Este lunes, en audiencia virtual ante un juez de garantías de Bogotá, tuvo lugar la tercera parte de la audiencia iniciada hace una semana en contra de los abogados Diego Cadena –exapoderado legal del expresidente Álvaro Uribe– y Juan José Salazar, a quienes la Fiscalía ya les había imputado los delitos de soborno y fraude procesal, que no aceptaron.
El juez, que está pendiente de definir un pedido de la Fiscalía de medida de aseguramiento domiciliaria contra ambos letrados, escuchó los argumentos del defensor de Cadena, Iván Cancino, y del de Salazar, Andrés Felipe Caballero y recibió el material probatorio que allegaron. Levantó la sesión a primera hora de la tarde para evaluar las evidencias y citó de nuevo para el 6 de agosto.
Durante la audiencia, la estrategia de la defensa fue quitar sustento a las pruebas presentadas por la Fiscalía, a la que Cancino llegó a decir que había adelantado una "investigación pobre" que no demostraba el presunto soborno a los testigos para que declararan a favor del senador Uribe en el proceso ante la Corte Suprema en contra del senador Iván Cepeda, que terminó resuelto a favor de este último.
Defensa de Salazar niega que exista empresa criminal
El abogado Andrés Felipe Caballero solicitó que no se imponga ninguna de estas medidas privativas de la libertad en contra de su cliente para que pueda afrontar su proceso en libertad.
El abogado expuso que entre las razones de peso que existen para evitar esta medida es que en primera instancia "No existe una inferencia razonable de participación y tampoco se cumplieron con las cargas argumentativas de cara a los fines constitucionales".
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De igual manera, afirmó que "tampoco se cumplió por parte del fiscal delegado con el test de proporcionalidad en sentido amplio estricto, ni tampoco con la carga del test de no suficiencia de las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad".
En ese sentido, el abogado descartó que Salazar y Cadena manejen una empresa criminal, como se ha señalado en algunas ocasiones.
"Resulta inverosimil cómo un bandido (exparamilitar Juan Carlos Vélez), como él mismo se ha llamado, acepte firmar una carta de la cual desconoce su contenido sin haber recibido nada a cambio", manifestó Caballero.
Por su parte, Iván Cancino afirmó que existieron unas imprecisiones en el proceso de la Fiscalía contra Cadena.
"Esta defensa echa de menos que bajo la figura de la inspección traen declaraciones en un proceso reservado de la Corte Suprema de Justicia", mencionó.
Por lo que expuso que la Fiscalía "le ha vendido a la audiencia y a su señoría como si fueran raras, malas o erróneas", una de estas es que "un abogado vaya a una cárcel y reciba y escriba de su puño y letra la declaración de un testigo que está buscando", proceso que un defensor puede hacer legalmente.
Asimismo, afirmó que "a los testigos se les pueda dar una erogación o un estipendo por venir a dar esa declaración, la defensa también lo puede hacer en igualdad".
Cancino destacó que la Corte ha sido enfática en que un delincuente puede ser un testigo válido, y la razón por la que Diego Cadena apareció en este proceso por pedido del expresidente Álvaro Uribe, quién le pidió que corroborara ciertos hechos en un proceso "que no tiene nada que ver con este".
"En esa correría, que si es válida para el senador Iván Cepeda también es válida para los abogados defensores de ir a recorrer cárceles dentro de los marcos legales, Cadena escucha una historia que se basa en un evento en el que supuestamente un señor Pablo Sierra discute con Cepeda y Carlos Vélez es testigo, con esa escucha es que busca a Vélez y lo encuentra en Palmira".
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Afirmó que la carta por la que se argumenta que se pagó el soborno no existe, por lo que también se ha demostrado que Vélez ha tenido un comportamiento reiterado para engañar a la justicia.
Tras exponer su argumentos, Cancino también manifestó que el exparamilitar Juan Carlos Vélez intentó sobornar a Cadena en el proceso.