Definitivamente no parece existir ambiente en el Congreso para que se concrete el aumento en los sueldos de los legisladores previsto por la ley.
Este domingo, frente al reajuste salarial que el Gobierno nacional hace anualmente a corporaciones como el Congreso, el Centro Democrático le solicitó a través de un comunicado al presidente Duque no firmar el decreto que establece el aumento de los sueldos parlamentarios, sino que este recurso sea asignado al reajuste salarial del ciudadano de a pie.
Lo que no está claro es cuál sería la vía jurídica para hacer eso. Fuentes que pidieron reserva le señalaron a EL NUEVO SIGLO que un camino hubiera podido ser cruzar el incremento con el Decreto 568 del 15 de abril de 2020 que estableció una contribución solidaria de los funcionarios y contratistas con salarios superiores a $10 millones para aportar al ingreso de trabajadores independientes y población de clase media en medio de la emergencia por el Covid-19. El problema es que la vigencia del decreto terminó el viernes.
En su artículo 9, la norma señalaba que el aporte solidario con destino al Fondo Mitigación de Emergencias (FOME) se aplicaría, entre otros, a los servidores públicos en los términos del artículo 123 de la Constitución, que a la letra dice: “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”.
La senadora María del Rosario Guerra le dijo a este Medio que el Gobierno debe estudiar cuál es la mejor manera de no decretar el aumento.
Incremento
Como lo publicó este Diario, el salario de los congresistas, que hasta ahora es de $32.741.800 mensuales, no solo podría ser reajustado a $34.418.200, sino que en los próximos pagos se les adicionaría la diferencia entre uno y otro valor correspondiente a la retroactividad al 1 de enero del incremento del 5,12% efectuado a los empleados públicos de las entidades y organismos del Estado del orden nacional, así como los máximos salariales para los servidores del nivel territorial.
- Antecedente: ¿Congresistas reducirán su salario?
Ya la semana pasada se supo que, tras la expedición el 9 de marzo de la correspondiente certificación de la Contraloría General de la República, el Gobierno nacional estaba considerando el aplazamiento del decreto que debe establecer el incremento salarial de 5,12% para los congresistas. Tradicionalmente, dicho decreto se expide entre julio y agosto, pero este año no ocurriría así.
Uribistas
En su comunicado, el Centro Democrático recordó que dentro de sus premisas está la de promover un gobierno con austeridad en el gasto, por lo que desde 2016 ha propuesto cuatro veces el congelamiento del salario de los congresistas.
Pedimos al presidente Duque no firmar decreto de aumento de salario a congresistas: Centro Democrático - Centro Democrático https://t.co/qeOq8zwhCC
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 2, 2020
Además, agregó que el expresidente Álvaro Uribe radicó el 20 de julio ante la Secretaría del Senado el proyecto de ley que busca que el salario de los congresistas sea gravado con un impuesto permanente del 10% y que este porcentaje sea destinado a programas como Ingreso Solidario, anotando que la ya mencionada contribución fue una idea de la bancada, acogida por el presidente Duque.
Sin ajuste
No se puede ignorar que son varias las propuestas que los propios congresistas han impulsado para reducirse el ingreso, pero también es verdad que la mayoría de los legisladores parece conformarse con la enorme diferencia entre sus sueldos y la de los demás ciudadanos.
Colateralmente hay que decir que no pocas veces las bancadas avalan las propuestas de sus afines y rechazan las de sus contradictores, así en el fondo busquen las mismas cosas. De esa forma no salen adelante unas ni otras.
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Un ejemplo es la propuesta del senador Temístocles Ortega, de Cambio Radical, para que el Congreso no les pague gastos de representación a los legisladores que sesionen virtualmente.
Ortega calculó en $14 millones los recursos que se ahorraría el erario público por cuenta de no tener que arrendar vivienda en Bogotá ni costear alimentación.
Por ahora su propuesta fue derrotada en la Comisión Primera del Senado, pero compañeros suyos piensan insistir en ella.
Salarios
Desde que se expidió la Constitución de 1991, los salarios de los congresistas no se fijan con base en el índice de precios al consumidor (IPC) que anualmente certifica el DANE y que sirve para definir el aumento del salario mínimo en el país, sino que como lo precisa el artículo 187 de la Carta “la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”.
Se han presentado cerca de una decena de proyectos de ley que buscan reducir el salario de los padres de la patria, sin que ninguno haya sido aprobado hasta el momento.
Aparte de los intentos ya recordados por el Centro Democrático, se intentó en 2018 con el proyecto número 162 Senado, respaldado por varias colectividades, establecer un tope para el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. La idea era fijarlo en máximo, 25 salarios mínimos. No prosperó.
Tampoco tuvo buen final la idea de la Alianza Verde que tomó este tema como bandera para la fallida Consulta Anticorrupción de 2018.