El Director de la Autoridad Nacional de Pesca (AUNAP), acaba de otorgar patente de pesca a la empresa International Maritime and Fisheries Agency S.A.S, para que opere en el Atlántico con la motonave Koyo Marú No. 7, por la chichigua de $28.072.000. La cifra resulta ridícula frente a los precios internacionales, el impacto ambiental y los efectos colaterales en las especies amenazadas. En promedio la tonelada de atún se vende por US$ 1.200.000, al año capturan unas 600 toneladas que les representan unos US$ 720.000, más lo que ganan con la pesca blanca e incidental, es un negocio de un millón de dólares, a los colombianos nos dan US$ 7.500, el 0.75%.
El permiso es para pesca de palangre o long line, óigase bien, con capacidad de 2.800 anzuelos distribuidos en canastas de seis anzuelos; cada canasta se encuentra conformada por una línea principal línea madre de consistencia fuerte (nylon o algodón de un ¼” de diámetro) de aproximadamente 300 metros de longitud de la cual cuelgan transversalmente líneas secundarias o bajantes de longitud que oscilan entre 20 y 23 metros, con anzuelos terminantes para la captura de atunes y la distancia o separación entre cada bajante es de 50 metros. Esa línea extendida tiene una longitud de 54 millas, es la distancia entre Cartagena y Barranquilla.
El permiso se concede para la pesquería de atún de las especies Albacora, Atún, Barrilete, Aleta Amarilla, Atún patiseca, Ojo grande y Bonito. En estos permisos hay varios aspectos bastante especiales, el 90% de la pesca está dirigida al comercio internacional, solo el 10% se queda en el mercado nacional, el problema es que el atún se procesa en Japón, luego regresa para ser comercializado en algunos almacenes de cadena, por supuesto a precios internacionales. El permiso tiene vigencia de un año a partir del 1 de agosto de 2020.
Estos permisos constituyen una muestra perversa de lo mal que se están gestionando los recursos pesqueros del país, pues si bien se señala que la AUNAP puede en cualquier momento embarcar en la motonave autorizada un observador pesquero para la toma de datos de captura, lo cierto es que nunca ha hecho uso de dicha facultad, sólo lo hace en puerto. En otras palabras, esta máquina de la depredación anda por el Atlántico colombiano con patente de corso para capturar no solamente las especies autorizadas, en su camino deja una captura importante de especies en vía de extinción como aves, tortugas, tiburones y delfines, gracias al nulo control de las autoridades estas bajas de faena quedan totalmente impunes.
El país debe repensar la gestión de sus recursos pesqueros, no hay equilibrio ni económico ni ecológico en la operación, las pérdidas de especies por pesca incidental no están contabilizadas ni importan a ojos de las autoridades, es un ejercicio irresponsable que sigamos admitiendo este robo con apariencia de legalidad. Cambiamos recurso natural por espejos, empeñamos el futuro de las generaciones venideras, no es sostenible.
@ludogomezm, luisdomingosim@gmail.com