El campeonato de la coca

* 230.000 hectáreas y contando…

* Radiografía de un negocio en auge

Un país como Colombia, con la abrumadora cifra de 230.000 hectáreas anuales de hoja de coca sembradas, no tiene, por supuesto, como salirse de semejante campeonato: ser el mayor productor de estupefacientes de este tipo en el mundo. Y si en complemento se añaden las 1.738 toneladas métricas de cocaína procesadas, durante el mismo año de 2022, pues se exalta el puesto en el podio como nunca antes en la historia nacional.

Es lo que, en suma, señalan los registros del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), dados a conocer anteayer y anunciados a cuenta gotas desde el fin de semana. Y eso que Estados Unidos se abstuvo, al mismo tiempo, de presentar los tradicionales informes de la Casa Blanca al respecto, lo que de seguro habría mostrado un panorama aún más desolador para la nación colombiana. Con lo cual, además, no se hubiera descartado una aguda polémica en torno de la impostergable ayuda antinarcóticos de ese país que, en todo caso, se mantiene en vilo a raíz de este inusitado crecimiento y en particular el consistente aumento del tonelaje cocalero que suple, en su gran mayoría, el mercado de 22 millones de consumidores mundiales, principalmente en los propios Estados Unidos. Y que internamente abastece, asimismo, el microtráfico que mantiene cercado a colegios y universidades e induce a la juventud colombiana a caer, más temprano que tarde, en el círculo vicioso de las drogas ilícitas: sometida a los protervos trucos criminales y atrapada sin remedio en la trampa de la adicción.

De tal modo, pese a que durante la pandemia el registro tuvo una caída (en parte a razón de las cuarentenas), la siembra, procesamiento y comercialización del alcaloide logró para 2022 una bonanza inusitada, de suyo, con una oferta imbatible o al menos a sus anchas y bien estructurada. Inclusive, ya con la estabilización de la demanda en el país norteamericano, el mercado se ha ensanchado considerablemente a Europa, Asia, África y Australia. Es claro, pues, que desde que los carteles mexicanos, en conexión con los clanes colombianos, asumieron el control en lugares cruciales del territorio nacional el negocio no ha hecho más que prosperar. Es más, la acción se ha desdoblado a partir del cambio de estrategia, en 2015, cuando se dispararon los cultivos ilícitos y todavía en mayor medida en la pospandemia, cuando se trascendió el umbral de las 200.000 hectáreas sembradas. Y que ahora se confirma, para el año en mención, con un incremento del 13% en la plantación y del 25% en la producción del alcaloide. Es decir, que el fenómeno antes de retroceder ha gozado de una holgada expansión y en la actualidad mantiene su vigor hacia excedentes superiores.

De hecho, bastaría con recordar que para 2012 y 2013 Colombia logró disminuir la cifra de sembradíos ilícitos a un promedio de 45.000 hectáreas anuales que, sin embargo, hoy se han quintuplicado. Incluso, ya de por sí la agencia de las Naciones Unidas habla de “enclaves”, o sea, lugares donde se ha logrado incorporar las diferentes variables del negocio, con miras a un mayor control de los cultivos ilícitos, reducción de costos, procesamiento inmediato, estandarización de los precios, mejor proyección comercial, amplia protección armada de los corredores estratégicos y rápido acceso a los mercados internacionales.

De allí, desde luego, que los “enclaves” se concentren en las zonas de frontera, por demás, con el logro de que los sembradíos han llegado a su punto de maduración. Lo que, por su parte, supone un proceso agrícola sin sobresaltos, ni peligros que temer, y con las comunidades sometidas al patronato criminal que a bien les toque. De lo contrario, el asesinato está a la orden del día, tal cual es demostrable con la permanente caída de los líderes comunitarios y, en general, el infamante desprecio por los derechos fundamentales sin amparo de la población a la vista.  

Por otro lado, no deja de sorprender que, acorde con el informe, el negocio prospera con toda la manga ancha y en proporción considerable en lugares especiales, como las áreas ambientales protegidas o Parques Naturales, donde en cambio está absolutamente prohibida cualquier actividad agrícola lícita, la minería legítima e incluso el tendido de redes eléctricas. También se sabe por el Simci cuáles son los resguardos indígenas que utilizan el amparo constitucional para estos fines ilícitos, en particular unos pocos que aglomeran el mayor porcentaje de esta actividad.

De su parte, el monto de 230.000 hectáreas se obtuvo, incluso, con la erradicación que se hizo durante el gobierno anterior, terminado el 7 de agosto de 2022. De ahí para acá la política es otra. Siendo así, y a juzgar por el dramático declive en las cifras de destrucción de sembradíos ilegales del ministerio de Defensa, el 2023 será todavía más provechoso para el negocio.