LA JUSTICIA escocesa sumó un revés judicial a los recientes golpes políticos recibidos por el primer ministro británico Boris Johnson: una corte de apelación declaró "ilegal" su decisión de suspender el parlamento hasta dos semanas antes del Brexit.

El gobierno de Londres insistió en que "nada ha cambiado", puesto que no hubo de momento una orden de anulación y apeló al Tribunal Supremo que examinará el caso el próximo martes.

Las dos cámaras del parlamento británico vieron sus labores suspendidas el martes de madrugada, al término de un debate largo y acalorado sobre la salida de la Unión Europea, y no deben reanudarlas hasta el 14 de octubre, dos semanas antes de la fecha prevista del Brexit.

Johnson justificó su petición de suspensión a la reina Isabel II por la necesidad de elaborar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno. Sin embargo, los opositores a un Brexit sin acuerdo la denunciaron como un intento de atarles las manos.

La tradicional ceremonia de suspensión, rodeada de gran pompa, fue boicoteada por la inmensa mayoría de los Lores en señal de protesta, mientras algunos diputados gritaban "¡vergüenza, vergüenza!" tras haber denunciado un "ultraje constitucional". 

El tribunal de apelación de Edimburgo les dio la razón. Por unanimidad, sus tres jueces consideraron que la medida tuvo "como objetivo obstaculizar al parlamento" y la declararon "ilegal", invalidando una sentencia pronunciada una semana antes por una corte inferior interpelada por 78 diputados de varios partidos.

Johnson "básicamente ha amordazado nuestra democracia", lanzó la diputada Luciana Berger, del centrista Partido Liberal-Demócrata, en una protesta que reunió a numerosos parlamentarios frente al Palacio de Westminster para defender su vuelta al trabajo.

Esta es la primera victoria judicial de los opositores a la controvertida decisión de Johnson. Otras dos demandas están pendientes en Belfast y Londres. La primera sigue en estudio mientras que la segunda, denegado la semana pasada, será analizado por el Tribunal Supremo también el martes.

En un primer momento, el comentarista jurídico David Allen Green, entre otros, consideró probable que el Tribunal Supremo dé la razón al gobierno debido a las divergencias entre los diferentes sistemas legales del país: Escocia e Inglaterra tienen "un enfoque diferente en cuestiones de derecho constitucional", tuiteó.

Pero poco después las opiniones se matizaban. "Hace un mes hubiera dicho que no había ninguna posibilidad de que un tribunal interviniera. Pero los torpes engaños del número 10 (de Downing Street, residencia oficial de Johnson) han cambiado las cosas", escribió Green.

Las deliberaciones de la máxima instancia judicial del país podrían durar varios días.

Isabel II accedió a la petición de Johnson porque según la constitución debe actuar siguiendo los consejos de su primer ministro.

Sin embargo, "si el gobierno hubiera engañado a la reina sobre las razones de la suspensión del parlamento y los motivos de la misma, se trataría de un asunto muy grave. De hecho, en mi opinión, sería el momento de que el señor Johnson dimitiera, y muy rápidamente", consideró el diputado Dominic Grieve, uno de los 21 rebeldes expulsados del Partido Conservador por votar contra el gobierno en el parlamento. /