Estado y propiedad privada | El Nuevo Siglo
Lunes, 13 de Septiembre de 2021

* Aumenta invasión de ingenios en Cauca y Valle

* La institucionalidad debe actuar con diligencia

 

Señales de alarma se están lanzando desde varios sectores políticos, económicos, sociales e institucionales del suroccidente del país debido a la forma en que proyectos de agroindustria se están viendo afectados por la invasión de sus terrenos por parte de integrantes de comunidades indígenas y campesinas.

No es la primera vez que ocurre esta situación, de hecho ha sido una práctica recurrente en departamentos como Nariño, Cauca y Valle. No en pocas ocasiones los operativos de desalojo han terminado en enfrentamientos con la Fuerza Pública o en intrincados procesos jurídicos en los que, al final, el objetivo de los infractores de la propiedad privada legal es forzar al Estado a terciar para adquirir algunos de los predios afectados y adjudicárselos.

Lo más grave es que este “patrón” de comportamiento se está empezando a extender, sobre todo en el norte del Cauca y el Valle del Cauca. En esa región se denuncia que hoy por hoy existen cuatro ingenios invadidos, algunos de ellos muy conocidos por sus respectivas marcas comerciales. De hecho, varios cálculos privados estiman que en solo el norte del Cauca hay 42 mil hectáreas sembradas en caña y casi un 25 por ciento de ellas están afectadas por invasiones y una tercera parte de estas últimas totalmente en manos de grupos de indígenas y campesinos, que no solo se establecen a la fuerza y levantan refugios y casas improvisadas, sino que afectan los cultivos en proceso de producción.

A ello se suma que por tratarse en muchas ocasiones de familias con menores de edad o adultos mayores, las autoridades se abstienen de intervenir con el uso legítimo de la fuerza para evitar enfrentamientos.

Haciendo uso de los recursos que les permiten la Constitución y la ley, las empresas agroindustriales, especialmente las de los ingenios, han interpuesto ante los fiscales, jueces y demás instancias judiciales y administrativas casi 400 denuncias. Sin embargo, estos procesos se tornan eternos, dilación que, en el día a día, corre a favor de los grupos invasores. En tanto, las empresas no solo sufren cuantiosas pérdidas, sino que se ven en la necesidad de despedir o cesar personal, así como de frenar una serie de programas de impacto social y económico en las comunidades cercanas a los ingenios. También se ven afectadas las iniciativas de cuidado y preservación ambiental que desarrollan dentro de su esfera de responsabilidad social empresarial.

Pero no solo la industria de la caña de azúcar se está viendo afectada. Desde finales de julio pasado más de 10 fincas de explotación forestal comercial en zona rural de Cajibío (Cauca) fueron invadidas por miembros de una comunidad indígena, causando graves perturbaciones a la operación de una multinacional de productos de cartón así como a las poblaciones vecinas. Como si fuera poco, se denuncia la tala e incendio de más de cuarenta hectáreas de árboles y la afectación de cuerpos de agua.

En un país en donde constantemente se pide a la empresa privada apostar por el desarrollo agroindustrial, acudiendo para ello a métodos de producción sostenibles y con impacto directo en las comunidades ubicadas en el área de influencia de los mismos, ese “patrón” de invasiones a los ingenios y demás proyectos en el Cauca y Valle está generando una problemática muy complicada que podría dar al traste con muchas de estas operaciones, dejar a decenas de miles de personas sin trabajo, frustrar los programas de cuidado ambiental y, como si fuera poco, aumentar los climas de tensión entre las distintas franjas poblacionales de estos dos departamentos.

Es imperativo, entonces, que el Estado adopte decisiones de fondo para hacer frente a esta grave situación. Debe asegurarse que la iniciativa privada que opera bajo todos los cánones legales, y que ha demostrado ser un motor de desarrollo regional y de mejora de la calidad de vida, no se continúe viendo afectada por estas invasiones sistemáticas, programadas y dirigidas intencionalmente a causar la mayor alteración productiva posible para forzar a las compañías a tener que resignarse a abandonar la zona y al Gobierno a adquirir obligatoriamente los terrenos para adjudicárselos a quienes se los tomaron por la fuerza.

La institucionalidad y el ejercicio legítimo de la autoridad deben actuar, obviamente privilegiando siempre el diálogo con los líderes de las invasiones de tierra para consensuar su retiro inmediato. Hay un conjunto de entidades listo para ofrecer alternativas a esas comunidades indígenas y campesinas.