Minería ilegal, la otra amenaza

 

  • Mueve recursos similares al narcotráfico
  • Estado debe redoblar estrategia represiva

El asesinato por parte de las disidencias de las Farc la semana pasada de tres jóvenes geólogos en zona rural de Yarumal (Antioquia), pone de presente que la minería ilegal es un fenómeno criminal de peligrosidad similar a la del narcotráfico. Los informes de las autoridades  evidencian que la producción ilícita de oro, carbón, coltán y otros minerales es hoy por hoy la segunda, y en algunas regiones la primera, fuente de recursos para los grupos residuales de la guerrilla de las Farc, el Eln, las bandas criminales organizadas (Bacrim) o incluso de pequeñas facciones delincuenciales de orden local.

No se está hablando aquí de un tema menor. La minería ilegal mueve billonarios recursos al año. Es más, un estudio reciente evidenció que la explotación de oro en aluvión pasó de 76 mil hectáreas en 2014 a 84 mil en la actualidad, afectando a 131 municipios de 14 departamentos. Incluso en 50 de estas poblaciones se detectó, de forma paralela, la existencia de narcocultivos. Sin embargo, en otras zonas la minería ilegal es el principal factor delincuencial, lo que pone de presente que si bien en varias regiones la ofensiva de las autoridades ataca ambos fenómenos, en algunas se requiere una acción más focalizada contra la explotación ilícita de minerales que, dicho sea de paso, es también una de las actividades más contaminantes y depredadoras del medio ambiente. Solo para hacerse una idea de esta amenaza, en las áreas intensas en minería ilegal la venta de un kilo de cocaína puede estar alrededor de 5 o 6 millones de pesos, pero un kilo de oro puede mover alrededor de 140 millones de pesos.

Desde hace más de una década año tras año los gobiernos de turno han lanzado planes de choque para atacar la minería ilegal. Planes que han partido, de un lado, de diferenciar las actividades extractivas artesanales de las típicamente ilegales. Frente a las primeras se han adelantado estrategias de formalización de los pequeños mineros, no solo con el objetivo de legalizarlos y llevarlos a aplicar estándares ambientalmente sostenibles y de seguridad industrial, sino para evitar una reacción social negativa, ya que en muchas poblaciones una parte importante de sus habitantes deriva su sustento del trabajo en los socavones y las orillas de ríos y quebradas.

El segundo flanco de esos planes se ha dirigido a considerar la minería ilegal como una actividad de delincuencia organizada que debe ser combatida sin tregua. Para ello se han activado grupos especializados militares y policiales así como reformado leyes y regulaciones de distinto tipo que permiten, por ejemplo, destruir las dragas y demás maquinaria incautada, avanzar en la judicialización de los cabecillas de las operaciones, detectar las redes de complicidad local que les permiten operar e incluso crear más controles para la compra, venta, comercialización y exportación vigilada de los insumos y productos minerales. Aun así, a finales del año pasado se calculaba que casi el 80% del oro en Colombia se explotaba y transaba por canales ilícitos. Un hecho preocupante si se tiene en cuenta que la producción legal de este metal precioso crece en el país, al punto que en el segundo trimestre aumentó en 32,2% frente al primero, llegando a 9,43 toneladas.

El nuevo Gobierno ha prometido redoblar su lucha contra este flagelo. Es más, en el marco de su plan de choque “El que la hace la paga”, uno de los ejes centrales es el combate a la minería ilegal, estrategia en la que se aumenta la coordinación con la Fiscalía, las CAR y otras entidades públicas y privadas.

De otro lado, también se está trabajando para apoyar el clúster de joyería, en sacar adelante nuevamente la centralización de la compra de oro en Colombia a través del Banco de la República. Igualmente se delineó una agenda de trabajo con la Asociación Colombiana de Minería para redoblar el combate a los ilegales con el apoyo de los exploradores, productores y prestadores de bienes y servicios lícitos. Asimismo, ya entró en vigor la prohibición total del uso del mercurio así como una mayor vigilancia para desterrar cualquier actividad extractiva de los páramos. Desde el gobierno pasado se trabaja, igualmente, en la implementación de la llamada “huella digital de minerales" que permitiría conocer la trazabilidad  en las distintas etapas de explotación, beneficio y comercialización de estos, facilitando la identificación de la procedencia y el control a la comercialización…

Habrá que esperar un tiempo para evaluar esta nueva estrategia contra la que, sin duda, es la otra gran amenaza criminal que se cierne sobre el país.