Urge política educativa integral

  • Lógica reforma al programa “Ser Pilo Paga”
  • Ampliar calidad y cobertura, no exclusiones

 

Una de las políticas públicas de mayor impacto transversal en cualquier país es la educación. La calidad de la instrucción que se da en escuelas, colegios y universidades tiene un efecto en materia de mayor o menor grado de cohesión social, niveles de desarrollo nacional, cualificación o retroceso del recurso humano, potencial económico, mercado laboral, capacidad de generación de valor agregado en distintos campos y, sobre todo, en mejores o peores índices de calidad de vida.

En las últimas dos décadas una de las discusiones de fondo en Colombia ha girado, precisamente, alrededor de la política educativa y, más aún, de su calidad, en el entendido de que afortunadamente el país logró, por encima de muchas naciones de similar nivel de desarrollo, porcentajes de cobertura muy altos en primaria y secundaria, cumpliendo con solvencia anticipada la media planteada por los Objetivos del Milenio.

Y ese debate sobre qué política educativa es la que más requiere el país pasó de la discusión académica y gaseosa a convertirse en un asunto, si se quiere, más terrenal. Y lo hizo por dos aspectos sustanciales: en primer lugar, la progresión de asignación presupuestal, al punto que ya desplazó al gasto en seguridad como el sector con más partidas destinadas. Y, en segundo término, porque superado mayormente el tema de las metas de cobertura, se pusieron  sobre la mesa asuntos más estructurales sobre la calidad educativa: nivel de preparación y actualización de los docentes; uso de las nuevas tecnologías; modernización de pensum; desempeño de los estudiantes colombianos en las pruebas internacionales estandarizadas; financiación de la educación pública superior; niveles de deserción; cualificación de la instrucción según la demanda del mercado laboral; jornada única extendida; bajos porcentajes de especializaciones, posgrados y maestrías; el rol del Icetex y otras modalidades de apoyo financiero al alumno de ingresos bajos o medios; nuevos mecanismos para medir a quienes terminan grados en primaria, secundaria y educación técnica, tecnológica y universitaria; el régimen de autonomía en esta última instancia…

El anterior gobierno, en el marco de su política educativa, activó el programa “Ser Pilo Paga”, cuya filosofía parte de la premisa de que los estudiantes que saquen los más altos puntajes en las llamadas “Pruebas Saber”, en el grado once, tienen derecho a una serie de beneficios económicos para garantizar su acceso a las mejores universidades públicas y privadas del país.

Desde el mismo momento en que se delineó este programa, desde estas páginas advertimos que por más bien intencionado que estuviera, podría no ser la alternativa más adecuada. De un lado, porque el Estado debía concentrarse en aumentar la capacidad estructural, financiera, de cobertura y, ante todo, de calidad de las universidades públicas para recibir y educar la mayor cantidad de estudiantes posible, bajo el principio de equidad y creación de buenas oportunidades para todos. Y, de otro, porque con esta clase de programas que encarnan, por su voluminoso costo y cupos limitados, un alto nivel de exclusión se enviaba un mensaje complejo a los jóvenes y padres de familia en torno a que solo los mejores podían acceder a esta clase de beneficios, creando así- pese a que no era el objetivo- cierto sesgo discriminatorio que la opinión pública dejó patente.

El nuevo gobierno, al analizar el impacto del programa “Ser Pilo Paga”, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, ha decidido que se mantendrá el apoyo a quienes ya están cobijados pero se reformará el sistema. Ahora la prioridad será un respaldo más integral, amplio y generalizado a la educación pública superior, con el objetivo de subir la media de su calidad y cobertura, combatiendo así los bajos índices de acceso a la misma por parte de estudiantes de bajos o medios ingresos.

Es un error situar el debate sobre la continuidad de este programa en el tema meramente presupuestal. Se trata de un elemento importante pero no el más crucial. La discusión verdadera debe darse alrededor de qué política educativa requiere Colombia en el inmediato futuro. Claro que urge apoyar el talento, y el propio sistema de becas públicas y privadas, así como de condonación de créditos por buen rendimiento académico, trabajo social e investigación ya lo permite. Además, el sector privado, a través de fundaciones y empresas, incluso programas de las propias universidades, ya tiene muchos mecanismos para apoyar e incentivar a los mejores en su educación superior. Esa herramienta debe masificarse, acudiendo a compensaciones tributarias por responsabilidad social empresarial.

Como se dijo, urge repensar la política educativa colombiana. Y ello sólo se hace poniendo sobre la mesa las discusiones más estructurales. No hacerlo por temor al debate y el costo político, sería un error craso.