El arsenal de la defensa de Álvaro Uribe ante la Corte

Foto Diana Rubiano/El Nuevo Siglo

La defensa del expresidente Álvaro Uribe comenzó a perfilar su estrategia jurídica para la etapa de investigación y cotejo de pruebas que se inició en la Sala Especial de Instrucción.

El abogado penalista Jaime Granados, apoderado de Uribe, mostró este miércoles su “profunda decepción por la injusta determinación” de la Sala al dictarle a su cliente medida de aseguramiento domiciliario.

El jurista, en un comunicado de cinco puntos, planteó las que serán sus principales herramientas para la defensa de su cliente. Por ahora, no ha dicho si acudirá al recurso de reposición ante la misma Sala Especial de Instrucción.

Según Granados, su propósito es mostrarle al país que Uribe “no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos”.

De esta forma, la defensa busca desvirtuar lo dicho por la Sala Especial cuando afirma que “al parecer, con la aprobación del Senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos”.

En segundo lugar, Granados mostrará ante la Corte elementos probatorios para desvirtuar la acusación de “determinador” que le endilga la Sala Especial de Instrucción a Uribe, y en la que se finca los delitos por los que es señalado el congresista.

Según la Corporación, en el expediente figuran pruebas que “al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.

La defensa expondrá también que las visitas en la cárcel del abogado Diego Cadena, uno de los apoderados de Uribe hasta hace unas semanas, a Juan Guillermo Monsalve obedecieron a que “a través de terceros, venía manifestando su intención de retractarse de infames declaraciones que había dado en el pasado. Intención que, tras la visita, corroboró el abogado Cadena quién así se lo transmitió al presidente Uribe”.

Granados recordó, y dijo que así está consignado en el proceso penal, que “la única petición de mi cliente, como se puede fácilmente corroborar en las propias interceptaciones, era que el testigo dijera libremente la verdad”.

También manifestará que “no constituye soborno” el hecho de que el abogado Cadena se hubiera comprometido con Monsalve a coadyuvar ante la Corte para que lo protegiera de amenazas contra su vida. Eso ocurrió en abril de 2018, cuando Cadena le confirmó tal situación a Uribe.

“El Presidente, como corresponde, indicó que el testigo debía pedir directamente a la Corte las medidas de seguridad, comprometiéndose a coadyuvar dicha petición ante la Corte”, señaló la defensa de Uribe.

En ese sentido, Granados explicó que Cadena “ha reconocido públicamente que ofreció su asesoría jurídica a Monsalve” a efectos de una posible acción de revisión de su proceso “mucho tiempo antes de haber informado tal situación al presidente Uribe”.

Frente al tema, la defensa consideró que Uribe “entendió que ello ninguna acción ilícita conllevaba”, no solo porque como abogado Cadena estaba facultado para hacerlo, sino porque, además, “tal circunstancia no era una contraprestación”, pues la supuesta carta en la que Monsalve declararía en favor del expresidente “ya existía”, según notificó al senador.

“Esto, en ningún contexto, puede entenderse como un soborno, pues nunca se le pidió por parte del presidente Uribe al testigo que faltara a la verdad”, agregó Granados, pero fue más allá: tal carta “nunca llegó a manos del abogado Cadena ni del presidente Uribe, ni fue presentada ante la Corte”, y afirmó que, por consiguiente “no hubo ninguna inducción en error” a la Corte.

El caso Vélez

Y frente al representante Álvaro Hernán Prada, la defensa advirtió que su cliente “no lo buscó ni lo instrumentalizó”.

Prada fue vinculado por la Corte porque, al parecer, visitó en la cárcel a Monsalve tras recibir información de terceros de que quería retractarse de señalamientos contra Uribe, quien, precisó Granados, “se limitó a confirmar que Monsalve era un testigo en su contra y que si esa era su voluntad ojalá dijera la verdad. Nada más, ni ofrecimiento, ni soborno hubo”.

La defensa del Expresidente también dijo que demostrará ante la Corte que la visita que le realizó en julio de 2017 el abogado Cadena al otro testigo Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, “no obedeció a ninguna instrucción por parte del presidente Uribe”, sino que formó parte de “una verificación autónoma” de Cadena frente a información que recabó.

“El presidente Uribe en ningún momento autorizó o dio instrucción alguna para que al testigo se le hiciera cualquier tipo de ofrecimiento”, afirmó Granados.

Igualmente, reiteró que la supuesta carta que entregaría ‘Víctor’ a la Corte “era exactamente la misma a la versión que había dado siete meses antes, ante la propia Corte Suprema de Justicia, cuando no conocía a Cadena”.

Tampoco, añadió Granados, Uribe autorizó el pago de dineros a Vélez o personas de su entorno por concepto de viáticos o ayudas humanitarias. “Esta situación que, en nuestro criterio no constituye soborno, solo fue informada por el abogado Cadena al presidente Uribe a mediados del año 2019”, y fue entonces cuando el senador “manifestó que de haber sido enterado no hubiera autorizado dicho proceder”.

“Libertad a Santrich”

Otro elemento de juicio a tener en cuenta es la decisión de la Sala Especial de Instrucción de la Corte que el 29 de mayo de 2019 ordenó la libertad de Seuxis Paucias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’.

En esa ocasión, ‘Santrich’ estaba preso en La Picota acusado de narcotráfico por la Fiscalía, pero el Consejo de Estado le mantuvo su investidura a pesar de que no se había posesionado dentro de los términos legales “debido a razones ajenas a su voluntad”.

“El fuero no es un privilegio personal, sino que busca el amparo de la investidura”, dijo la Corte en ese momento y agregó que “sería contrario a los derechos fundamentales del aforado constitucional mantenerlo privado de la libertad, cuando aquellos se han desconocido”.

Esta providencia será otra de las estrategias de la defensa del senador Uribe para revocar la medida de aseguramiento que le dictó la Sala Especial de Instrucción.