
SI SE redujera a la mitad la producción de petróleo y carbón en el país, la economía podría retroceder 3,5% si no se hace de manera gradual. Además, la pobreza moderada podría llegar a aumentar 3,26% y la pobreza extrema 1,40% puntos porcentuales.
Estas son algunas de las conclusiones del estudio generado en una alianza entre el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El director (e) del DNP, José Alejandro Herrera Lozano, dijo que “este estudio que se ha desarrollado para poder determinar los elementos que nos permitan evaluar estos impactos es parte de la apuesta del DNP por generar estas discusiones de país sobre el cambio climático. Colombia tiene obligaciones muy serias con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) que nos permiten tomar decisiones para que se haga una transición energética de mediano y largo plazo”.
En ese sentido, el subdirector de Estudios Macroeconómicos Sectoriales y de Regulación del DNP, Gustavo Hernández, explicó que la transición hacia una economía baja en carbono trae como consecuencia un cambio estructural para la economía, que afectan la forma de producción y, por ende, el empleo y la generación del ingreso de las personas.
El estudio tomó como referencia los departamentos carboníferos del país (Cesar, Córdoba, La Guajira y Norte de Santander) y los departamentos petroleros (Arauca, Casanare, Meta, Santander y Putumayo).
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Los modelos
La elaboración del estudio se basó en dos modelos que permiten desarrollar un escenario antes de la implementación de las acciones de política. El análisis partió de la premisa de reducir a la mitad la producción de petróleo y carbón en el país para poder identificar los desafíos que se tendría en la administración pública entre el 2023 y el 2030.
Lo anterior permite identificar las áreas en las que el Gobierno podría y debería intervenir para mitigar los efectos que se encuentran en la simulación de los escenarios planteados por los expertos. Bajo ese escenario, el efecto en los departamentos petroleros es una disminución en la producción de crudo del 12,1% y una pérdida de 117.000 puestos de trabajo. Para los departamentos productores de carbón el impacto es de una reducción del 11,8% en la producción y una eliminación de 145.000 empleos. En el modelo se proyecta que la tasa de desempleo se mantendría en dos dígitos.
La simulación en este escenario también permite establecer una estimación sobre el impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), por lo tanto, como se ha mencionado, si se redujera a la mitad la producción de petróleo y carbón en el país se estima que puede retroceder en un 3,5% si no se hace de manera gradual. En lo que respecta a la pobreza, el estudio arroja que la pobreza moderada podría llegar a aumentar 3,26% y la pobreza extrema 1,40% puntos porcentuales para el primer año del análisis de este modelo.
El estudio explora las posibilidades de implementar algunas políticas de mitigación para contrarrestar los efectos que se generan en el escenario de una reducción a la mitad de la producción de petróleo y carbón.
En ese sentido, desde el Gobierno se deben buscar incentivos para incrementar la producción en el sector agrícola, agroindustria y turismo a nivel departamental.
Por ejemplo, al aumentar la oferta de empleo en la agricultura, industria y turismo se estima que de los 117.000 empleos que se dejarían de tener en el sector petrolero, pueden generarse hasta 93.000 puestos de trabajo que compensaría y brindarían nuevas oportunidades a los trabajadores. En el sector del carbón, de los 145.000 empleos que se perderían, podrían ser compensados con los hasta 120.000 puestos de trabajo que se generarían si se incentiva una mayor producción en estas tres ramas de la economía.
De igual manera, el estudio plantea que para los puestos de trabajo que no se logren absorber con la creación de empleos en el agro, la industria y el turismo, se fortalezca la implementación de un programa de focalización de recursos que le permitan a los trabajadores tener una transferencia monetaria de $ 1 millón y apoyos en la capacitación de nuevas actividades más sostenibles.
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