El Congreso sigue con la puerta abierta por la nueva convocatoria que hizo a las universidades para que hagan sus propuestas con el fin de ocuparse de realizar las pruebas técnicas a los aspirantes para contralor general de la República. Este cargo está en la interinidad después de que en mayo pasado el Consejo de Estado anuló la elección de Carlos Hernán Rodríguez por fallas que cometió el Parlamento en el proceso.
La nueva mesa directiva del Congreso a partir del pasado 20 de julio, que componen los presidentes Iván Name en Senado y Andrés Calle en la Cámara, decidió dejar de lado la convocatoria que realizó la anterior mesa directiva, es decir, la de la primera legislatura, producto de la cual se escogieron tres universidades para que adelantaran los exámenes técnicos a los aspirantes a contralor general de la República, como lo ordena la ley.
Después de un análisis jurídico la nueva mesa directiva vio viable abrir otra convocatoria, motivada especialmente porque consideró que con más de 50 universidades prestantes en el país que pueden realizar esa labor, no se justificaba que se escogiera una de apenas tres que hicieron llegar una propuesta formal al Congreso, donde explican la experiencia que tienen en este tipo de procesos, cómo piensan llevarlo a cabo y cuánto cobran.
A la mesa directiva en la primera legislatura, liderada en Senado por Alexánder López y en la Cámara por David Racero, le correspondió acatar el fallo del Consejo de Estado que dejó por fuera del cargo a Rodríguez y ordenó al Congreso “rehacer todo el proceso a partir de la convocatoria, inclusive, con el fin de elegir contralor general de la República para lo que resta del período constitucional”.
Los parlamentarios López y Racero, hasta el 19 de julio invitaron a 10 universidades a participar, de las cuales cinco presentaron propuestas, pero dos lo hicieron de forma extemporánea.
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Como están las cosas podría suceder que la elección de contralor general por el Congreso no se alcance a realizar este año y quede para febrero de 2024, cuando los legisladores regresan del receso luego del primer periodo.
Escoger la universidad, perfeccionar el contrato y cumplir los varios requisitos que exige la ley en la materia, puede tomarle al Congreso al menos un mes.
Vale anotar que la mesa directiva del Congreso no puede hacer la convocatoria pública que exige la ley para que se presenten los aspirantes a contralor general, hasta que tenga contratada la universidad.
Cuando sea escogida la universidad que se ocupará del asunto de las pruebas técnicas y estudio de las hojas de vida de los aspirantes, puede tomarle al menos un mes hacer esa evaluación y presentar una lista al Congreso integrada por los 20 mejores puntajes.
Finalmente, al menos dos semanas le tomará al Congreso escoger una lista de 10 nombres de los que reciba de la universidad, llevar a cabo un par de audiencias para escuchar a los aspirantes y luego elegir el contralor.
Proceso enredado
Nunca la elección de contralor general de la República había presentado tantos inconvenientes como está sucediendo en esta oportunidad, después de que el pasado 25 de mayo la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Carlos Hernán Rodríguez al encontrar acreditadas irregularidades en el proceso.
La Sala indicó en dicha oportunidad que en el trámite se desconoció lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución, 21 de la Ley 5 de 1992, así como el 6 y el 9 de la Ley 1904 de 2018 por cuanto, entre otros aspectos, se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación.
Según se explicó, la mesa directiva del Congreso introdujo cambios sustanciales a los criterios y valores fijados en la convocatoria inicial del proceso de elección, “los cuales fueron injustificados y variaron de manera grave los parámetros de evaluación de los participantes, luego de que ya se conocían los resultados de las pruebas de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida ‒actividad adelantada por la Universidad Industrial de Santander‒ en la primera fase de la elección. Por lo tanto, se afectaron la objetividad y la legalidad del proceso electoral. Además, se desconoció la inmodificabilidad de las convocatorias sin razón válida”, señaló el Consejo de Estado.
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