Ingresar a la OCDE fue un error para Colombia, país que debe recortar de manera tajante los impuestos para motivar la inversión, el ahorro y la creación de empleos. En cambio, dicha organización impulsa la “armonización tributaria”, eufemismo que maquilla los intentos de países con altas tasas impositivas como Francia y Alemania por impedir que competidores como Irlanda cobren bajos impuestos para atraer inversión extranjera.

Además, a raíz de la membresía de Colombia en el “club de países ricos”-muy al estilo Gatsby, por cierto- a la clase tecnocrática-académica criolla se le ocurrió que hace falta un recaudo mucho mayor como porcentaje del PIB, supuestamente para alcanzar los niveles promedio de la OCDE.

Este es un extraño caso del cum hoc ergo propter hoc-ismo, o de confundir la correlación con la causalidad. Los países desarrollados no son ricos como consecuencia de sus niveles actuales de recaudo ni de gasto estatal.

Como ha escrito Johan Norberg en el caso de Suecia, su período de industrialización y mayor desarrollo (1870-1913) fue producto de la abolición de los obstáculos al libre comercio, la desregulación empresarial y financiera, y otras políticas de libre mercado implementadas en conjunto con un nivel mínimo de gasto público, el cual nunca superó el 10 % del PIB durante esta era de auge económico. Por otro lado, el recaudo se mantuvo tan bajo que sólo constituyó un 21 % del PIB en 1950, cuando Suecia era el cuarto país más rico del mundo.

En Colombia, sin embargo, el consenso keynesiano dicta que recaudar más para gastar más es deseable per se, concepto evidente en la decisión del Gobierno de incrementar el Presupuesto General de la Nación en un estrambótico 15.5 % para el 2021.

Tal propensión por el derroche sólo exacerba el problema económico fundamental en el país. Según el economista ecuatoriano Julio Clavijo, mientras que los ingresos corrientes del Estado colombiano- tanto tributarios como no tributarios- han incrementado constante y previsiblemente desde el año 2000, sucesivos gobiernos han aumentado los presupuestos de una manera descomunal y desproporcionada en relación con los recursos disponibles.

En el 2018, por ejemplo, los ingresos tributarios del Estado sólo cubrieron el 59 % del presupuesto nacional. Es evidente, afirma Clavijo, “que la política de gasto no corresponde a los ingresos y por ende no es realista”.

Peor aún, por lejos la mayor parte del presupuesto se destina a los gastos burocráticos de funcionamiento y al servicio de la deuda, los cuales equivalieron el 61 % y el 20 % del presupuesto del 2019.

Es esencial reconocer que Colombia no enfrenta un problema de falta de recaudo sino de exceso de gasto. La insalubre costumbre de introducir una nueva reforma tributaria cada 20 meses en promedio es una mera expresión de ello.

Si el Congreso encuentra tiempo para debatir asuntos tan urgentes como la imperante necesidad de requerir una cédula canina, debería considerar la introducción de una regla presupuestal que restrinja el crecimiento del gasto público y lo ajuste a la realidad tributaria.