Piden al Gobierno articular esfuerzos para mitigar la violencia

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La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a los ministerios de Defensa y del Interior para que articulen esfuerzos con los alcaldes y gobernadores, con el fin de mitigar las problemáticas de seguridad y convivencia en los territorios.

 Para el ente de control, el notorio incremento de homicidios de líderes sociales en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Arauca y Putumayo, que en lo corrido del año deja un saldo de 125 víctimas a la fecha, obliga a los mandatarios territoriales a convocar de manera urgente los consejos de seguridad y los comités de orden público, para profundizar en el análisis de los factores de riesgo que propician hechos de violencia y, en consecuencia, adoptar medidas efectivas de prevención y mitigación.

Adicionalmente, el ministerio público pide a los entes territoriales hacer un estudio de las situaciones que han disparado la violencia en sus jurisdicciones, para que se reflejen en la política de seguridad y convivencia que adoptará el Gobierno en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

Asimismo, la Procuraduría alerta sobre la ocupación ilegal de tierras en Cesar, Cauca, Huila y Valle del Cauca, y requiere mayor articulación interinstitucional en defensa a los derechos a la propiedad privada y la protección de los ocupantes de tierras. 

Las Farc decir la verdad

De otro lado, el ente de control les exigió a seis exintegrantes del Frente 57 de las Farc-EP, que operó en los municipios de Acandí, Unguía, Riosucio y Carmen del Darién, Chocó, entregar verdad plena sobre graves hechos violatorios de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Esta solicitud se hizo en el marco de la audiencia colectiva voluntaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, realizada en Apartadó (Antioquia) entre el 9 y 10 de septiembre pasados.

“Para la Procuraduría, es urgente que, en garantía de los derechos de las víctimas, los comparecientes aclaren y reconozcan responsabilidad sobre los homicidios selectivos, ajusticiamientos, desplazamiento forzado, violencia sexual, utilización de medios y métodos de guerra prohibidos por el DIH y reclutamiento de menores de edad, que produjeron graves afectaciones y daños a las comunidades étnicas de esa región del Urabá”, advirtió el delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita.



Los comparecientes reconocieron que el frente 57 se componía de tres columnas, y cada columna por dos compañías, para aproximado de 280 o 300 hombres y mujeres.

A partir de los reconocimientos de verdad de estos comparecientes, el Ministerio Público hará la contrastación de la información con lo manifestado por otros excombatientes, a fin de tener un panorama completo sobre lo que significó el conflicto armado en esa zona del Urabá y procederá a presentar las respectivas observaciones a la Sala de Reconocimiento de la JEP.

Seguridad en el Cesar

Por otra parte, y frente a las afectaciones en el orden público y seguridad en el departamento del Cesar, la Procuraduría requirió al gobernador, Andrés Meza Araujo, definir protocolos de protección para los ciudadanos.

El ministerio público inició acciones preventivas en busca de establecer medidas urgentes por el incremento de conductas como secuestros, homicidios y hurtos en sus diferentes modalidades que han afectado la capital del Cesar y los demás municipios; las cuales se han conocido, también, a través de medios de comunicación.

Asimismo, la Procuraduría instó a Meza Araujo participar también en los consejos de seguridad departamental, según lo establecido por la ley, para determinar planes específicos para la seguridad de los habitantes y acciones efectivas para combatir los diferentes flagelos delictivos.

De esta manera, el organismo de control solicitó “la necesidad de la participación de los mandatarios municipales con la finalidad que puedan proporcionar información de sus territorios y contribuir en el desarrollo de las actuaciones”.

De acuerdo con el comunicado de la Procuraduría General, la entidad persistirá en preservar la seguridad pública y la convivencia en las regiones, que actualmente son foco de violencia y han venido presentando graves denuncias.

Asimismo, el ente recalca que seguirá brindando su capacidad institucional para promover el fortalecimiento de acciones conjuntas que protejan la vida e integridad de los ciudadanos.