos con el numeral #GabrielSantosrenuncieCD, sin embargo varios de sus copartidarios salieron en su defensa. Por ejemplo, el representante por Risaralda, Gabriel Jaime Vallejo, anunció su “apoyo incondicional a mi compañero de bancada Gabriel Santos, quien con argumentos y defendiendo sus principios y convicciones votó afirmativamente el proyecto de acto legislativo que permite el uso de la cannabis recreativa. Congresistas como él son los que necesita este país”.

Santos le agradeció el gesto, anotando que es “difícil encontrar respeto en medio de tanta diferencia”. También el senador uribista Ciro Ramírez le expresó “toda la solidaridad” a Santos, felicitándolo “por defender sus convicciones las cuales comparto sobre el consumo de la marihuana recreativa. Debemos respetar la opinión de todos y bienvenida la discusión. Eso es lo que necesitamos: más argumentos”.

El lunes, cuando se reúna la bancada, se sabrá si sus compañeros consideran que debe aplicársele la ley de bancadas, la Ley 974 de 2005 que estableció que los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido deben actuar en forma coordinada y en bloque, dejando las sanciones a ese régimen a los estatutos de cada colectividad; aunque este tema específico podría ser considerado como un asunto de conciencia, que es la excepción por la que una bancada puede otorgar a sus miembros la libertad de votar de acuerdo a su criterio individual.

Con todo, Santos dijo el viernes en entrevistas radiales que “los partidos no pueden convertirse en unas camisas de fuerza, en unas instituciones estáticas absolutamente ignorantes del cambio. Yo creo que, en ese orden de ideas, es una lucha valiosa que abre un espacio para un pedazo de la sociedad que no se encuentra representada en esas posturas prohibicionistas”.

Santos ha explicado que considera importante que se emprendan campañas para que las personas sean conscientes de los riesgos y afectaciones que el consumo de la marihuana pueda generar; además ha anotado que “ya el mundo ha dado pasos en torno al tema. Hay evidencias a nivel internacional donde se redujeron las rentas ilegales del narcotráfico de marihuana, en un 20% en tres años. Esta es la oportunidad para construir una política donde sean los colombianos adultos mayores de edad quienes puedan por fin de tomar esas decisiones”.

Reforma

La reforma constitucional establecería que "el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. (….) La prohibición prevista en el inciso anterior no aplicará frente al cannabis y sus derivados para el uso recreativo por parte de mayores de edad y dentro de los establecimientos que disponga la ley. Tampoco aplicará para la destinación científica de estas sustancias, siempre y cuando se cuente con las licencias otorgadas por la autoridad competente. La Ley podrá restringir y sancionar el porte y consumo del cannabis y sus derivados en espacios públicos y zonas comunes".

Básicamente con esto lo que se busca es que quien ya sea consumidor de marihuana no tenga que recurrir a la delincuencia para adquirir el producto, sino que lo consiga en expendios autorizados legalmente.

Según el representante Reyes, "ante la inminente crisis económica producto de la covid y el disparo del desempleo en el país, la regulación del cannabis representaría un gran alivio para nuestra economía. En Estados Unidos la industria de la marihuana ha creado entre 165.000 y 230.000 empleos, mientras que en Canadá́ el mercado ilegal ya ha perdido un 30% de su participación. Esto representa alrededor de 2 billones de dólares en ventas que no pasaron por organizaciones criminales".

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en marzo de 2019 advirtió que el uso del cannabis con fines no medicinales contraviene los tratados internacionales de fiscalización de drogas

El Gobierno aún no se ha pronunciado oficialmente, pero tiene a la mano un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que en marzo de 2019 advirtió que el uso del cannabis con fines no medicinales contraviene los tratados internacionales de fiscalización de drogas y es un riesgo para la salud, tras analizar la legalización recreativa del cannabis en varios estados de Estados Unidos y en Canadá, concluyendo que una regulación insuficiente de su uso con fines médicos ha permitido que la droga se utilice para otros fines.

"La legalización del cannabis con fines recreativos representa no solamente una dificultad u obstáculo para la aplicación universal de los tratados sino también un problema muy importante para la salud y el bienestar, en particular para los jóvenes”, aseguró Luis Otarola Peñaranda, miembro de la junta en Perú.

Proyectos similares

Al buscar qué otros proyectos han buscado cosas similares se encuentra que hay dos que no provienen de congresistas radicales, aunque igualmente no fueron siquiera debatidos.

Uno de ellos fue el proyecto de ley número 203 de 2012 Cámara, “por medio del cual se despenaliza la siembra y cultivos de la mata de coca, marihuana y otras plantas que producen sustancias psicoactivas”, radicado el 21 de marzo de 2012 por el entonces representante por Guaviare, Constantino Rodríguez, del Centro Democrático, archivado sin ningún debate por tránsito de legislatura en junio siguiente.

Rodríguez proponía que la siembra y cultivos de plantaciones de coca y marihuana, así como el comercio, procesamiento, distribución y consumo de sustancias psicoactivas, dejarán de ser delito en Colombia, con lo que también dejaría de existir la aspersión área y la erradicación manual de los cultivos de coca, marihuana y demás plantas que producen sustancia psicoactivas.

La iniciativa facultaba al Gobierno nacional para que en un plazo no inferior a un año estableciera los instrumentos necesarios que permitan prevenir el consumo y manejar médicamente la adicción. El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) debería diseñar planes de prevención para evitar el consumo de estas sustancias y atención a la población drogadicta.

Una década antes, el 22 de agosto de 2001 la entonces senadora Viviane Morales, del Partido Liberal, radicó el proyecto de ley número 84 de 2001 Senado, “por medio del cual se implementa una nueva política para la lucha contra las drogas, se regula la producción, distribución y consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, se responsabiliza al Estado de la atención de los adictos y se establecen mecanismos para la puesta en marcha de estas medidas”.

La propuesta de Morales, que también se hundió en junio de 2002 sin debatirse por tránsito de legislatura, era que el cultivo, producción, distribución y consumo de marihuana, cocaína, heroína y demás sustancias psicoactivas que produzcan dependencia psíquica o física, en cualquiera de sus fases, no constituyera delito ni contravención.

Se transformaba sustancialmente el Consejo Nacional de Estupefacientes para dar lugar a la Comisión Nacional para la Lucha Contra las Drogas. La producción, distribución y comercialización de estas drogas estaría a cargo del Estado, el que las ejecutaría directamente o mediante concesiones.