En plata blanca, los únicos recursos ciertos que se obtendrían de aprobarse el proyecto de reforma tributaria 2.0 como ha sido radicado por el ministro de Hacienda son los $10.6 provenientes de “otros impuestos”, que no son otros distintos al aumento de la tasa impositiva a la renta de las personas jurídicas, esto es, a las empresas ($6.7 billones), el 50% del descuento del ICA ($3.9 billones) y pare de contar. Y, como si fuera la cereza del postre, se espera recaudar $392.000 millones imponiéndole una sobretasa temporal (hasta el 2025) de tres puntos porcentuales al sector financiero, el cual, aunque con reservas por considerarla “antitécnica”, la aceptaron con resignación como su aporte al ajuste fiscal que busca el gobierno.
Nos parece que en el proyecto se está sobrestimando el recaudo por gestión de la DIAN ($2.7 billones) y la reducción del gasto por cuenta de la “austeridad” que plantea. Ello sólo sirve para cuadrar las cuentas, pero no para cuadrar caja, pues resulta contraintuitivo pensar en reducir el gasto en momentos en los que, a consecuencia de los estragos de la pandemia se requiere más Estado y no menos Estado, lo cual conlleva un mayor gasto, desde luego más eficiente y mejor focalizado al momento de ejecutarlo.
De acuerdo con el MFMP, el ajuste fiscal se difiere para el 2023, ni siquiera para el 2022. Esta tarea le quedaría al próximo gobierno, ya que se prevé que los ingresos tributarios pasen del 13.6% en 2021 a 14.2% en 2022 hasta alcanzar el 15.8% en 2023, manteniéndose el déficit estructural, habida cuenta que el gasto (inflexible, además, en un porcentaje que supera el 85%) está alrededor del 19% del PIB.
Hay que reconocer la franqueza del ministro Restrepo, cuando afirmó sin rodeos: “hemos sido transparentes. Incluso en el Marco Fiscal de Mediano Plazo dijimos que el esfuerzo es de dos terceras partes de la necesidad estructural de largo plazo de las finanzas públicas. Los esfuerzos adicionales serían responsabilidad del siguiente Gobierno”. No está muy claro que el esfuerzo fiscal de este Gobierno alcance las “dos terceras partes de la necesidad estructural de largo plazo de las finanzas públicas”. En síntesis, este es un proyecto de reforma tributaria de limitado alcance y aplaza, una vez más, ¡la reforma tributaria estructural que la economía y las finanzas públicas reclaman a gritos!
Como lo señala Jaime Tenjo: “es claro ahora que la primera tarea del nuevo Presidente será la de presentar una propuesta integral de reforma tributaria que contribuya a solucionar los problemas de pobreza, crecimiento e inequidad que la pandemia sacó a flote, que constituya la base de un nuevo contrato social y que sea consistente con un aceptable equilibrio macroeconómico”. Ello va en línea con el planteamiento de la Cepal, en el sentido que los nuevos pactos sociales a los que se llegue, que ya no será en este gobierno, exigen pactos fiscales “que promuevan una fiscalidad progresiva y sostenible para el bienestar”. ¡Así de claro!
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*Miembro de Número de la ACCE