+ Subsidio sencillamente insostenible
* La calamitosa escalada inflacionaria
A partir del próximo mes el precio del galón de gasolina empezará a subir otra vez. Esa ya es una decisión tomada, según lo anunció ayer el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, acorde en cierta medida con las previsiones dejadas por el gobierno anterior. Incluso, en lo que resta de este año el valor de este combustible se reajustará mes tras mes en porcentajes “pequeños”, lo que en la otra cara de la moneda ojalá no agudice la inflación ya desbordada y produzca un estremecimiento político al mismo estilo de la imprudente propuesta de aumento del IVA que llevó a los paros y las asonadas del año pasado. Pero en 2023, si cede la escalada inflacionaria que registra el país desde finales de 2022 y que hoy tiene el costo de vida creciendo nada menos que a un 10,8% anualizado, los incrementos serán mayores.
Más allá del debate entre los voceros del actual Gobierno y los del anterior en torno al manejo que se le dio al déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepec), hay un hecho cierto: el hueco fiscal hace imposible que el presupuesto público pueda seguir sufragando todo el costo del subsidio a la gasolina y el diésel. Si ya de por sí es insostenible el descuadre del citado fondo hoy, que está por encima de los 12 billones de pesos (llegó a ser más alto), mantener la actual estructura de precios llevaría ese rubro a no menos de 16 billones el año entrante y a casi 20 en el 2024, en el mejor de los casos. También es notorio que por más recursos adicionales que produzca la reforma tributaria que tramita el Congreso y sumando incluso los billonarios ingresos derivados de un mayor recaudo de impuestos este año, el fisco no tiene capacidad para seguir amortiguando el impacto del alto precio del petróleo en el valor final que se cobra al consumidor de gasolina y ACPM en nuestro país.
Desde luego, y como se dijo, habrá que precaver que trasladar toda la carga al común de los colombianos puede tener efectos adversos, para lo cual es menester, no solo la gradualidad, sino excepciones que a la larga puedan acolchonar la medida en ciertos aspectos determinantes que impidan sus consecuencias dramáticas sobre la carestía y el bolsillo ya deteriorado de los nacionales.
Tampoco resulta muy realista focalizar la controversia en si el precio de los combustibles en Colombia es uno de los más bajos de Latinoamérica. Este tipo de comparaciones cuantitativas desconoce elementos básicos del mercado de hidrocarburos, como la producción de petróleo que tiene cada país, su capacidad de refinación y la experiencia técnica de sus trabajadores. Incluso, hay variables tan llamativas como la venezolana, cuya industria petrolera perdió competitividad en la última década, sufriendo en los últimos años etapas de escasez de gasolina que, recientemente, solo ha podido subsanar con apoyo de importaciones iraníes. Es, ciertamente, una advertencia para Colombia, cuya anunciada moratoria sobre la exploración petrolera no parece ser el camino más adecuado.
De hecho, en los últimos dos meses del gobierno anterior arrancó ese cronograma de reajustes en el precio de la gasolina y ahora la nueva administración debe acelerarlo, ya que la persistencia de la guerra en Ucrania mantiene el precio del barril de petróleo alrededor de los 90 dólares. Por lo mismo, encarecer los combustibles no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. Inclusive, muchas naciones ya procedieron en esa misma dirección, aunque en ciertos casos soportando protestas populares fuertes que llevaron a los gobiernos a reversar los incrementos.
Es claro que encarecer la gasolina en Colombia puede tener un impacto político negativo, aunque de otra parte no es, en modo alguno, posible mantener las cosas como están. Corresponde al Gobierno actuar en consecuencia, morigerando lo más posible la afectación a los más vulnerables, pero igualmente obedeciendo a la sana ortodoxia económica.