- Gasto público y sus límites para reactivación
- El inmenso reto de jalonar al sector privado
Primero se había anunciado en el discurso presidencial del 20 de julio y, luego, se ratificó en el mensaje que acompañó el proyecto de presupuesto para el 2021: el programa de recuperación económica que se pondrá en marcha para reactivar nuestra maltrecha estructura productiva de los efectos del coronavirus, tiene un valor de cien billones de pesos, busca generar un millón de empleos y se procurará ejecutarlo en el estrecho lapso de los últimos dos años de la administración Duque. Podemos decir, entonces, que es el nuevo Plan de Desarrollo, después de que el anterior quedó hecho trizas con la irrupción de la pandemia.
Esta cifra desborda naturalmente lo que puede ser el componente de los recursos oficiales que estará disponible para financiar la reconstrucción económica nacional. Con un nivel de endeudamiento público ya bastante alto como proporción del PIB; sin posibilidades de obtener recursos de origen tributario en los próximos dos años, al haberse descartado por ahora una nueva reforma impositiva; habiéndose también rechazado toda solicitud recursos a las ventanillas crediticias del Banco de la República; y si a todo ello le sumamos la promesa del Ministerio de Hacienda en torno a volver para el 2022 a los indicadores de déficit pre-pandemia, o sea 2,2% del PIB (retornando así a las férreas disciplinas de la regla fiscal para ese año), el aporte de recursos públicos esperable será muy limitado en la financiación de la gran tarea de recuperar la economía y el empleo.
Según las cifras que han trascendido, a través de las informaciones que a cuenta gotas ha ido soltando el Gobierno sobre estos asuntos, el 75% de los cien billones de pesos que cuesta el programa de reconstrucción deberá provenir del sector privado y el 25% del público. Es decir, el peso mayor recaerá sobre los privados que se espera aporten 75 de cada 100 pesos del costo del nuevo plan de desarrollo.
El grueso del programa de la reactivación lo constituyen 84 proyectos, algunos en curso y otros que deben iniciarse próximamente, y que estarán concentrados fundamentalmente en los sectores de la infraestructura, energía y transmisión, así como en la transformación digital, entre otros.
En gran reto consiste, entonces, en resolver el acertijo de si el país será capaz de jalonar hacia esta estrategia de reconstrucción 75 billones de pesos del sector privado en los próximos dos años. Este es un desafío financiero enorme, que no se resuelve solamente con apuntarlo en una hoja de cálculo, o con anunciarlo. Hay que gestionar a fondo para hacerlo realidad.
El Ejecutivo espera que una parte importante de la inversión no oficial provenga de la respuesta de los capitales privados a algunos incentivos fiscales; de los programas APP de inversión pública- privada; y, en fin, de proyectos en que los empresarios y grandes consorcios encuentren atractivo comprometer recursos propios. Así las cosas, el reto para que esto no se quede en el papel es inmenso.
Algunos de estos proyectos de infraestructura y demás se harán factibles solo si se despejan interrogantes sobre licenciamiento ambiental o consultas previas, asuntos que aún no están dilucidados. Otros van a depender de que el apetito del sistema bancario para financiarlos se recupere. Y no pocos estarán atados a la posibilidad de que problemas asociados al orden público en algunas regiones del país se solucionen.
El reto, pues, de movilizar al sector privado en estas magnitudes es gigantesco, tanto más en el breve horizonte de tiempo que le queda a esta administración presidencial. Pero en responder y ejecutar acertadamente este desafío nos jugaremos gran parte de la viabilidad y el futuro inmediatos del país. Solo en la medida en que el programa de recuperación se apuntale se podría avanzar a que el ritmo de crecimiento de la economía retorne a niveles satisfactorios a partir del año entrante, quizás no al excesivamente optimista 6,6% que estima el último Marco Fiscal de Mediano Plazo, pero sí a niveles decorosos. Igualmente, de los resultados de la reactivación dependerá que el alto nivel de desempleo con que terminará el 2020 retorne a niveles socialmente manejables.
Como se ve, la magnitud de la empresa de reconstrucción que tenemos entre manos demuestra que ella no podrá encararse solamente con base en la financiación del gasto público contra cíclico y más endeudamiento estatal. Sí este podrá naturalmente ayudar pero, como se ha dicho, en el mejor de los casos no alcanzará a sufragar más del 25% de lo que se necesita. El resto tendrá necesariamente que provenir del sector privado, como se explicó.
Los populismos financieros que ya empiezan a mostrar sus orejas (pretendiendo que con vistosos programas para la galería, que no cuentan con factibilidad financiera, vamos a salir adelante) están equivocados. Si queremos conservar una macroeconomía saludable para los años venideros tenemos que preguntarnos qué es factible hacer desde el sector público y qué desde sector privado en la gran empresa de la reconstrucción.
¡Esa es precisamente la pregunta de los 100 billones!