El costo de las consultas populares y de las revocatorias de mandato, entre otros mecanismos de participación ciudadana, sería asumido por los alcaldes, según lo establece un artículo de proyecto del Presupuesto General de la Nación.

Así lo advirtió ayer la representante por Bogotá, Katherine Miranda, de la Alianza Verde.

“Quiero contarles de un gran ‘mico’ que encontramos en el artículo 107 que busca que sean los municipios quienes asuman los costos de los mecanismos de participación ciudadana. Recordemos que en años anteriores han sido los municipios más pobres del país quienes han utilizado estos mecanismos de participación, como la consulta ciudadana, para hacer defender su territorio”, dijo la congresista.

“Este es un ‘mico’ grandísimo, porque desincentiva gravemente la consulta popular para definir sobre su territorio. Estos mecanismos tienen un costo muy elevado y los municipios de pequeñas categorías no están dispuestos a asumirlos. Este es un atentado contra la democracia”, agregó.

Efectivamente, el artículo 107 del proyecto dice: “Las entidades territoriales que requieran convocar y llevar a cabo los Mecanismos de Participación Ciudadana establecidos en la Ley 1757 de 2015, girarán previamente los recursos necesarios para sufragar estos gastos al Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional. Dicho Fondo los incorporará en su presupuesto y con cargo a ellos atenderá los costos que demande la realización de dichos mecanismos”.

Según la congresista Miranda, “el Gobierno intentó meter este artículo en el Plan de Desarrollo y no lo logró. Ahora lo vuelve a presentar en el presupuesto. Hay que recordar que las consultas populares son financiadas por la Nación”.

Así mismo, indicó que una consulta popular vale más o menos $3.500 por persona presente en el censo electoral. “En un municipio de sexta categoría puede estar alrededor de los $150 millones una consulta popular, cifra que claramente afectaría las finanzas de los municipios, sin contar con que los presupuestos ya están comprometidos y en el momento en que los ciudadanos quieran hacer una consulta popular tendrían que tener el visto bueno del Alcalde y tener unos rubros para esa consulta cosa que no pasa. Un Alcalde no va a dejar $150 millones guardados por hacer una consulta popular que no sabe si se va a requerir”.

Además, Miranda sostuvo que “muchas consultas mineras –como la de Sucre, Santander o Cajamarca, Tolima– se hubieran visto estancadas por esta medida. Esto va en contra de las comunidades y la democracia, a favor del fracking y de las mineras”.

El artículo habla de mecanismos de participación ciudadana. Según la Registraduría, los mecanismos de participación son el plebiscito, la iniciativa popular legislativa, el referendo, la revocatoria del mandato y el cabildo abierto. Es decir, que de llegar a ser aprobado este artículo si la ciudadanía logra las firmas para la revocatoria del mandato será la misma Alcaldía la que debe colocar los recursos para que se adelante la votación.

El 11 de septiembre las comisiones conjuntas aprobaron el monto del Presupuesto General de la Nación avaluado en $271.7 billones.

Luego de aprobado el proyecto, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se dirigió a las comisiones y pidió seguir trabajando para construir “el mejor presupuesto para el próximo año. Empezamos el proceso de elaboración de la ponencia para hacer la votación a primer debate y desde luego, dado el monto, de $271.7 billones, los ajustes internos a ese monto se podrán discutir en este par de semanas”.

El presupuesto está repartido de la siguiente manera: $33.4 billones (12,3%) corresponden a gastos de personal, $8.7 billones (3,2%) a adquisición de bienes y servicios, $126.2 billones (46,4%) a transferencias de ley, $2,5 billones (0,9%) a comercialización y producción, $59.3 billones (21,8%) al pago del servicio de la deuda, $40.4 billones (14,9%) a inversión, y $1.2 billones (0,4%) a otras cuentas.

El Ministerio de Hacienda indicó que el presupuesto para el próximo año enfatiza el gasto social, por lo que tiene un incremento del 8,7% en ese rubro, pasa de los 108 a los $118 billones. Según Carrasquilla, el nuevo presupuesto tendrá la cifra más alta en materia de gasto educativo, al proponer un incremento de 6,7% hasta $43,1 billones, respecto a los $40 billones de la vigencia actual.