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Comisión de Paz va a regiones para evitar crímenes de líderes

Al comenzar una gira por las regiones, la Comisión de Paz del Senado ya hizo presencia en Ituango (Antioquia) para acompañar al Gobierno en la instalación del segundo Puesto de Mando Unificado (PMU) por la vida, que busca frenar los crímenes y asesinatos de líderes sociales, poblaciones diferenciadas como indígenas y campesinos, además de proteger a excombatientes firmantes de la paz.

De acuerdo con Iván Cepeda (Pacto Histórico), quien será el presidente, y Ariel Ávila (Alianza Verde), quien oficiará como vicepresidente, la creación de estos espacios está proyectada para fortalecer el plan de emergencia diseñado desde el Congreso junto con organizaciones sociales y de derechos humanos, la sociedad civil y el Gobierno.

Cepeda dijo, a propósito de su designación, que "si el Estado no entra a los territorios, entonces volvemos a las disidencias de las disidencias, y tenemos ya organizaciones como el llamado ‘Clan del Golfo’ que es una sumatoria de disidencias. No podemos seguir por ese camino. A pesar de que el Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc ha significado enormes avances, el modelo que hay que aplicar es diferente y es un modelo totalizante”.

Por eso, tras su designación como presidente de la Comisión de Paz, Cepeda afirmó que su tarea será promover que “cuanto antes se produzcan procesos de diálogo y la negociación”. Con el concepto de paz total, el nuevo gobierno pretende ponerle fin a todas las expresiones de violencia en el país. Su papel como líder de la comisión también pasará por esforzarse “para que no mueran por obra de acciones criminales más líderes sociales, más defensoras y defensores de derechos humanos, excombatientes o también agentes de la fuerza pública”, manifestó Cepeda.

Distribución

Tras la aprobación de este plan ante la Comisión de Paz y Posconflicto, la siguiente tarea será visitar estas comunidades. Al respecto, los 45 legisladores que hacen parte de esta unidad legislativa se repartirán los encuentros en los pueblos priorizados y desde allí evaluarán las medidas adoptadas por la Fuerza Pública para contrarrestar la violencia contra líderes, lideresas y firmantes de la paz que se encuentran bajo amenaza de grupos armados ilegales.

Además de Cepeda y Ávila, la comisión estará compuesta por Roy Barreras, Gustavo Bolívar, Aída Avella, Clara Rojas, Jahel Quiroga, Gloria Flórez, María José Pizarro y Robert Daza (senadores del Pacto Histórico), Humberto de la Calle, Gustavo Moreno y Berenice Bedoya (Centro Esperanza), Alejandro Chacón, Karina Espinosa, Fabio Amín y Juan Diego Echavarría (Partido Liberal), Antonio Correa y Norma Hurtado (Partido de la U) e Imelda Daza, Julián Gallo, Sandra Ramírez, Omar de Jesús Restrepo y Pablo Catatumbo (Comunes). Todos los anteriores pertenecen a la bancada de gobierno.

Otros integrantes de la comisión, que son independientes al nuevo gobierno, son Ana Paola Agudelo y Lorena Ríos (Coalición Cristiana), Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción), Liliana Benavides, Nicolás Echeverry, Mauricio Giraldo y Germán Blanco (Partido Conservador) y Ana María Castañeda, David Luna y Jorge Benedetti (Cambio Radical).

La oposición, que ejercerá en solitario el Centro Democrático, estará representada en la Comisión de Paz por María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Paloma Valencia y Alirio Barrera.


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Plan de emergencia 

Así mismo el presidente de esta comisión, Iván Cepeda, señaló que visitarán distintos municipios en el país: “Evaluaremos con las autoridades y la sociedad civil de estos municipios las medidas de protección para estas poblaciones, así como acciones humanitarias en sus territorios”, apuntó el senador del Pacto Histórico.

El plan de emergencia contiene 52 acciones, 29 de ellas para ejecutarse en los primeros 100 días de gobierno, en 67 municipios que concentran los niveles de violencia y agresiones más críticos del país. Entre los municipios priorizados están:

1. Antioquia: Andes, Apartadó, Cáceres, Caucasia, Dabeiba, Ituango, Murindó, Segovia y Tarazá.

2. Arauca: Arauquita, Fortul, Saravena y Tame.

3. Cauca: Argelia, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Guapi, Jambaló, Patía, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío.

4. Chocó: Alto Baudó, Bagadó, Bojayá, El Litoral del San Juan, Medio San Juan, Nóvita, Nuquí, Riosucio y Quibdó.

5. Córdoba: Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta.

6. Guaviare: San José del Guaviare.

7. Caquetá: Cartagena del Chairá, La Montañita y San Vicente del Caguán.

8. Huila: Algeciras.

9. Meta: La Macarena y Uribe.

10. Nariño: El Charco, Leiva, Magüí, Mosquera, Olaya Herrera, Roberto Payán, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara.

Dichos municipios se encuentran a la expectativa de acciones concretas por parte del Gobierno para, de este modo, reducir los índices de violencia en los territorios más susceptibles de Colombia.

Asimismo, estos encuentros buscarán fortalecer las iniciativas adelantadas en cada comunidad que le hacen contrapeso al conflicto interno y los enfrentamientos que generan crímenes contra defensores de derechos humanos. 

De acuerdo con cifras de Indepaz, desde la firma del Acuerdo Final de Paz han sido asesinados 1.341 líderes y lideresas sociales en Colombia; sumado a eso, este año han muerto 114 con mayor incidencia en Antioquia, Putumayo, Cauca y Norte de Santander. De igual manera, desde 2016 actores armados han matado a 336 excombatientes de las antiguas Farc. El programa Somos Defensores registró en 2021 un total de 996 agresiones contra líderes y lideresas, de las cuales 665 fueron amenazas, 139 homicidios y 93 atentados.