Éste miércoles, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, emitió una comunicación en el que recordó que el imperativo para todas las ramas del poder público de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales.
“Por ende, ningún servidor público está habilitado para promover o alentar su incumplimiento”, subrayó. Agregó que es el “acatamiento a la ley lo que garantiza la supervivencia de la democracia y el Estado de derecho”.
Dijo el jefe del ministerio público, que el único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales “es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso provee”.
“La controversia de las providencias emanadas de los jueces en ámbitos distintos al judicial, atenta contra los principios de autonomía e independencia en que se cimenta esta rama del poder público, y que constituyen pilares esenciales de nuestra democracia”, agregó.
Carrillo, manifestó también que actuando en el marco de sus competencias constitucionales y legales, continuará ejerciendo su labor de vigilancia dentro del proceso penal que se adelanta contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.
Explicó que en este marco, examinar a la pertinencia de ejercer los controles procesales que la ley contempla para la medida de aseguramiento dictada en su contra, “en procura de la preservación de la integridad del orden jurídico y la intangibilidad de las garantías procesales”.
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Puntualizó el procurador que “a la crisis generada por la pandemia del Covid-19 no se le puede agregar una pandemia de odio que nuble el futuro, amenace la democracia y nos sume en una nueva noche de dolor”.
Dicho pronunciamiento lo hace Carrillo en el marco de las sentidas declaraciones y llamamientos de varios miembros del Centro Democrático, tras la medida de aseguramiento dictada por la corte suprema de justicia en contra del líder natural de ese partido, el senador Uribe Vélez.