Tremor nacional por detención de Álvaro Uribe

Archivo El Nuevo Siglo

Fue el propio expresidente Álvaro Uribe quien reveló la noticia este lunes al país, al mediodía. “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”, trinó el Exmandatario.

Seis horas más tarde, hacia las 7 de la noche, la Corte Suprema reveló en un comunicado oficial que la medida de aseguramiento de detención domiciliaria cobija solo a Uribe, no al representante Álvaro Hernán Prada, también vinculado al proceso.

A través de un comunicado, la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal precisó que el senador Uribe “cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso”.

Según la Corte, “la providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran” a Uribe y a Prada.

Explicó que “las conductas reprochadas fueron posteriores al 16 de febrero de 2018, fecha en que la Sala de Casación Penal compulsó copias contra el aforado, al archivar una denuncia formulada por él. Después de emitido este archivo, al parecer, con la aprobación del Senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos”.

Para respaldar la medida, la Corte citó el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal: “Se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia, cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación”.

Detención

Es la primera vez que un Expresidente es cobijado con una medida cautelar de detención preventiva por parte de la Corte.

Uribe está siendo investigado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte como determinador de los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por supuesta manipulación de testigos. La Corte determinó que el representante Prada seguirá vinculado al proceso en calidad de cómplice, por eso no fue cobijado con privación de la libertad.

La postura de la Sala de Instrucción comenzó a perfilarse desde el 20 de mayo cuando el magistrado César Augusto Reyes asumió el proceso, que reemplazó a la togada Cristina Lombana, quien fue recusada.

La decisión se tomó por unanimidad en la Sala, integrada –además de Lombana y Reyes– por los magistrados Francisco Javier Farfán, Marco Antonio Rueda, Misael Fernando Rodríguez y Héctor Javier Alarcón, que la preside. 

En la mañana del lunes, el abogado Jaime Granados, apoderado del expresidente y senador, alcanzó a radicar ante la Corte una solicitud para que antes de emitirse cualquier decisión se nombrara un conjuez.

Así mismo, en los últimos días también se conocieron varios pronunciamientos tanto del uribismo como de la oposición política, a favor y en contra de una eventual medida de aseguramiento al ex jefe de Estado.

Y mientras exfuncionarios del exmandatario, entre exministros, exembajadores y otros que lo acompañaron en su labor desde la Casa de Nariño suscribieron una carta pública de apoyo, sectores de izquierda también se movilizaron en las redes sociales pidiendo “no ejercer indebida presión” a la Corte Suprema de Justicia.

El propio presidente Iván Duque en los dos últimos días había salido en defensa de Uribe en dos entrevistas radiales en las que hizo referencia al legado y a la vida política de Uribe.

Todo esto llevó a las altas Cortes del país –Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura y Justicia Especial para la Paz- a expedir un comunicado conjunto reclamando respeto por sus decisiones que “se toman con rigor y sensatez dentro del orden establecido por la Constitución Política y la ley”.

Las altas Cortes advirtieron en su pronunciamiento que “los jueces jamás podrán estar facultados para emitir providencias motivadas por corrientes de opinión o consideraciones políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza ajena al ordenamiento jurídico, ni siquiera en la era de la información”.

El proceso contra Uribe se adelanta de forma paralela al que le lleva el Juzgado 35 Penal Municipal con función de Control de Garantías al abogado Diego Cadena y su socio de bufete Juan José Salazar.

La Corte compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a los dos juristas por los mismos delitos que a Uribe y Prada. En ese caso, las partes -Fiscalía, defensa, víctimas y Ministerio Público- ya presentaron sus argumentos jurídicos y se espera que este jueves se surta la etapa de alegatos finales antes que el administrador judicial defina la situación jurídica de los implicados.

Proceso

El proceso por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal comenzó en febrero de 2012 durante un debate de control político en la plenaria del Senado sobre el auge del paramilitarismo en Antioquia.

En esa ocasión, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, señaló supuestas conductas cometidas por los hermanos Álvaro y Santiago Uribe, entre otras personas.

Tras los señalamientos, el expresidente Uribe denunció a Cepeda ante la Corte por manipulación de testigos. En febrero de 2018, la Corte precluyó el proceso en favor de Cepeda argumentando “falta de pruebas” y, en cambio, ordenó investigar a Uribe por presunta manipulación de testigos y soborno, a la vez que vinculó en el proceso al representante Prada.

La Corte compulsó copias a la Fiscalía para que investigue al abogado Cadena y a su socio Salazar por intentar manipular la versión de los testigos Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, paramilitar alias ‘Víctor’.

La Corte investigó a Monsalve y Vélez además de otras personas quienes supuestamente habrían sido contactados por Cadena y Salazar para que, a cambio de dinero, testificaran en favor de los hermanos Uribe.