La coyuntura de la paz

  • Hacia una política integral
  • Los informes internacionales

 

La línea del gobierno Duque frente a la paz integral parece ser diferente a la eventualmente anunciada durante la campaña presidencial, especialmente en las épocas en que estaba por escogerse el candidato del Centro Democrático. Una cosa, desde luego, es la visión que pueda tenerse del país, a partir de una candidatura, y otra muy diferente, ciertamente, cuando se está sentado en el Solio del Primer Mandatario.

El viraje de 180 grados que algunos esperaban frente a la eventualidad de “hacer trizas los acuerdos” no se produjo. Aunque Duque siempre adoptó la línea moderada, frente a esa posibilidad, reiteró que los ajustes serían determinantes. No ha ocurrido así, salvo por un alinderamiento en torno al acto legislativo de justicia transicional, que dio curso a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y que permitió unas adecuaciones con base en la bancada parlamentaria del Centro Democrático, en la anterior legislatura.

Lo presentado en el actual periodo solamente será aplicado hacia adelante, como lo ha reiterado el mismo Gobierno, sobre la base de la favorabilidad penal que impera en estos asuntos. De modo que las exclusiones del narcotráfico y el secuestro como delitos conexos al político no tendrán impacto decisivo sobre los acuerdos con las Farc.

El hecho, asimismo, es que el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, le pidió recientemente en una carta al presidente Duque apersonarse de manera más directa en torno a los ingentes temas aún por resolver en esa materia. Prácticamente toda la implementación está por hacerse y resulta evidente el craso error del modelo de paz negociado en La Habana en cuanto comprometió varios gobiernos en lugar de haber finiquitado el proceso completo en el doble mandato de Santos. Fue, como se ha dicho en estas columnas, como haber girado vigencias políticas futuras y eso ha dejado, de alguna manera, el proceso de paz con las Farc al garete. De hecho, el propio expresidente Juan Manuel Santos, no hace mucho, sostuvo que el yerro había consistido en no negociar simultáneamente, sino en haber adoptado un cronograma lineal que se llevó buena parte de su administración.

Hoy no es secreto para nadie que ese proceso tiene síntomas de naufragio en varios aspectos. Uno de ellos, por supuesto, el fortalecimiento de las llamadas disidencias que, como si fuera poco, The New York Times calcula  en nada menos de 2.800 guerrilleros, de acuerdo con las estimaciones de la organización InSight Crime. Lo cual, dice el periódico en un reciente informe especial, podría abarcar el 40 por ciento de las tropas milicianas de antes.

A ello se suma la ambivalencia existente frente a la presencia del compromiso de varios excomandantes de esa guerrilla, cuyo paradero continúa siendo un misterio. Es claro, al respecto, que allí están los principales líderes militares de la entonces facción subversiva, entre ellos ‘Iván Márquez’, al parecer negociador arrepentido de los acuerdos con el gobierno Santos. También es claro, en esa dirección, que las Farc mantendrían una división no entre sus jefes y sus bases, sino una escisión entre dos grupos claramente delimitados y jerarquizados.

El gobierno del presidente Duque ha puesto distancia al tema. Desde luego, no es responsabilidad de la administración recién entrada nada de lo que está aconteciendo, pero el problema radica, al menos internacionalmente, en que no se hace diferenciación entre uno y otro gobierno y, por tanto, el de Duque también queda incurso en el no cumplimiento de lo pactado. Y en esa vía también parecería apuntar el Procurador General de la Nación.

De otra parte, el presidente Duque ha nombrado una persona de primera categoría como Consejero de Estabilización, o lo que antes se llamaba Consejero del Posconflicto. Aun así, el profesor Vicente Torrijos, en entrevista a este periódico sobre un libro que acaba de publicar, ha dicho que “la idea de que Colombia superó el conflicto y de que está en posconflicto no existe en la realidad”.

De otro lado, la revista The Economist, en su última edición, también analiza la situación de la paz en el país. Y advierte que el triunfalismo de hace un tiempo, si bien pareció justificado con la entrega de las armas de las Farc, pudo resultar prematuro. El extenso informe se dedica a analizar lo que pasa con el Eln y demuestra la ausencia del Estado en alguna parte del territorio nacional. Advierte los eventuales nexos con el régimen de Maduro y sostiene, en primera instancia, que los ‘elenos’ pueden ser más difíciles de derrotar que las Farc, pese a tener una menor fuerza militar.

A todo lo anterior se debe adicionar, por descontado, la dificilísima situación que se vislumbra por cuenta del gigantesco incremento de cultivos ilícitos, en muchos casos combustible de la subversión. De esta manera, parecería apremiante un enfoque global sobre las realidades del orden público en el país, porque en vez de la consolidación de la soberanía presupuestada a estas alturas, pareciera haberse regresado al punto de la contención, aparentemente superada. Y eso es un retroceso preocupante.