Diversas manifestaciones se dieron el martes en varias ciudades del país tras conocerse la decisión de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de imponerle medida de detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe.

Miles de seguidores inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo al Expresidente, mientras que la dirigencia política cuestionó duramente al alto Tribunal por una decisión que consideró “injusta e ilegal”.

En el Senado, donde se esperaba una acalorada polémica entre el uribismo y la oposición, la bancada del Centro Democrático se retiró y dejó constancia de “la ilegalidad” de la medida, porque “no se le permitió defenderse en libertad”, máxime, cuando se presentó voluntariamente ante la justicia. En cambio, sí cuestionaron que los exjefes de las antiguas Farc ocupen sus curules en la Corporación y “gocen de todas las garantías”.

La senadora Paloma Valencia, vocera de la bancada, habló de la necesidad de una asamblea constituyente para realizar “una profunda reforma a la justicia”, pues dijo que la administración de la Rama “está politizada”.

Incluso, Valencia dijo que se pedirá revivir uno de los temas en los que el uribismo ha insistido en varias oportunidades: la creación de una Corte única.

“Queremos proponerle al país una constituyente donde podamos reformar toda la justicia y estas ideas que le ha presentado este Partido durante tantos años a Colombia, se conviertan en una realidad”, dijo.

La Parlamentaria defendió que “una alta Corte única y despolitizada permitirá unificar el sistema y anular el sentimiento de selectividad y de trampa que muchos colombianos denuncian”.

Valencia agregó esa Corte única “con magistrados íntegros, que representen a todos los colombianos y que no tengan ninguna puerta giratoria con la política y que renuncien a cualquier vínculo que los mezcle con lo electoral”.

También formuló duras críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de la que dijo “fue creada para beneficiar al terrorismo, para garantizarle la impunidad a quienes dinamitaron los pueblos de Colombia, a quienes con sevicia secuestraron millones de colombianos, a quienes asesinaron otros tantos miles de colombianos y reclutaron niños”.

Mientras tanto, en la plenaria de la Cámara se registró un fuerte enfrentamiento entre sectores del uribismo y la oposición por la decisión judicial.

Congresistas del Centro Democrático se enfrentaron con fuertes calificativos contra sus pares de la Alianza Verde, el Polo Democrático y la Lista de la Decencia, por cuenta del fallo judicial.

Marchas y cacerolazos

Mientras tanto, en varias ciudades del país se registraron marchas y cacerolazos en apoyo al Exmandatario, especialmente en Bogotá y Medellín.

En la Capital del país, aunque la alcaldesa Claudia López reiteró durante la tarde la prohibición de realizar marchas y aglomeraciones para evitar la propagación de contagios de coronavirus, en varios sectores del norte de la ciudad se dieron cita habitantes que respaldan la gestión de Uribe.

Con pancartas, arengas, cacerolazos y pitos, decenas de habitantes salieron a las calles, aunque sin que se registraran alteraciones de orden público.

Lo mismo ocurrió en Medellín, donde sectores uribistas convocaron a una “gran marcha de apoyo” al Expresidente de origen paisa en el Centro Administrativo La Alpujarra.

Desde varios sectores salieron caravanas de vehículos haciendo sonar sus pitos, mientras en edificios y residencias se escuchó el sonar de las cacerolas.

Jornadas similares hubo en otras ciudades del país, pero no se reportaron enfrentamientos entre simpatizantes de uno y otro bando ni con la Fuerza Pública.

La curul

De otra parte, el martes surgió otra polémica de corte jurídico, esta vez, por la suerte que tendrá la curul que hasta ahora ha ocupado Uribe en el Senado.

Aunque existen dudas jurídicas frente al tema, sobre todo porque aún no están reglamentadas legalmente las sesiones virtuales del Congreso, existen normas que indicarían que el Senador no podría seguir ocupando ese cargo pero sin que pierda su curul, es decir, que no se podría aplicar la figura de silla vacía.

Por ejemplo, el artículo 359 de la Ley 600 -Código Penal- establece que “cuando se imponga medida de aseguramiento en contra de un servidor público, en la misma providencia se solicitará a la autoridad respectiva que proceda a suspenderlo en el ejercicio del cargo”.

Al respecto, el penalista Francisco Bernate le señaló a EL NUEVO SIGLO que en este caso “Uribe solo podía ser reintegrado a su cargo en caso de que haya fallo absolutorio”.

De otro lado, el artículo 134 de la Constitución se refiere a las causales de pérdida de la curul: “Los miembros de las corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley, por los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral”.

Y agrega el mismo artículo constitucional que “en ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática, ni por delitos de lesa humanidad. Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos”.

La encrucijada, entonces, es si Uribe renunciaría a su curul y, en caso de hacerlo, si podría asumirla Yenny Rozo Zambrano, exdiputada de Cundinamarca, siguiente renglón en la lista del Centro Democrático y quien en las pasadas elecciones sacó más de 24.000 votos, aunque no le alcanzaron para llegar al Senado.