Las iniciativas lideradas por la vicepresidenta Ramírez incluyen regular el cabildeo
Al paquete anticorrupción radicado la semana pasada por el presidente Iván Duque y la mesa técnica en la que tienen asiento voceros de todos los partidos, se sumaron un par de iniciativas trabajadas desde la Vicepresidencia.
Se trata de proyectos sobre transparencia y lucha contra la corrupción que combinan pedagogía por la ética, transparencia en el Estado y en los contratistas, mayor control ciudadano y sanciones drásticas a los corruptos, según lo explicó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
Según Ramírez, esta es una iniciativa que recoge el trabajo que ha venido realizando durante varios años y en el cual se incluyen propuestas de diferentes sectores públicos del país; tiene el propósito de “robustecer la lucha contra la corrupción” y adoptar medidas para fortalecer la institucionalidad del Estado en favor de la transparencia.
“Este es un momento sin precedentes, tiene que ser una lucha sin cuartel. Primero, para que haya transparencia. Segundo, para que con más transparencia existan menos espacios para la corrupción, tercero para que haya pedagogía ciudadana y cuarto para que se apliquen sanciones drásticas contra los corruptos”, enfatizó la Vicepresidenta.
Ramírez expuso que este proyecto tiene una visión con énfasis en la prevención, sin descuidar el control y sanción de los actos de corrupción, en el que se tenga también en cuenta la participación de los ciudadanos.
“Queremos que la ciudadanía se comprometa, actúe, haga acompañamiento, presente denuncias, pero también queremos proteger a los ciudadanos que denuncien. Es muy importante convocar cada vez más a la ciudadanía a defender el patrimonio público, a defender todos contra la corrupción, por esa razón hemos propuesto que quienes denuncian actos de corrupción puedan recibir el pago de una recompensa, puedan mantener su identidad reservada”, aseguró.
Una de las primeras propuestas que se contempla es establecer medidas para el fortalecimiento institucional con la creación de un bloque de búsqueda anticorrupción, el cual estará compuesto por delegados de alto nivel con facultad de decisión de las entidades que integran la Comisión Nacional para la Moralización y será una Comisión Técnica y permanente que permita el trabajo diario en contra de los actos de corrupción.
“Tenemos que identificar aquellas entidades más proclives a los actos de corrupción, donde haya decisiones oscuras, decisiones que no son transparentes y concentrarnos en evitar esas prácticas oscuras”, precisó Ramírez.
Como segunda instancia, se creará un registro público de gestores o cabildeo que estará administrado por la Procuraduría General de la Nación y que regulará esta actividad, volviéndola conjuntamente una opción para todos aquellos que quieran participar. Esta propuesta recoge iniciativas legislativas presentadas por varios congresistas en anteriores períodos.
De acuerdo con la Vicepresidenta, esta idea pretende dar transparencia a todas las actuaciones de las personas que se dedican a tramitar y gestionar intereses de los ciudadanos y empresas.
“Tenemos que lograr que se registren las personas que hacen lobby o cabildeo ante las entidades estatales, es decir, qué intereses representan, cuál es la gestión que se encuentran haciendo ante una determinada entidad. Necesitamos que se conozcan las agendas de los funcionarios públicos, sus agendas deben ser púbicas… sus citas deben siempre hacerse acompañados de una persona que haya una ayuda memoria de cada una de estas reuniones”, expresó.
En tercer lugar, se busca fortalecer y empoderar a la ciudadanía con beneficios para que denuncien prácticas corruptas que van en detrimento del patrimonio del Estado. En ella, se establecerá el pago de recompensas por información, útil, veraz y soportada sobre hechos que constituyan delitos contra la administración pública, el detrimento patrimonial, la estafa o el abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, así como actos que atenten contra el patrimonio público y moral administrativo.
Según la naturaleza de la conducta y la competencia sobre el asunto, corresponderá a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría General de la Nación, valorar la información y pagar la respectiva recompensa.
Frente a ello, la Vicepresidenta expresó que, “queremos que la ciudadanía se comprometa, actué, haga acompañamiento, presente denuncias, pero también queremos proteger a aquellos ciudadanos que denuncian actos de corrupción”.
Otro de los puntos será crear un sistema general de información de lucha contra la corrupción como una herramienta tecnológica de visualización y convergencia de la información relacionada con la gestión administrativa y de recursos públicos.
Finalmente, Ramírez resaltó que el manejo del Estado tiene que “hacerse siempre con eficiencia, pulcritud y transparencia en el uso de cada recurso público, porque los recursos públicos deben servir para el bien común, para el bienestar de todos los colombianos”.