Congreso no quita la lupa a la Policía tras recientes desórdenes   | El Nuevo Siglo
Foto archivo ENS
Viernes, 18 de Septiembre de 2020
Redacción Política

No paran los debates de control político del Congreso de la República al Gobierno nacional por la actuación de la Policía la semana anterior en Bogotá, en donde inicialmente un ciudadano perdió la vida en un aparente caso de exceso de fuerza y porque durante el control de los violentos desórdenes que se produjeron por este hecho, algunos uniformados dispararon sus armas de dotación. 

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha tenido esta semana un par de citaciones de Senado y Cámara sobre estos incidentes, aunque se excusó de asistir a esta última.

Trujillo García ha reiterado a la opinión pública y al Congreso tras la muerte del ciudadano Javier Ordóñez en un operativo policial, que “los hechos violatorios de la ley en que puedan haber incurrido algunos uniformados, no pueden conducir a la estigmatización general, al señalamiento general que algunos pretenden hacer de la Policía Nacional”.  

Destacó que desde hace cerca de 10 meses la Policía viene en un proceso de reforma y modernización, que entre otros contempla revisar los protocolos que deben seguir los uniformados.

De igual forma el Ministro rechazó el vandalismo y la atrocidad de la violencia que se presentó principalmente en Bogotá, dejando 13 personas muertas, 209 civiles y 194 policías lesionados, más de 50 CAI vandalizados así como vehículos de transporte público incinerados.

Como consecuencia la oposición está promoviendo una moción de censura al Ministro de Defensa porque dicen que no hizo lo suficiente para prevenir estos graves desórdenes.

Frente a los desmanes que ocurrieron el 9 y 10 de septiembre en Bogotá, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República citó para este viernes a las 9:30 a.m. una audiencia pública para evaluar estos hechos.

La senadora Daira Galvis (Cambio Radical) pidió la intervención de organismos internacionales y solicitó que la Comisión de Derechos Humanos esté al tanto de esta situación.

Por su parte, la senadora Emma Claudia Castellanos (Cambio Radical) explicó que "la Comisión tiene un papel muy importante en este clima político inestable en el territorio de los colombianos, es fundamental escuchar a las víctimas, al Ministro de Defensa y a la Policía Nacional para examinar los hechos y llegar así a la verdad".

Mientras, la senadora Gricelda Lobo (Partido Farc) solicitó explicación por parte de la Policía Nacional y el ministro Trujillo, "para que brinden información sobre el uso desmedido de la fuerza policial, un hecho que evidencia la clara violación a los derechos humanos".

De igual forma, este jueves la Comisión Segunda del Senado hizo una audiencia pública para escuchar a las víctimas de los casos de presunto abuso policial que se habrían presentado durante las manifestaciones la semana pasada por la muerte del ciudadano Ordóñez.

Precisamente en el contexto de dicha audiencia pública el senador Iván Cepeda propuso a los demás parlamentarios enviar a la Corte Penal Internacional una queja dando cuenta de las actuaciones de la policía en esos desórdenes.

"Vamos a enviar una comunicación dando cuenta de los últimos hechos de violencia policial que no dudamos en catalogar de crímenes de lesa humanidad, en los cuales tiene directa responsabilidad el señor Presidente de la República y el Ministro de Defensa por omisión", señaló.

Otro debate

Para el próximo 29 de septiembre fue agendado un debate de control político en el Senado al que será citado el Ministro de Defensa por los hechos violentos de la semana anterior, informó el senador Roy Barreras.

Explicó que “lo que ocurrió esta semana no fue un debate de control político, fue una invitación protocolaria al Ministro de Defensa. El verdadero debate de control político con vocación de moción de censura será el próximo martes 29 a las 3:00 de la tarde como lo ha dispuesto la mesa directiva del Congreso”, indicó.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, está citado a varios debates de control político por los desórdenes tras la muerte de un ciudadano en un operativo policial.