La posible compra de acciones de empresas emproblemadas, dado el impacto del covid-19, por parte del Estado ha generado cierto temor entre los mercados. Aunque el Gobierno expidió el Decreto 811 el pasado 4 de junio en medio de la emergencia económica, en el que se le lanzó un salvavidas a las empresas que están en alto riesgo de insolvencia, “permitiendo que el Estado compre parte de sus acciones y luego se las pueda volver a vender”, esta situación todavía no se ha desarrollado.
Sin embargo, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, revivió esta posibilidad al hacer pública una propuesta para la salvación de las empresas, en la cual, el Gobierno recurra a un préstamo de $50 billones con el Banco de la República y con esos recursos se garanticen créditos de fomento para las empresas y el otro vaya a la recuperación de la economía, ha abierto la puerta a varios hechos. De un lado, el dirigente gremial ha dicho que los créditos de fomento que se le otorguen a las empresas pueden ser renovables a 30 o 50 años, podría generar una cultura de no pago que conllevaría a problemas con el sistema financiero.
Para el Presidente de la ANDI, la generación de empleo es un argumento suficiente para ver la necesidad de salvar compañías. De lograr los recursos necesarios, afirmó el dirigente gremial, se podrían tomar varias medidas que ayuden al sector privado.
A su juicio, una de las iniciativas más novedosas es que se puedan hacer programas de suscripción de bonos emitidos por compañías, convertibles en acciones o programas de capitalización de compañías, con reglas muy concretas.
“La idea es que el Estado entre a hacer parte del capital accionario de la compañía, con un objetivo muy claro: generar valor para que no se pierda la empresa ni los trabajos. Probablemente, los accionistas perderían la firma y el Estado se quedaría como dueño, pero no se perdería. No podemos perderla, porque es mucho mejor salvar compañías y es mucho más eficiente que tratar de tener nuevas inversiones, es mucho fácil y mucho más barato. Debemos tratar de hacerlo”.
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La cartera
Sin descartar que en el primer semestre del 2021 se puedan ver problemas de cartera en el sector financiero, también propuso que, eventualmente, se dé paso a programas de compra de estos créditos.
Al respecto, el Presidente de la ANDI, precisó el martes sobre la compra de los créditos, que “eso también ha sucedido en el mundo y eventualmente tendría que suceder en algunas compañías, por ejemplo, en las cuales haya una función estratégica en términos de la sociedad o en el caso de que haya una gran cantidad de empleos que merezcan ser salvados. Colombia lo ha hecho con el sector financiero, recordemos cómo durante los años 80, por ejemplo, el grupo Gran Colombiano fue capitalizado por el Gobierno nacional y luego, a final de los 90, algunos otros bancos también”.
Señala el Decreto 811 que “la autorización otorgada a la Nación por el Decreto 444 del 21 de marzo de 2020 para invertir recursos en el capital de las empresas privadas, públicas o mixtas, en el marco de las medidas excepcionales adoptadas para enfrentar los efectos de la pandemia, está encaminada a proporcionarles un apoyo económico transitorio para estabilizar su situación financiera, con el fin de proteger el empleo, sin afectar la naturaleza de las empresas, por lo cual deben continuar operando bajo el régimen del derecho privado de manera integral, independiente de la participación pública en su capital.
Ello, con el “fin de limitar la exposición del capital invertido en empresas privadas, públicas o mixtas, es necesario garantizar que los accionistas o propietarios de las personas jurídicas en cuyo capital se llegase a invertir, respondan por las obligaciones que como tal les sean atribuibles, en el marco de las autorizaciones otorgadas en virtud de la declaratoria del Estado de emergencia económica, social y ecológica”.
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Insolvencia
Al respecto, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, sostuvo sobre la parte del Decreto a través de la cual se permite al Estado la compra de acciones en empresas privadas, que el Gobierno parte de un escenario pesimista en el cual la producción nacional sea negativa (-1,9%) y el producto interno bruto (PIB) de la industria sea de -4,9%, lo que conduciría a que el número de empresas que estén en riesgo de insolvencia sea de 2.676.
Sin embargo, también ponen un escenario más extremo; es decir, una disminución de la producción del -7,7% en el 2020, con caída de -6,2% en el sector industrial, que incrementaría el número de empresas en riesgo de insolvencia a 5.553.
Acerca de cuántas de estas empresas en riesgo de insolvencia podría comprar el Estado, es algo que no está explícito el nuevo Decreto. Tampoco hay todavía una cifra a destinar en la medida, según indicó Londoño. Sin embargo, una norma anterior (el Decreto 444) ya hablaba de que el Gobierno quedaba facultado para hacer una “inversión”, como la compra de acciones, para favorecer el financiamiento a empresas privadas y mixtas que “desarrollen actividades de interés nacional”.
Para algunos analistas, las dos normas en conjunto -establecidas en los dos decretos- estarían señalando el camino para que el Estado salve a empresas privadas del corte de Avianca, que se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos, a comienzos de mayo, y presta un servicio de interés nacional -el transporte aéreo-.
De hecho, en un debate de hace un par de semanas en el Congreso, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ya había dejado ver como opción para el rescate de empresas privadas como Avianca, la compra de acciones por parte del Gobierno. Ahora, con la norma expedida, esta idea sería posible.